Chile, 04 de agosto de 2021. Con una inversión de $60 millones se anuncia la instalación de dos plantas para la fabricación e investigación de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que produce la inyección contra el coronavirus Coronavac, las plantas se instalaran una en Santiago de «rellenado» de vacunas, y otra en la ciudad de Antofagasta, de investigación y desarrollo.
Por María Natalia Echegoyemberry
Mar del Plata, 10 de abril de 2024. En un encuentro clave para el debate global sobre salud, el conversatorio titulado «El futuro Tratado de Pandemias: un Compromiso Global por la Salud y la Equidad» se celebró el 9 de abril en el Salón Muelle Azul del Hotel 13 de Julio en Mar del Plata.
Este evento se realizó en el contexto de la 5ta Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, y contó con la participación destacada de expertas y expertos de distintas disciplinas.
El evento fue co-organizado por: Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática y Vacunas para la Gente Latinoamérica, XUMEK Asociación Civil para defensa de los Derechos Humanos, Círculo de sistemas de salud del Movimiento de Salud para los Pueblos (MSP), Círculo Sistemas de Salud MSP, GHG/Comercio y Salud/HS, Red Argentina de Abogacía Comunitaria (RAAC), GHP, Ifarma, ISP, AIS Perú y ABIA.
Discusión de Temáticas Cruciales para una Respuesta Global Efectiva
El diálogo se centró en cómo la futura estructura jurídica internacional podría reforzar (o no) la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias globales, especialmente en los países del Sur Global.
Se abordaron temas críticos como la preparación ante emergencias sanitarias en sistemas de salud frágiles, el impacto de la propiedad intelectual en el acceso a medicamentos y la importancia de un enfoque inclusivo y justo en la arquitectura jurídica internacional.
María Natalia Echegoyemberry, quien coordinó las discusiones, enfatizó la necesidad de que el sistema interamericano ponga los derechos humanos en el centro de las políticas de salud global y trate el acceso a las tecnologías como un bien público mundial.
Voces Influyentes y Propuestas Concretas
El panel compuesto por: Felipe Mesel, Movement Law Lab que coordina la Red Global de Abogadxs de Movimientos SocialesSusana van der Ploeg – GTPI, VPA, Brasil; Veriano Terto – ABIA, VPA, Brasil; Javier Llamoza AIS,VPA, Perú; Harold Silva Carvajal,VPA, Fundación IFARMA, Colombia; Pedro Villardi – ISP, VPA, Brasil; Luz M. Umbasia GHP Corp/PC, VPA, Colombia; enriqueció el conversatorio con perspectivas valiosas y propuestas concretas para mejorar la gobernanza sanitaria.
Los temas discutidos subrayaron la importancia de prepararse mejor para futuras crisis sanitarias y abordar las disparidades subrayadas por la pandemia de COVID-19.
Continuidad del Compromiso y Acciones Futuras
El Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática, junto con organizaciones asociadas, reafirma su compromiso con el avance del Tratado de Pandemia. Las conclusiones y recomendaciones del evento serán claves para las futuras discusiones en la Asamblea Mundial de la Salud y otros foros internacionales.
Agradecimientos y Futuras Convocatorias
Agradecemos a todas las personas y entidades que participaron y colaboraron en este evento trascendental, especialmente al Círculo latinoamericano del MSP por su papel esencial en la organización de la mesa de debate.
Para seguir informado/a sobre nuestras actividades o participar en futuros eventos, por favor contacte al Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática (correojusticiasanitaria@gmail.com)
Por Natalia Echegoyemberry
Desde el Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática, queremos destacar la importancia de contar con una entidad dedicada a monitorear, analizar y promover la justicia sanitaria y climática en América Latina.
En un contexto global donde la equidad en salud y la respuesta al cambio climático son cruciales, nuestra región se enfrenta a desafíos únicos que requieren atención especializada y acciones concretas.
