Por Tiana Quevedo

Los medicamentos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, se les considera «bienes públicos». Sin embargo, también son bienes comerciales, sujetos a las fuerzas del mercado y a la búsqueda de ganancias. En esta tensión entre el derecho a la salud y la maximización de beneficios, la industria farmacéutica suele priorizar lo segundo.

La industria argumenta que un medicamento que mejore pronósticos y evite muertes prematuras debería tener un precio calculado en base al valor de otras terapias con similar efecto o en las estimaciones monetarias de los efectos positivos que el medicamento tiene sobre las inversiones estatales en salud. Esta lógica conduce a precios exorbitantes que impactan en las instituciones de salud y en el bolsillo de los pacientes.

Así, la salud ya no es un derecho, sino un privilegio para quienes pueden pagar. Esta situación es inaceptable, especialmente en países en desarrollo, y se ha evidenciado en casos como la pandemia del COVID-19 y en el acceso a medicamentos patentados para el tratamiento del VIH.

En 1995, los países en desarrollo se vieron obligados a aceptar el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Antes de ese acuerdo, muchos no concedían patentes a medicamentos. Para evitar o mitigar el impacto negativo de las patentes, el mismo acuerdo abrió la posibilidad de utilizar algunas “salvaguardas”, como las licencias obligatorias.

El caso de Colombia

Colombia expidió la primera licencia obligatoria de su historia para facilitar el acceso al dolutegravir (usado en el tratamiento del VIH) desestimando las impugnaciones presentadas por la empresa farmacéutica titular de la patente, contra la Resolución 1579 del 2023, en la que el gobierno colombiano estableció el acceso a dicho medicamento como un asunto de interés público. Una licencia obligatoria, ya sea solicitada por un tercero o a iniciativa del gobierno, abre la posibilidad de la introducción de genéricos competidores que llevan a disminuir sensiblemente el precio del producto.

Esta medida busca un impacto mayor en la contención de la epidemia del VIH que enfrenta el país, a través del acceso a versiones genéricas del dolutegravir. Este fármaco es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Guía Práctica Clínica de Colombia 2021 por su eficacia, facilidad de administración, menor cantidad de efectos secundarios y alta barrera a la farmacorresistencia, convirtiéndolo en una opción idónea para el tratamiento del VIH, especialmente para poblaciones de difícil seguimiento y escasa adherencia.

El tratamiento por paciente al año con la marca TIVICAY® 50 mg de la empresa ViiV/GSK, cuesta USD 1238.56, mientras que con la versión genérica ofrecida por la OPS tiene un costo anual de USD 44. Con la misma inversión para una persona usando el producto de marca se podría atender a 27 personas más con el medicamento genérico.

No obstante, a pesar de que en enero del 2024 se establecieron los términos y condiciones para los fabricantes interesados en suministrar versiones genéricas del medicamento, el Ministerio de Salud y Protección Social sigue enfrentando obstáculos. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) y algunos otros gremios argumentan que una licencia obligatoria viola los tratados de libre comercio firmados por Colombia. Sin embargo, todos estos tratados reconocen la facultad de los estados para utilizar las flexibilidades del ADPIC. Además, la Declaración de Doha de 2001, ratifica la legitimidad de usar licencias obligatorias para resolver crisis de salud pública.

El 11 de marzo de este año, el Ministerio de Salud de Colombia rechazó la demanda presentada por AFIDRO que pedía la nulidad de las Resoluciones 1579 y 2024, a través de las cuales se declaró y confirmó la existencia de razones de interés público para someter la patente 07115501A del dolutegravir a una licencia obligatoria. Declarar la invalidez de ambas resoluciones significaría negar el sustento jurídico sobre el que se basa dicha medida. 

