Por Roberto López
Así vivimos en el Perú, particularmente en el cuidado de la salud. A diferencia de otros contextos, dejamos que las emergencias se desarrollen en toda su magnitud para recién empezar a responder ante daños que ya son inminentes o en curso. Los gobernantes de todos los niveles no hacen caso a las señales que anuncian la emergencia e inmovilizados por una indolente negligencia e incapacidad gestora, no toman las decisiones apropiadas y oportunas para mitigar los probables daños. Primero quieren ver muertos, heridos, discapacitados, destrucciones, para “reconocer” la emergencia. A fin de cuentas, quienes ponen las víctimas son los más pobres; “los que no importan”. Pasa la emergencia y con actitud perversa, esos mismos gobernantes, esperan la próxima, sin aprender y aplicar ninguna lección y con nulo interés por el futuro de las personas que serán nuevamente afectadas. Normalización de las emergencias como componentes del “destino” que toca vivir y como intermitentes oportunidades de lucro personal; la corrupción como ingrediente de las emergencias.
Estamos en plena epidemia del dengue que ha llevado al gobierno a fines de febrero a declarar con retraso crítico el estado de emergencia en 20 regiones del país, habiendo tenido todos los indicadores para tomar con antelación aquellas decisiones que hubieran disminuido los daños. Ciertamente que en estos casos es necesario implementar medidas para resolver los problemas inmediatos como, por ejemplo, control de vectores que transmiten la enfermedad, con atención preferencial a la eliminación de los “criaderos” de zancudos, disponer los recursos necesarios para atender a las poblaciones afectadas a fin de evitar víctimas fatales. El problema, demostrado por la evolución de esta epidemia en los últimos cinco años es que, si apuntamos sólo al “control” de la emergencia, y mantenemos las condiciones estructurales que la incuban, estamos condenados a repetir las emergencias indefinidamente.
Las segmentos poblacionales donde el dengue tiene mayor prevalencia almacenan el agua en baldes, tanques o cualquier otro depósito, propiciando la reproducción de los zancudos, catalizados por las lluvias y las altas temperaturas que se producen con más frecuencia por el cambio climático. El almacenamiento de agua en condiciones precarias y favorables a la incubación de vectores tiene que ver con la falta del servicio permanente de agua potable y entubada en las familias. El gobierno Regional de Piura – la región más afectada por la epidemia – al declarar la emergencia por dengue en febrero del 2024 sostiene que el “principal factor que favorece el mantenimiento, incremento y la transmisión de los casos de dengue en la Región Piura es el deficiente e inadecuado servicio de agua intradomiciliario…”. Aún en Lima, hay más de 600 mil personas que no reciben agua entubada.
En julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos» e hizo un llamado a los Estados y organizaciones internacionales a realizar los esfuerzos necesarios para “proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”. ¿Cuáles son los planes del Ministerio de Vivienda para cerrar las brechas que niegan este derecho humano a muchos millones de peruanos y peruanas? Otro derecho traspapelado en el escritorio y las cabezas de gobernantes. Recordemos también que uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) apunta a cubrir al 2030, las brechas del suministro de agua potable y saneamiento para todas las personas.
Son urgentes los planes del estado para terminar con la escasez de agua de buena calidad y en cantidad suficiente para toda la población peruana. Las emergencias de salud como el dengue también llaman la atención al fomento de la participación ciudadana, no como actores cooptados por agentes estatales que implementan políticas o estrategias que muchas veces no tienen un diagnóstico certero de las necesidades de la población e ignoran sus legítimos reclamos y sus propuestas. El abandono estatal debe terminar. Las políticas de los diferentes sectores, articulados, deben estar dirigidos a crear condiciones de salud y bienestar para todos. Para eso están.