El observatorio está conformado por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación, universidades, organismos públicos, redes y movimientos sociales, usuarios/as de servicios de salud y profesionales pertenecientes a distintos países de la región. Estos actores clave, provenientes de distintos puntos de América Latina y el mundo, convergen en la promoción de agendas relacionadas con la salud, el clima, el acceso a la justicia y los derechos humanos.
Algunas de nuestras acciones son las siguientes:
1.-Visibilidad y Análisis de Políticas Públicas
El Observatorio proporciona una plataforma crítica para visibilizar cómo los distintos países de Latinoamérica y el Caribe abordan el derecho a la salud. A través del análisis de políticas públicas y decisiones judiciales, el Observatorio ofrece una perspectiva comparativa que ayuda a identificar buenas prácticas y áreas de mejora.
2.-Intersección entre Salud y Cambio Climático
América Latina es una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, lo que tiene un impacto directo y profundo en la salud pública, y cómo promover entornos saludables para las y los trabajadores de la salud.
3.-Fomento de la Equidad y Justicia Social
El Observatorio se esfuerza por promover una mayor equidad en el acceso a servicios de salud de calidad y en la distribución de los recursos. Esto incluye un enfoque de desigualdades sociales en las poblaciones vulnerables y marginadas, asegurando que sus voces y necesidades sean consideradas en las políticas públicas.
4.-Promoción de la Colaboración Interdisciplinaria
Al reunir a expertos y expertas de diversas disciplinas, el Observatorio fomenta un enfoque interdisciplinario para abordar los problemas de salud.Esta colaboración permite generar soluciones innovadoras y sostenibles que son fundamentales para abordar los complejos desafíos.
5.-Educación y Capacitación
A través de iniciativas pedagógicas y de formación, el Observatorio también desempeña un papel vital en la educación de las futuras generaciones de líderes en salud pública y justicia climática. Estos programas ayudan a cultivar un entendimiento profundo de los desafíos y las soluciones posibles, preparando el camino para políticas más efectivas y equitativas.
6.-Incidencia Política y Cambio
El Observatorio no solo analiza y reporta, sino que activamente busca influir en la política pública. A través del diálogo con tomadores y tomadoras de decisiones y la sociedad civil, el Observatorio actúa como un catalizador para el cambio, promoviendo reformas que prioricen la salud y el buen vivir.
Finalmente, el Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática es una pieza clave en el esfuerzo por construir un futuro más justo y saludable para Latinoamérica.
Invitamos a todos los medios de comunicación y al público en general a conocer más sobre nuestro trabajo y a unirse a nosotros en esta misión crítica.
Para más información, visiten nuestro sitio web o contáctenos directamente.
https://justiciasanitaria.org/quienes-somos/
Contacto para prensa:
Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática
correojusticisanitaria@gmail.com
Por Akemy Bustamante
En 1990 ocurrió en Iquitos el primer brote de dengue en Perú, seguido por reportes en Tarapoto. Se identificaron los serotipos DNV-1 y DNV-4, extendiéndose en los dos años siguientes. El serotipo DNV-1 se propagó entre Tumbes y Casma. Posteriormente, en 2001, se produjeron nuevos brotes afectando a un total de 12 regiones. Cabe destacar que en 2005 se registraron los primeros casos autóctonos de dengue en Lima [1], convirtiéndose en otra área endémica de la enfermedad.
Según Cabezas et al. [2], para el año 2011, la dispersión de la enfermedad en Perú había sido notable. La presencia del vector fue verificada en 269 distritos de 18 regiones del país, incluyendo 26 distritos en Lima y 3 del Callao. Posteriormente, en 2015, el dengue se extendió hacia Ica, sumando un nuevo desafío a la lucha contra la enfermedad.
A lo largo de los últimos años, se ha observado un incremento significativo en los casos de dengue en Perú [3].