Referencias:

1. Rossi F. Camino a una licencia obligatoria para el dolutegravir en Colombia. Salud UIS. 2023; 55: e23074. doi: https://doi.org/10.18273/saluduis.55.e:23074 
2. Médicos Sin Fronteras. Colombia da un paso más para ampliar el acceso al dolutegravir – Médicos Sin Fronteras Colombia | Organización médico-humanitaria [Internet]. 2024 [cited 2024 Mar 25]. Available from: https://www.msf.org.co/actualidad/vih-colombia-da-un-paso-mas-para-ampliar-el-acceso-al-dolutegravir/ 
3. ‌COLOMBIA: EL TORTUOSO CAMINO DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA – ::AIS:: [Internet]. ::AIS:: 2024 [cited 2024 Mar 25]. Available from: https://aisperu.org.pe/colombia-el-tortuoso-camino-de-una-licencia-obligatoria/ 
4. Demanda presentada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social. [cited 2024 Mar 25]. Available from: https://samai.consejodeestado.gov.co/TitulacionRelatoria/BuscadorProvidenciasTituladas.aspx 

Por Romina Duarte y Maria Natalia Echegoyemberry

Este artículo tiene como finalidad visibilizar la exclusión de los pueblos indígenas en el proceso de elaboración del futuro Tratado de prevención, preparación y respuesta ante pandemias propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se destaca la falta de inclusión de sus voces y conocimientos ancestrales, así como la omisión de un enfoque étnico e intercultural en el documento.

La situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, exacerbada por la pandemia, se contrasta con la ausencia de medidas específicas en el tratado para abordar sus necesidades.

Se señalan recomendaciones para garantizar la participación y el respeto de los derechos de estos pueblos en el tratado, incluyendo la inclusión de su cosmovisión en la salud, la mejora en los registros estadísticos sanitarios, la suspensión de desalojos forzados y el reconocimiento de sus derechos sobre los recursos genéticos.

En última instancia, se aboga por una perspectiva intercultural e interseccional en el ámbito de la salud, que integre las distintas perspectivas, luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en la respuesta global a las pandemias.

Por Tiana Quevedo

El acceso a medicamentos esenciales es un componente fundamental para el pleno ejercicio del derecho a la salud. Fomentar su acceso también forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los Estados están obligados a asegurar su disponibilidad y asequibilidad tanto en el sector público como privado.

No obstante, en el Perú el acceso a medicamentos sigue enfrentando atropellos. El 25 de febrero pasado, quedó sin efecto la norma que obligaba a las farmacias y boticas a nivel nacional contar con stock de 34 medicamentos esenciales genéricos con Denominación Común Internacional (DCI). No renovar esta norma ha significado limitar la oferta a los “genéricos de marca” y a “marcas innovadoras” que, en general, tienen precios más altos.

Casi un mes después, el 16 de marzo, el Gobierno publicó, en un contexto de emergencia sanitaria ante la epidemia de dengue, el Decreto de Urgencia N°005-2024  intentando restituir la obligatoriedad de la oferta de genéricos en el mercado. Sin embargo, no ha salido el listado de productos (que tiene un plazo de diez días hábiles para publicarse), por lo que la medida no tiene materia de aplicación. Asimismo, esta norma establece la obligatoriedad de que oferten y mantengan un stock mínimo del 30% de medicamentos genéricos esenciales con DCI. Además, esta medida sólo tendrá vigencia hasta el 31 de julio 2024.

Un día después, en un comunicado aclaratorio, el MINSA sostuvo que el corto tiempo de vigencia de este Decreto se debe a que el Ejecutivo presentaría al Congreso de la República un proyecto de ley que abordará este y otros asuntos cruciales para garantizar un acceso efectivo y eficiente a los servicios y productos farmacéuticos.

En el debate público abierto sobre el tema, el exministro Víctor Zamora afirmó que: “El ministro (César Vásquez) salió a decir que la norma (anterior) no tenía efecto, no servía para nada. Luego dijo que tenía un decreto supremo y posteriormente acabó publicándolo […] Extiende por 10 días la elaboración de un listado de medicamentos, le provee una vigencia de cuatro meses y nadie sabe cuál va a ser el resultado final del proceso”.

En el 2019, el estudio “Manipulación en la oferta de medicamentos – Disponibilidad y precios en Lima y Callao”, elaborado por Oxfam, AIS y RedGE, reveló que los precios de los “genéricos de marca”, que usan principios activos sin ninguna protección de propiedad intelectual y puede tener múltiples fabricantes y ofertantes, están muy por encima del precio estimado de un genérico con DCI. En los medicamentos cuyos precios del Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) se evaluaron, el “genérico de marca” fue aproximadamente 50.4 veces más caro. Especialmente los medicamentos del grupo InRetail, perteneciente al grupo Intercorp, dueña de más de 2000 boticas que acumulan el 83% de ventas del mercado minorista nacional.

