En los últimos años se han desarrollado nuevos tratamientos para tuberculosis a partir del desarrollo de nuevos fármacos como bedaquilina, delamanid, pretomanid entre otros, utilizados para el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente (TB-MDR) y tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR); sin embargo, estos no están disponibles para los pacientes.

A pesar de la recomendación de la OMS para usar estos productos y el informe favorable de Instituto Nacional de Salud para el uso de bedaquilina, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) no lo incorpora en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME), documento técnico que no es actualizado desde el 2018. Tampoco ha sido incorporado en la “Norma Técnica para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis”, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud.

Las personas con TB MDR actualmente reciben tratamiento inyectable en forma diaria, hasta por 6-8 meses, exponiéndolos a los efectos tóxicos de estos medicamentos, entre ellos la sordera, motivo por el cual dichos tratamientos ya no son recomendados.

Los pacientes organizados vienen exigiendo la incorporación de los nuevos tratamientos orales en la actualización de la norma técnica de TB, así como, participar de este proceso; por ello, han remitido una carta desde agosto de 2021 sin respuesta alguna hasta la fecha.

Lee más información: https://elcomercio.pe/peru/enfermos-de-tbc-toman-hasta-11-tabletas-por-terapias-desfasadas-del-ministerio-de-salud-tuberculosis-salud-medicina-minsa-ecdata-noticia/

De acuerdo a Infobae[1], La Contraloría General de la República advirtió sobre un desabastecimiento de 59 medicamentos oncológicos en el Seguro Social de Salud (EsSalud), además de que 41 se encuentren en stock crítico. Esto fue revelado a través del informe N° 008-2022-OCI-0251-SOO[2], correspondiente al periodo del 20 al 30 de mayo de este año.

Las autoridades de EsSalud afirmaron que la falta de abastecimiento corresponde a una carencia mundial de fármacos, debido a la pandemia del Covid-19 y al conflicto internacional entre Rusia y Ucrania; sin embargo, en otros países de la región la realidad es distinta. Tal es el caso de Colombia, que no padecieron de este déficit, de acuerdo a la Liga Contra el Cáncer y al Instituto Nacional de Cancerología de dicho país.

“Queda claro que la responsabilidad no recae sobre la guerra en Ucrania o el coronavirus, sino del gobierno de turno y a los constantes cambios en la gestión, en seis meses se ha tenido hasta tres presidentes de EsSalud, esto afecta la gestión del suministro”, dijo Javier Llamoza, investigador de Acción Internacional para la Salud, en una entrevista a Perú 21[3].

En Chile, según medios locales, no se han reportado reclamos o quejas por parte de la población acerca de la falta de medicina para pacientes con cáncer en los últimos años. Mientras en Perú se espera que se adopten las medidas correctivas inmediatas que correspondan, a fin de no seguir afectando el tratamiento de los pacientes ni su oportuna atención en perjuicio de su salud.

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[1] https://www.infobae.com/america/peru/2022/07/06/contraloria-advierte-desabastecimiento-de-59-medicamentos-oncologicos-en-hospitales-de-essalud/

[2] https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/informes/2022/06/2022CSI025100026_ADJUNTO.pdf

[3] https://peru21.pe/lima/pacientes-con-cancer-oncologia-essalud-pedro-castillo-pandemia-guerra-falta-de-medicina-oncologica-es-responsabilidad-del-gobierno-noticia/

La publicación de El Comercio del día lunes 20 de junio, puso en evidencia la compra de S/2,4 millones en medicamentos inservibles, que fueron realizadas entre 2019 y 2021 a empresas no domiciliadas en el Perú; por lo que, la Comisión de Salud del Congreso citó al ministro de Salud, Jorge López Peña, para el martes 28 de junio.

De acuerdo a la investigación[1], entre 2019 y 2021, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), adquirió 20 lotes de medicamentos que no son aptos para el consumo humano, no pasaron las pruebas del ensayo de contenido o no cumplen con las buenas prácticas de manufactura.