Gráfico N°1. Número de casos de dengue, Perú 2018 – 2024*
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA. (*) Hasta la SE 12 – 2024
Las cifras de los dos últimos años superan ampliamente a las que se registraron en años anteriores, lo que indica que se está enfrentando el peor rebrote de dengue en la historia reciente de Perú. De acuerdo con el gráfico Nº2, hasta la semana epidemiológica (SE) 14 (31/03/2024 al 06/04/2024), se ha notificado 112,659 casos de dengue a nivel nacional, y 140 defunciones.
Gráfico N°2. Número de casos de dengue, Perú 2018 – 2024*
Fuente: MINSA; Centro nacional de Epidemiología, prevención y Control de Enfermedades. Con fecha de corte al 08/04/2024. Elaborado por Ing. Juan Carbajal.
Estos datos evidencian que las medidas implementadas hasta el momento por el Ministerio de Salud (Minsa), como acciones de control larvario, identificación y eliminación de potenciales criaderos, y fumigación en las diferentes regiones del país no han sido efectivas para frenar el avance de la epidemia. Surge la interrogante sobre qué está faltando para controlar esta enfermedad.
La expansión y el aumento de casos de dengue se atribuyen a diversas causas. Entre ellas se encuentran el cambio climático con presencia del Fenómeno El Niño y las precarias condiciones de vida de gran parte de la población, especialmente aquellos en situación de pobreza y pobreza extrema. Como mencionamos en una nota anterior, el Perú se encuentra de “emergencia en emergencia”, ya que las causas estructurales acceso a agua potable entubada, sistemas de saneamiento básico y viviendas vulnerables, lo que lleva a las familias a almacenar agua en depósitos que fomentan la proliferación del mosquito.
“El problema, demostrado por la evolución de esta epidemia en los últimos cinco años es que, si apuntamos sólo al “control” de la emergencia, y mantenemos las condiciones estructurales que la incuban, estamos condenados a repetir las emergencias indefinidamente”
En el camino de mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población, el gobierno debe poner atención y desplegar una estrategia que ha demostrado efectividad en varias partes del mundo para el control del mosquito vector. Se trata del World Moskit Program, presente desde 2011 en varios países de Oceanía, Europa, Asia y América Latina. El Dr. Eduardo Quevedo, médico especialista en salud pública. Menciona que el microorganismo llamado Wolbachia, causa una anormalidad que provoca la muerte de los embriones del mosquito Aedes aegypti, evitando la multiplicación del virus del dengue. De hecho, es una herramienta muy valiosa para reducir la capacidad de transmisión del virus.
Se destaca el éxito colombiano, al emplear esta iniciativa con World Moskit Program. El médico infectólogo colombiano Iván Darío Vélez afirma: “Los resultados son claros. Los casos han disminuido dramáticamente y tenemos la esperanza de que este método de control pueda proteger la salud de casi 4.000 millones de personas en el mundo que viven en situación de riesgo”. Podemos tomar como ejemplo, el exitoso resultado de Colombia u otros países, como en Indonesia donde se logró reducir la incidencia de dengue en un 77% y la mortalidad en un 86% en la ciudad de Yakarta, lugar donde se liberaron los mosquitos transgénicos, vehículos de la wolbachia.
El control por la bacteria Wolbachia, puede tener gran impacto. Sin embargo, debemos resaltar la importancia del acceso a agua entubada y saneamiento básico, no sólo para la prevención del dengue, sino para otras enfermedades.