Ese mismo año, en julio, ante la inexistencia de alguna normativa que obligara a los establecimientos farmacéuticos privados a ofrecer medicamentos genéricos etiquetados con DCI, el Ejecutivo entregó al Congreso el proyecto de ley N° 4494 que contenía esta medida, pero no fue discutido ni aprobado. Meses después, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el Decreto de Urgencia N°007-2019 (ahora no válido), que buscaba que los peruanos tengan acceso a medicinas a precios asequibles. En su momento, el exministro Vicente Zeballos, resaltó que «el alto costo de los medicamentos afecta el bolsillo de los más pobres y muchas veces impide que culminen su tratamiento».

Recientemente, el informe técnico “Condiciones de Vida en el Perú” (INEI/ENAHO), mostró que apenas el 42.3% de las personas con problemas de salud busca atención médica, y de estos, el 22.4% acude a farmacias en lugar de recurrir a centros de salud públicos, lo cual está estrechamente vinculado al concepto de «gasto de bolsillo». Según datos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), en 2019 este gasto alcanzó los S/ 11,2 millones, destinándose casi el 40% a la compra de medicamentos.

Ante esta línea de eventos, múltiples organizaciones de la sociedad civil (AIS entre ellas), se pronunciaron, exigiendo al gobierno la restitución de la normativa que obliga a las farmacias y boticas a ofertar productos genéricos con DCI y garantizar el abastecimiento de los establecimientos públicos de salud, con medicamentos y otras tecnologías de salud, así como adoptar mecanismos para prevenir los abusos de precios.

La reciente norma está muy lejos de cumplir dichas exigencias. El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, sostuvo que esta norma es más bien una “burla” porque solo tiene vigencia de cuatro meses y ya ha pasado casi un mes sin la obligatoriedad de la venta de los medicamentos genéricos. Remarcó además que no están de acuerdo que los genéricos representen el 30% del stock como mínimo porque cada vez aparecen nuevos genéricos, por lo que la cifra debería ser mayor.

Referencias:

1. Promover el acceso a las tecnologías y la innovación en medicina [Internet]. World Health Organization; 2021 [cited 2024 Mar 19]. Available from: https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240008267 
2. Defensoría del Pueblo. Reporte N°8 – Derecho a la Salud. Abril 2018. [Internet]; 2018 [cited 2018 Mar 18]. Available from: https://www.defensoria.gob.pe/wpcontent/uploads/2018/05/ REPORTE-SALUD-8.pdf 
3. León J. Farmacias obligadas a vender medicinas genéricas, pero solo por cuatro meses [Internet]. Larepublica.pe. La República.pe; 2024 [cited 2024 Mar 18]. Available from: https://larepublica.pe/sociedad/2024/03/18/farmacias-obligadas-a-vender-medicinas-genericas-pero-solo-por-cuatro-meses-medicinas-genericas-defensor-del-pueblo-congreso-1636777 
4. RedGE – Red por una Globalización con Equidad [Internet]. Redge.org.pe. 2024 [cited 2024 Mar 18]. Available from: https://www.redge.org.pe/node/2881
5. ‌Medicamentos genéricos: estas son las medidas del Gobierno para garantizar su acceso a la población [Internet]. Elperuano.pe. 2024 [cited 2024 Mar 18]. Available from: https://www.elperuano.pe/noticia/239345-medicamentos-genericos-estas-son-las-medidas-del-gobierno-para-garantizar-su-acceso-a-la-poblacion
6. INEI. Informe Técnico de Condiciones de Vida en el Perú [Internet]. 2023 [Consultado 10 Ene 2023]. Disponible en: https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_condiciones_de_vida.pdf  

Por Tiana Quevedo

En 2020, el cáncer de mama fue responsable de aproximadamente 685,000 muertes en todo el mundo, clasificándose como el tercer tipo de cáncer más común en mujeres y el segundo causante de muerte. Desde otro ángulo, tratamientos innovadores como el que incluye al fármaco trastuzumab, han mostrado beneficios clínicos cuando se trata de cáncer de mama agresivo, como el subtipo HER2-positivo. Este subtipo representa el 20% de los casos de todos los pacientes con cáncer de mama y se asocia con un peor pronóstico, ya que genera mayor velocidad de crecimiento de células cancerosas y aumenta la posibilidad de que estas se trasladen a otras partes del cuerpo (metástasis).