Se sabe que los 20 lotes que ingresaron pertenecen a 6 fármacos para cáncer, epilepsia y malaria, que debieron ser destruidos por las autoridades pertinentes para asegurar que no sean consumidos por nadie. Sin embargo, alrededor de 1,6 millones[2] ya habían sido distribuidos a varios pacientes, lo que podría haber perjudicado su tratamiento o, peor aún, su salud.

Esta situación fue advertida a través de una investigación realizada por nuestra organización Acción Internacional para la Salud (AIS), donde se muestra que algunos de estos medicamentos adquiridos por Cenares sin mayores cuidados recibieron en su momento el aval de la Dirección General de Medicamentos (Digemid). “La Digemid debió informar inmediatamente al Cenares para que tomara las medidas correspondientes, pero tardó tanto que se pidió destruir los fármacos cuando ya se habían distribuido en todo el país”, explica Javier Llamoza, investigador de AIS.

Independientemente de la pérdida económica, lo preocupante es la salud de los pacientes que recibieron los medicamentos inservibles, asimismo, pese a las reiterada cartas que AIS enviara al Ministerio de Salud desde febrero y a la contraloría de la Republica en abril de este año, aún no se tiene ninguna respuesta y se desconoce si las compras a proveedores no domiciliados  se realizan bajo un proceso que garantice no solo eficiencia en el gasto, sino, lo más importante, medicamentos de calidad, seguros y eficaces.

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[1] https://elcomercio.pe/peru/comision-de-salud-del-congreso-cita-al-ministro-de-salud-por-la-compra-de-s24-mlls-en-medicamentos-inservibles-minsa-jorge-lopez-medicina-cancer-malaria-epilepsia-noticia/

[2] https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-2-medicinas-que-no-curan-editorial-minsa-digemid-cenares-ecdata-noticia/?ref=ecr

Panamá se convirtió en el primer país de Latinoamérica en recibir el tratamiento Paxlovid contra el Covid-19, según informó su Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.

El sábado 19 de junio, llegó a Panamá el cargamento inaugural de 15.000 cursos de tratamiento de la combinación antiviral nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid de la farmacéutica Pfizer), sobre un total de 25.000 acordados[1], luego que, en enero, el Consejo de Gabinete aprobara la compra del antiviral para tratar el Covid-19 y evitar complicaciones con enfermedades crónicas.

Panamá fue el país que más rápido avanzó en las gestiones con Pfizer. México, fue el primer país que lo aprobó para uso de emergencia a mediados de enero de este año, sin embargo no están disponibles en hospitales públicos del país, según una nota publicada en Medscape. Así mismo, también se menciona que en Brasil ocurre lo mismo, pues se aprobó el medicamento el 30 de marzo para casos de emergencia, y aún no se encuentra  disponible para su uso.

La OMS ya ha solicitado a Pfizer ampliar el alcance geográfico de su licencia con el ‘Medicines Patent Pool’ (MPP) para que más fabricantes de genéricos puedan comenzar a producirlo y ponerlo a disposición de la población más rápidamente y a precios asequibles, ya que, actualmente el acuerdo con MPP considera en la licencia a 95 países, siete de ellos en América Latina (Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela).

Por otro lado, el presidente de Pfizer para Latinoamérica, Carlos Murillo, de acuerdo a la agencia EFE[2], indicó que en el marco de la Cumbre de las Américas, mantuvo reuniones bilaterales con los mandatarios de Chile y Perú, Gabriel Boric y Pedro Castillo, a los que les trasladó que «la inversión en salud no es un costo, sino es la forma» de tener sociedades «más saludables y productivas».

En nuestro país, organizaciones de la Sociedad Civil y pacientes han solicitado, al ministro de salud Jorge López Peña, hace 40 días, el uso gubernamental para acceder al Paxlovid, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta.

Esta solicitud se suma a las iniciativas que ya se han realizado en República Dominicana, Chile, Colombia y Perú.