Referencias:
Por Roberto López Linares
El Decreto de urgencia N° 005-2024, complementado luego con la Resolución Ministerial Nº 220-2024/MINSA sobre la obligatoriedad de las farmacias y boticas a tener un stock de productos genéricos en DCI muestra un gobierno errático que no tiene una idea clara de lo que significa la promoción de dichos medicamentos en nuestro contexto. Ha restituido lo que desde el 2019 se venía haciendo, pero en una magnitud y condiciones que ha merecido de expertos y organizaciones de pacientes el calificativo de inaplicable y populista. Incluye más de 400 medicamentos cuyas versiones genéricas en Denominación Común Internacional (DCI) deberían estar en todas las farmacias y boticas, a condición de que haya el medicamento de marca. Si la farmacia no ofrece la marca, no está obligada a ofrecer un genérico DCI. Una medida pensada más en proteger el negocio de las farmacias y boticas que en favorecer a la población. La lista contiene productos de alto costo, que no se venden regularmente en farmacias o boticas y requieren administración supervisada.
Más allá de la impericia que muestra el MINSA debemos recordar que los medicamentos son un componente esencial del pleno ejercicio del derecho a la salud, por lo que es obligación del Estado, en todos sus niveles, garantizar que estén disponibles en los establecimientos del sistema público de salud, donde se debe atender al 70% del 99% de la población que cuenta con seguro de salud según lo afirmó la Presidenta Boluarte en las Naciones Unidas (Sept. 2023). El derecho a la salud y, por lo tanto, a los medicamentos, no depende de contextos particulares como un brote epidémico o distorsiones climáticas como lo expresa el decreto de marras, sino que es un derecho permanente e inalienable que asiste a hombres y mujeres, sin ninguna discriminación. El Decreto de Urgencia 005/2024, sólo tiene una vigencia de 4 meses.
Lamentablemente los que cuentan con seguro público no tienen acceso fácil y oportuno a la atención en los establecimientos de salud y cuando lo logran se enfrentan al desabastecimiento crónico que los obliga a salir a comprarlos en farmacias o boticas privadas. Un sistema de salud falla cuando mantiene niveles altos de gasto de bolsillo como el caso del Perú que alcanzó el 28 % (ESAN Inteligence-A FIN, 2023). La DIGEMID, reportó que en 2019 el gasto de bolsillo en salud alcanzó la cifra de S/. 11,296.7 millones, de los cuales el 40% se destinó a la compra de medicamentos; más de 4,500 millones de soles al año del bolsillo de los pacientes. Cifra nada despreciable que por las deficiencias del sistema público de salud dinamiza el negocio privado de las medicinas.
Una medida como los decretos de urgencia sobre la obligatoriedad de vender genéricos en DCI en farmacias y boticas privadas podría tener el efecto perverso que el Estado continúe negligiendo el mandato de asegurar atención integral a los pacientes incluyendo la provisión de medicamentos y otras tecnologías médicas. En general, los medicamentos genéricos en DCI tienen un menor precio que los de marca, por lo que su promoción y uso constituyen una estrategia de contención del gasto en las instituciones que brindan atención médica, particularmente las del sector público que adolecen de frecuentes desabastecimientos. Es inaceptable que los pacientes paguen de sus bolsillos lo que el Estado está obligado a suministrarles, secuestrando recursos programados para cubrir otras necesidades básicas. El gasto de bolsillo empobrece a los pacientes y recorta posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.
La promoción de medicamentos genéricos debe basarse en una política que tenga como uno de los objetivos primordiales aumentar su aceptabilidad por los usuarios. Para ello la autoridad reguladora de medicamentos debe asegurar la calidad e intercambiabilidad de los medicamentos “genéricos en DCI” y “genéricos de marca” con el medicamento de referencia, generalmente el medicamento innovador, que tuvo la patente. La obligatoriedad de demostrar intercambiabilidad debe incrementarse gradualmente y no ser postergada como ha venido sucediendo. La población debe ser informada y convencida con argumentos sólidos que los “genéricos en DCI” como los “genéricos de marca” son tan efectivos como el medicamento innovador.