La terapia con trastuzumab, medicamento desarrollado por la compañía Genentech, que hoy es parte del Grupo Roche, y es comercializado como Herceptin, ha demostrado aumentar la supervivencia y reducir la posibilidad de reaparición de la enfermedad si es utilizado en un estadio temprano, convirtiéndose en una herramienta importante en el manejo oportuno del cáncer de mama HER2-positivo. Esto significa grandes ingresos a los fabricantes: solo en el 2018 generó ventas mundiales por USD 7.500 millones, por lo que es uno de los fármacos que ha consolidado a Roche en una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo.

En Europa y Estados Unidos, la patente de trastuzumab expiró en 2014 y 2019, respectivamente, permitiendo la entrada de competidores o también llamados biosimilares, que tienen precios más bajos, mejorando el acceso al tratamiento. En Perú, un estudio sobre las compras públicas entre 2017 y 2019 reveló una significativa reducción del 56% en el precio de las ampollas de trastuzumab de 440 mg de administración intravenosa, cuando ingresaron los biosimilares al mercado. Posteriormente, el precio se redujo hasta un 74%, pasando de USD 1369 a USD 350, beneficiando al Estado y a los pacientes.

La compañía farmacéutica, en un intento por recuperar el monopolio, ha realizado modificaciones en la concentración y vía de administración del fármaco, obteniendo patentes en países latinoamericanos como Colombia, Chile, México y Perú. En este último, el Ministerio de Salud incorporó la presentación de 600 mg/5ml con vía de administración subcutánea a la lista complementaria del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) otorgó dos patentes para esta versión hasta el 28 de julio de 2030. 

Esta misma solicitud de la formulación subcutánea fue presentada en Argentina en el 2017. No obstante, la Oficina de Patentes Argentina, a través de la disposición INPI 464/2023, rechazó la solicitud de patente en 2023, argumentando que si bien esta formulación genera una mejor adhesión a los tratamientos debido a su vía de administración, esto no cumple con el requisito de actividad inventiva, establecido en la ley de patentes 24481, así como tampoco con el de suficiencia descriptiva, el cual busca garantizar que los productores locales accedan a la tecnología, una vez que la misma se encuentre en dominio público una vez vencida la patente.

Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo (FGEP), organización que busca eliminar las barreras de acceso a los medicamentos para VIH generadas por la propiedad intelectual y otros derechos exclusivos, celebró la decisión, subrayando que la política pública de patentes en Argentina ha resistido los ataques judiciales y sigue funcionando para proteger el acceso efectivo a las tecnologías de salud una vez que las patentes expiran.

Este hecho plantea preguntas sobre la discrecionalidad en la evaluación de solicitudes de patentes en diferentes países y su impacto en el equilibrio entre el acceso a tratamientos esenciales y la protección de la innovación, destacando la necesidad de evaluaciones rigurosas de los criterios de patentabilidad para garantizar el acceso a tratamientos médicos esenciales.

Referencias:

1. OMS. Cáncer de mama [Internet] 2023. [cited 2024 Feb 29]. Available from: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer#:~:text=En%202020%2C%20685%20000%20personas
2. Fundación GEP. Cáncer de mama en Argentina: Fundación GEP consigue que la oficina de patentes rechace una solicitud sobre el medicamento Trastuzumab [Internet]. Fundación GEP. 2024 [cited 2024 Feb 29]. Available from: https://www.fgep.org/cancer-de-mama-en-argentina-fundacion-gep-consigue-que-la-oficina-de-patentes-rechace-una-solicitud-sobre-el-medicamento-trastuzumab/ 
3. Acción Internacional para la Salud. Patente perpetua de trastuzumab pone en riesgo tratamiento de cáncer de mama [Internet]. AIS Perú 2021 [cited 2024 Feb 29]. Available from: https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/12/Documento-trastuzumab-1.pdf 
4. Acción Internacional para la Salud. Agilizar ingreso de biosimilares [Internet]. AIS Perú 2021 [cited 2024 Feb 29]. Available from: https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/Nota_informativa_BIO.pdf
5. J. Lluch-Gómez, V. Núñez-Álvarez, de C, M. Bernal-Gómez, A. Campini-Bermejo, E. Perdomo-Zaldívar, et al. Real world evidence of adjuvant trastuzumab in HER2 positive early breast cancer. Scientific Reports [Internet]. 2023 May 3 [cited 2024 Mar 11];13(1). Available from: https://www.nature.com/articles/s41598-023-34429-9

Por Akemy Bustamante

En el informe «Desigualdad S.A.: El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora» presentado durante el Foro Económico Mundial en Davos, se destaca la preocupante relación entre el poder empresarial y la creciente fractura global. En particular, las secciones 2 y 3 del informe ponen de relieve los riesgos asociados con la privatización de servicios públicos, el crecimiento de los monopolios y su impacto en los sectores de tecnología y medicamentos.