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[1] https://espanol.medscape.com/verarticulo/5909255?reg=1#vp_1

[2] https://www.efe.com/efe/america/sociedad/pfizer-defiende-el-precio-de-paxlovid-y-anima-a-los-gobiernos-verlo-como-una-inversion/20000013-4829091

En junio del presente año, la OMS ha presentado orientaciones provisionales donde ofrecen las primeras recomendaciones sobre el uso de vacunas contra la viruela del mono (MPXV); así mismo, sobre la vigilancia, la investigación y el rastreo de contactos para la viruela del mono, sobre las pruebas de laboratorio y sobre la gestión clínica y la prevención y el control de la infección ocasionada por la viruela del mono.

La recomendación se basa en desarrollar una política de vacunación y convocar a los grupos consultivos que examinen las pruebas y elaboren recomendaciones en función del contexto nacional de cada país.  De esa forma, los países deben estar preparados para considerar el uso  fuera de etiqueta de vacunas seleccionadas contra la viruela del mono, así como vacunas aprobadas para los grupos de riesgo.

También aconseja a todos los países que refuercen sus conocimientos biológicos, ecológicos y epidemiológicos de la viruela del mono cada uno en su contexto. Con una caracterización más precisa de la infección, los patrones de transmisión y la enfermedad, así como con la determinación de las evaluaciones de riesgo y necesidades.

Sin embargo, aún no se recomienda la vacunación masiva para los brotes de viruela del mono ni la vacunación para la población en general en este momento. Las autoridades de salud pública deben poner en marcha una sólida estrategia de vigilancia y contención para garantizar la investigación, la atención y el aislamiento detallados de los casos, así como el rastreo y el seguimiento minucioso de los contactos, tal como se describe en las orientaciones provisionales de la OMS.

Es fundamental que, a pesar del número aparentemente pequeño de casos en muchos lugares, la respuesta nacional y local sea rápida, específica y eficaz para detener la transmisión de la viruela del mono.

Diversos países como Chile, Colombia, Perú y República Dominicana han solicitado a sus respectivos gobiernos hacer uso de la licencia obligatoria o el uso gubernamental de la patente de Paxlovid y acceder a las versiones genéricas autorizadas a 35 laboratorios farmacéuticos en todo el mundo a través de la licencia cedida por Pfizer en el Medicine Patent Pool. Paxlovid es un medicamento para el tratamiento del COVID 19 recomendado por la OMS.

En Costa Rica, el reconocido activista por los derechos humanos Richard Stern, ha recurrido al instrumento legal del recurso de amparo para que los ciudadanos de ese país accedan a Paxlovid. La solicitud ha sido enviada a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de San José, Costa Rica, donde solicita que dicha sala ordene a la Caja Costarricense del Seguro Social que compre y ponga a disposición el medicamento Paxlovid para que, según criterio médico, sea suministrado en el momento oportuno en caso lo requiera el paciente con Covid-19.

La solicitud presentada enumera argumentos que avalan su solicitud, como por ejemplo que los centros médicos entiendan que el costo-beneficio de suministrar el Paxlovid a tiempo le ahorraría dinero a la Institución y al país; así mismo, reduciría hospitalizaciones, discapacidades y muertes si hay acceso universal.

Con esta solicitud, Costa Rica se suma a las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil, que al igual que Colombia, República Dominicana, Chile y Perú, reconocen la necesidad de acceder a Paxlovid, como un derecho a la protección de la salud.

Lee el recurso de amparo aquí: https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2022/06/Recurso-de-amparo-Richard-Stern-Paxlovid-version-final.pdf

De acuerdo al diario El País, la Industria farmacéutica Pfizer comunicó en mayo, que obtuvo 13.200 millones de dólares como ingresos, en el primer trimestre de 2022, gracias a la vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica que más fortuna amasó durante la pandemia, y que lo seguirá haciendo, no solo con su vacuna si no también con su tratamiento.