La población peruana no debe ser engañada con esta medida del actual gobierno que pretende descargar su responsabilidad del gasto farmacéutico en los bolsillos de la gente. Es responsabilidad de todos los niveles de gobierno y sus organismos técnicos evaluar el sistema de suministro de medicamentos, para encontrar las causas de los desabastecimientos e incluir mecanismos expeditivos de compra, evaluación de calidad, distribución, almacenamiento, etc. para proveer a todo el sistema público de atención de salud los medicamentos que la población debe recibir de manera oportuna.
Finalmente, una política de contención del gasto farmacéutico con el uso de genéricos, debe revisar las condiciones de patentamiento en el país. Mientras están vigentes, las patentes impiden la entrada de genéricos. Por eso, el gobierno debe tener pautas estrictas para otorgar patentes, ajustadas a los principios internacionalmente aceptados y así permitir el ingreso más rápido de las versiones genéricas. Además, se puede facilitar el ingreso de genéricos al mercado utilizando las salvaguardas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, 1994) como las “licencias obligatorias” o el “uso gubernamental” de materia patentada. La Declaración de Doha (2001) ratifica que este acuerdo “puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos”. Ruta legitimada por el tratado internacional mencionado, así como como por la legislación andina y nacional vigentes.
Por Tiana Quevedo
Los medicamentos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, se les considera «bienes públicos». Sin embargo, también son bienes comerciales, sujetos a las fuerzas del mercado y a la búsqueda de ganancias. En esta tensión entre el derecho a la salud y la maximización de beneficios, la industria farmacéutica suele priorizar lo segundo.
La industria argumenta que un medicamento que mejore pronósticos y evite muertes prematuras debería tener un precio calculado en base al valor de otras terapias con similar efecto o en las estimaciones monetarias de los efectos positivos que el medicamento tiene sobre las inversiones estatales en salud. Esta lógica conduce a precios exorbitantes que impactan en las instituciones de salud y en el bolsillo de los pacientes.
Así, la salud ya no es un derecho, sino un privilegio para quienes pueden pagar. Esta situación es inaceptable, especialmente en países en desarrollo, y se ha evidenciado en casos como la pandemia del COVID-19 y en el acceso a medicamentos patentados para el tratamiento del VIH.
En 1995, los países en desarrollo se vieron obligados a aceptar el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para unirse a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Antes de ese acuerdo, muchos no concedían patentes a medicamentos. Para evitar o mitigar el impacto negativo de las patentes, el mismo acuerdo abrió la posibilidad de utilizar algunas “salvaguardas”, como las licencias obligatorias.
El caso de Colombia
Colombia expidió la primera licencia obligatoria de su historia para facilitar el acceso al dolutegravir (usado en el tratamiento del VIH) desestimando las impugnaciones presentadas por la empresa farmacéutica titular de la patente, contra la Resolución 1579 del 2023, en la que el gobierno colombiano estableció el acceso a dicho medicamento como un asunto de interés público. Una licencia obligatoria, ya sea solicitada por un tercero o a iniciativa del gobierno, abre la posibilidad de la introducción de genéricos competidores que llevan a disminuir sensiblemente el precio del producto.
Esta medida busca un impacto mayor en la contención de la epidemia del VIH que enfrenta el país, a través del acceso a versiones genéricas del dolutegravir. Este fármaco es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Guía Práctica Clínica de Colombia 2021 por su eficacia, facilidad de administración, menor cantidad de efectos secundarios y alta barrera a la farmacorresistencia, convirtiéndolo en una opción idónea para el tratamiento del VIH, especialmente para poblaciones de difícil seguimiento y escasa adherencia.
El tratamiento por paciente al año con la marca TIVICAY® 50 mg de la empresa ViiV/GSK, cuesta USD 1238.56, mientras que con la versión genérica ofrecida por la OPS tiene un costo anual de USD 44. Con la misma inversión para una persona usando el producto de marca se podría atender a 27 personas más con el medicamento genérico.