Es la nueva era del poder monopolístico que está exacerbando la desigualdad en todo el mundo. Se subraya que los monopolios están alimentando la brecha entre ricos y pobres, y se menciona “la cumbre del poder monopolístico”, la cual implica que estas grandes empresas monopolísticas tienen un control casi absoluto sobre la producción, distribución y precio de bienes y servicios. Las grandes empresas ejercen una influencia desproporcionada en el mercado y en la población. En particular, el poder de las grandes farmacéuticas y las que controlan la tecnología en el campo de la información y las comunicaciones que son consideradas gigantes en sus respectivos sectores. El poder empresarial fomenta la desigualdad a través de la privatización de los servicios públicos. Según Oxfam, «privatizar los servicios públicos en beneficio de las grandes empresas contribuye a la exclusión y la desigualdad, ya que se priorizan los intereses económicos sobre las necesidades de la población». Estos servicios incluyen áreas críticas como la salud, la educación y el suministro de agua potable, cuyo acceso equitativo se ve amenazado por la búsqueda de beneficios económicos.

Además, esas grandes empresas van por el camino de la evasión y elusión de impuestos, lo cual agrava aún más la desigualdad, ya que cuando las grandes empresas realizan estas prácticas, disminuyen los ingresos del Estado, lo que limita su capacidad para invertir en servicios y programas sociales que beneficiarían a toda la sociedad. Como resultado, la brecha entre los más ricos y los más pobres se amplía aún más, ya que las personas de bajos ingresos se ven privadas de recursos y oportunidades que podrían ayudar a reducir la desigualdad.

Por otro lado, la falta de responsabilidad ambiental por parte de estas empresas también contribuye al colapso climático. Al no asumir su parte en la mitigación del cambio climático y al aprovecharse de prácticas que generan altas emisiones de gases de efecto invernadero, estas empresas perpetúan la crisis climática. La falta de inversión en tecnologías limpias y la evasión de regulaciones ambientales tienen un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas.

Con respecto a la tecnología y los medicamentos, el informe advierte sobre el crecimiento del poder de los “gigantes” tecnológicos y farmacéuticos. Estas empresas ejercen una influencia significativa en la economía global y pueden tener un impacto negativo en la competencia, la innovación, en la salud de la población y el ambiente.

El Dr. Joan Benach, doctor en Salud Pública de The Johns Hopkins University y Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, muestra la estrecha relación entre la riqueza y esperanza de vida al nacer. Existen múltiples estudios que demuestran que los países más ricos tienden a tener una esperanza de vida al nacer más alta en comparación con los países más pobres. Esto se debe a que la riqueza de un país proporciona acceso a recursos y condiciones que favorecen una vida más saludable y prolongada.

Cuando un país es extremadamente pobre, carece de recursos básicos como agua potable, alimentación apropiada, instalaciones sanitarias y atención médica accesibles. Esto tiene un impacto negativo en la salud de la población y se refleja en una esperanza de vida más baja, a diferencia de un país que se vuelve más rico y desarrollado, que puede invertir en infraestructura de salud, educación y servicios públicos.

Ante esta situación, se insta a los gobiernos a asumir un papel activo en la regulación y redistribución de poder económico de las grandes empresas monopólicas y garantizar un mundo más equitativo y sostenible, ya que la concentración de la riqueza que generan las empresas monopolísticas en el mercado es un factor influyente sobre  la esperanza de vida al nacer.

Referencias:

1. Oxfam. 2024. DESIGUALDAD S.A. El poder empresarial y la fractura global: la urgencia de una acción pública transformadora. Disponible en: https://www.oxfam.org/es/informes/desigualdad-sa
2. Med Ufro. Conferencia Dr. Joan Benach «Inequidades en Salud, aprendiendo a mirar nuestra peor epidemia» [Internet]. Youtube; 2019 [Citado el 7 de febrero de 2024]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bUCTsx1uItc&t=1245s