“Con la extensión de la vacuna a cada vez más grupos de edades, la aprobación en más países y las vacunas de refuerzo, las ventas se han disparado”[1]. Así mismo, parte de los ingresos generados los primeros meses han sido a través de las ventas de Paxlovid, medicamento que ha sido aprobado a finales del 2021 por la OMS.

Pfizer “ha mantenido su previsión de ingresos globales para todo el año entre 98.000 y 102.000 millones de dólares, de los que más de la mitad serán aportados por sus productos contra la covid.” De esa forma, esperan que sus ingresos sigan incrementándose durante la presente década.

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[1] https://elpais.com/economia/2022-05-03/pfizer-ya-logra-mas-de-la-mitad-de-sus-ventas-con-la-vacuna-contra-la-covid.html

De acuerdo a Andres Oppenheimer, en su columna de opinión titulada El escándalo del COVID-gate, en un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se revela que “14.9 millones de personas murieron por la pandemia de COVID-19, casi tres veces más de lo que informaron los gobiernos”.

Según dicho informe “los gobiernos de todo el mundo informaron oficialmente solo 5.4 millones de muertes por COVID-19 en 2020 y 2021. Pero no informaron de otras 9.5 millones de muertes adicionales, en muchos casos porque los gobiernos no reportaron como muertos por la pandemia a personas que perdieron la vida después de que se les negó atención médica por la saturación de los hospitales”; así mismo, indica que gran parte de los casi 14.9 millones de muertes por COVID-19 ocurrieron en países en los que sus gobernadores “minimizaron” la pandemia en el 2020.

De esa forma, Andres recomienda la creación de la Comisión de la Verdad con el fin de investigar qué sabía cada gobierno y desde cuándo, pues “eso ayudaría a prevenir declaraciones irresponsables de jefes de estado en el futuro, que pueden causar millones de muertes innecesarias.”

Lee la columna completa aquí: https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/andres-oppenheimer-es/article261175757.html#storylink=cpy

Organizaciones de la sociedad civil de Perú, Colombia y Chile, han solicitado al Presidente de la República de Perú, a su Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), “hacer Uso Gubernamental por parte del Estado para explotar invenciones relacionadas con el antiviral oral contra el COVID-19, Paxlovid”.

Como se sabe, el 21 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud calificó a este medicamento como la mejor opción terapéutica para pacientes con COVID 19 leve o moderado con riesgo a desarrollar la forma grave de la enfermedad; Paxlovid es una combinación de nirmatrelvir (PF-07321332) + ritonavir, de la farmacéutica Pfizer.

En Perú, nirmatrelvir (PF-07321332) se encuentra con solicitud de patente (expediente 001867-2021/DIN), que no dudamos sea concedida, como ha sucedido en varios países.

Pfizer, a través del Medicine Patent Pool, ha licenciado la patente de nirmatrelvir (PF-07321332) para ser fabricado en por lo menos 39 laboratorios en diferentes países, incluyendo Brasil, Republica Dominicana y México, sin embargo, estas versiones genéricas no podrán ingresar al Perú, por los términos del acuerdo de licenciamiento firmado entre Pfizer y el Medicine Patent Pool, salvo que el Perú utilice las salvaguardas contempladas en el ADPIC, como es el Uso Gubernamental, lo que permitiría el ingreso de versiones  genéricas.

El Perú, no puede quedar al margen de los beneficios del progreso científico[1], tenemos derecho a acceder al disfrute del más alto nivel posible de salud fisca y mental[2], por lo que  las organizaciones firmantes  han solicitado al gobierno peruano utilice el instrumento de Uso Gubernamental, y acceder a este medicamento que puede evitar hospitalizaciones y muertes en personas vulnerables, infectadas con COVID-19.

Acceda a la solicitud aquí

https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2022/05/Solicitud-de-Uso-Gubernamental-Covid_-PRESIDENCIA.pdf

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[1] Artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

[2] Artículo 12 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)