No obstante, a pesar de que en enero del 2024 se establecieron los términos y condiciones para los fabricantes interesados en suministrar versiones genéricas del medicamento, el Ministerio de Salud y Protección Social sigue enfrentando obstáculos. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) y algunos otros gremios argumentan que una licencia obligatoria viola los tratados de libre comercio firmados por Colombia. Sin embargo, todos estos tratados reconocen la facultad de los estados para utilizar las flexibilidades del ADPIC. Además, la Declaración de Doha de 2001, ratifica la legitimidad de usar licencias obligatorias para resolver crisis de salud pública.
El 11 de marzo de este año, el Ministerio de Salud de Colombia rechazó la demanda presentada por AFIDRO que pedía la nulidad de las Resoluciones 1579 y 2024, a través de las cuales se declaró y confirmó la existencia de razones de interés público para someter la patente 07115501A del dolutegravir a una licencia obligatoria. Declarar la invalidez de ambas resoluciones significaría negar el sustento jurídico sobre el que se basa dicha medida.
Referencias:
Por Germán Velásquez
La idea de un tratado internacional sobre pandemias es evitar que se repitan los fracasos ocurridos durante la crisis del COVID-19. Muchas cosas no funcionaron, pero el fracaso más flagrante fue la distribución desigual y el acceso desigual a vacunas, diagnósticos y tratamientos. Se necesita un tratado internacional basado en los principios de equidad, inclusión y transparencia para garantizar el acceso universal y equitativo.
El actual proyecto de texto del “tratado sobre pandemia” está lejos de responder adecuadamente a los problemas enfrentados durante la crisis del COVID-19. Los países desarrollados han debilitado la versión inicial del borrador y el texto ahora está lleno de matices innecesarios. La expresión “cuando proceda” y otras expresiones similares, típicas de las disposiciones voluntarias, aparecen ahora repetidamente. Se trata de proteger y garantizar el interés público y la salud de los ciudadanos como un derecho, o de defender los intereses de una industria que busca enriquecerse sin límites.
El tratado contra futuras pandemias será uno de los temas centrales de la próxima Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en mayo de 2024. Si los países del Sur, que representan la mayoría de los miembros de la OMS, se unen con un claro y una visión sólida de la salud pública y los países del Norte actúan con lucidez, siguen la evidencia científica y al mismo tiempo buscan la seguridad para todos, el tratado contribuirá al bienestar de las generaciones futuras. Si al final un pequeño grupo de países se opone a un tratado con disposiciones significativas, no debemos olvidar que la OMS es una institución democrática donde existe la posibilidad de votar.
Por Romina Duarte y Maria Natalia Echegoyemberry
Este artículo tiene como finalidad visibilizar la exclusión de los pueblos indígenas en el proceso de elaboración del futuro Tratado de prevención, preparación y respuesta ante pandemias propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Se destaca la falta de inclusión de sus voces y conocimientos ancestrales, así como la omisión de un enfoque étnico e intercultural en el documento.
La situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas, exacerbada por la pandemia, se contrasta con la ausencia de medidas específicas en el tratado para abordar sus necesidades.
Se señalan recomendaciones para garantizar la participación y el respeto de los derechos de estos pueblos en el tratado, incluyendo la inclusión de su cosmovisión en la salud, la mejora en los registros estadísticos sanitarios, la suspensión de desalojos forzados y el reconocimiento de sus derechos sobre los recursos genéticos.
En última instancia, se aboga por una perspectiva intercultural e interseccional en el ámbito de la salud, que integre las distintas perspectivas, luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en la respuesta global a las pandemias.
Por Tiana Quevedo
El acceso a medicamentos esenciales es un componente fundamental para el pleno ejercicio del derecho a la salud. Fomentar su acceso también forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Los Estados están obligados a asegurar su disponibilidad y asequibilidad tanto en el sector público como privado.
No obstante, en el Perú el acceso a medicamentos sigue enfrentando atropellos. El 25 de febrero pasado, quedó sin efecto la norma que obligaba a las farmacias y boticas a nivel nacional contar con stock de 34 medicamentos esenciales genéricos con Denominación Común Internacional (DCI). No renovar esta norma ha significado limitar la oferta a los “genéricos de marca” y a “marcas innovadoras” que, en general, tienen precios más altos.
Casi un mes después, el 16 de marzo, el Gobierno publicó, en un contexto de emergencia sanitaria ante la epidemia de dengue, el Decreto de Urgencia N°005-2024 intentando restituir la obligatoriedad de la oferta de genéricos en el mercado. Sin embargo, no ha salido el listado de productos (que tiene un plazo de diez días hábiles para publicarse), por lo que la medida no tiene materia de aplicación. Asimismo, esta norma establece la obligatoriedad de que oferten y mantengan un stock mínimo del 30% de medicamentos genéricos esenciales con DCI. Además, esta medida sólo tendrá vigencia hasta el 31 de julio 2024.
Un día después, en un comunicado aclaratorio, el MINSA sostuvo que el corto tiempo de vigencia de este Decreto se debe a que el Ejecutivo presentaría al Congreso de la República un proyecto de ley que abordará este y otros asuntos cruciales para garantizar un acceso efectivo y eficiente a los servicios y productos farmacéuticos.
En el debate público abierto sobre el tema, el exministro Víctor Zamora afirmó que: “El ministro (César Vásquez) salió a decir que la norma (anterior) no tenía efecto, no servía para nada. Luego dijo que tenía un decreto supremo y posteriormente acabó publicándolo […] Extiende por 10 días la elaboración de un listado de medicamentos, le provee una vigencia de cuatro meses y nadie sabe cuál va a ser el resultado final del proceso”.
En el 2019, el estudio “Manipulación en la oferta de medicamentos – Disponibilidad y precios en Lima y Callao”, elaborado por Oxfam, AIS y RedGE, reveló que los precios de los “genéricos de marca”, que usan principios activos sin ninguna protección de propiedad intelectual y puede tener múltiples fabricantes y ofertantes, están muy por encima del precio estimado de un genérico con DCI. En los medicamentos cuyos precios del Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) se evaluaron, el “genérico de marca” fue aproximadamente 50.4 veces más caro. Especialmente los medicamentos del grupo InRetail, perteneciente al grupo Intercorp, dueña de más de 2000 boticas que acumulan el 83% de ventas del mercado minorista nacional.
Ese mismo año, en julio, ante la inexistencia de alguna normativa que obligara a los establecimientos farmacéuticos privados a ofrecer medicamentos genéricos etiquetados con DCI, el Ejecutivo entregó al Congreso el proyecto de ley N° 4494 que contenía esta medida, pero no fue discutido ni aprobado. Meses después, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó el Decreto de Urgencia N°007-2019 (ahora no válido), que buscaba que los peruanos tengan acceso a medicinas a precios asequibles. En su momento, el exministro Vicente Zeballos, resaltó que «el alto costo de los medicamentos afecta el bolsillo de los más pobres y muchas veces impide que culminen su tratamiento».
Recientemente, el informe técnico “Condiciones de Vida en el Perú” (INEI/ENAHO), mostró que apenas el 42.3% de las personas con problemas de salud busca atención médica, y de estos, el 22.4% acude a farmacias en lugar de recurrir a centros de salud públicos, lo cual está estrechamente vinculado al concepto de «gasto de bolsillo». Según datos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), en 2019 este gasto alcanzó los S/ 11,2 millones, destinándose casi el 40% a la compra de medicamentos.
Ante esta línea de eventos, múltiples organizaciones de la sociedad civil (AIS entre ellas), se pronunciaron, exigiendo al gobierno la restitución de la normativa que obliga a las farmacias y boticas a ofertar productos genéricos con DCI y garantizar el abastecimiento de los establecimientos públicos de salud, con medicamentos y otras tecnologías de salud, así como adoptar mecanismos para prevenir los abusos de precios.
La reciente norma está muy lejos de cumplir dichas exigencias. El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, sostuvo que esta norma es más bien una “burla” porque solo tiene vigencia de cuatro meses y ya ha pasado casi un mes sin la obligatoriedad de la venta de los medicamentos genéricos. Remarcó además que no están de acuerdo que los genéricos representen el 30% del stock como mínimo porque cada vez aparecen nuevos genéricos, por lo que la cifra debería ser mayor.
Referencias:
Por Akemy Bustamante
La Red del Tercer mundo (TWN) ha emitido el 11 de marzo de 2024, un análisis del borrador revisado sobre el instrumento pandémico propuesto. Las negociaciones finales sobre este instrumento se llevarán a cabo durante la próxima sesión del Órgano de Negociación Intergubernamental (INB), programada desde el 18 al 28 de marzo en Ginebra.
El texto, elaborado por la Mesa del INB con el apoyo de la Secretaría de la OMS, fue distribuido el 8 de marzo de 2024 (INB7 y 8). Esta versión actualizada ha generado preocupación entre los países en desarrollo, ya que no se aceptan propuestas de nuevos textos y sólo permite observaciones conceptuales.
En base a las discusiones realizadas durante el INB8, el proyecto de texto de negociación fue revisado en el plazo de una semana y distribuido a medianoche el 8 de marzo. Sin embargo, la versión traducida a otros idiomas de la ONU aún no está disponible.
Aunque no se ha adoptado formalmente un texto en el INB, se espera que las verdaderas negociaciones comiencen en el INB9. La Mesa ha declarado sus propuestas de texto como el texto de negociación por defecto, lo que significa que los Estados miembros de la OMS están obligados a negociar sobre este texto sin garantía de que sus propuestas sean incorporadas. La OMS y la Mesa del INB han estado trabajando para llegar a un consenso antes de la Asamblea Mundial de la Salud programada para mayo de 2024.
Es relevante la falta de seguridad jurídica para el acceso a productos y tecnologías sanitarias. Esta situación podría tener un impacto negativo en la capacidad de los países en desarrollo para adquirir y utilizar de manera oportuna los recursos necesarios durante una pandemia, lo que a su vez podría agravar las desigualdades en la respuesta y el manejo de la crisis sanitaria.
Para obtener más información sobre las obligaciones estatales de las áreas abarcadas dentro del instrumento pandémico revisado, se puede acceder al documento completo en los siguientes enlaces.
Por Roberto López
Así vivimos en el Perú, particularmente en el cuidado de la salud. A diferencia de otros contextos, dejamos que las emergencias se desarrollen en toda su magnitud para recién empezar a responder ante daños que ya son inminentes o en curso. Los gobernantes de todos los niveles no hacen caso a las señales que anuncian la emergencia e inmovilizados por una indolente negligencia e incapacidad gestora, no toman las decisiones apropiadas y oportunas para mitigar los probables daños. Primero quieren ver muertos, heridos, discapacitados, destrucciones, para “reconocer” la emergencia. A fin de cuentas, quienes ponen las víctimas son los más pobres; “los que no importan”. Pasa la emergencia y con actitud perversa, esos mismos gobernantes, esperan la próxima, sin aprender y aplicar ninguna lección y con nulo interés por el futuro de las personas que serán nuevamente afectadas. Normalización de las emergencias como componentes del “destino” que toca vivir y como intermitentes oportunidades de lucro personal; la corrupción como ingrediente de las emergencias.
Estamos en plena epidemia del dengue que ha llevado al gobierno a fines de febrero a declarar con retraso crítico el estado de emergencia en 20 regiones del país, habiendo tenido todos los indicadores para tomar con antelación aquellas decisiones que hubieran disminuido los daños. Ciertamente que en estos casos es necesario implementar medidas para resolver los problemas inmediatos como, por ejemplo, control de vectores que transmiten la enfermedad, con atención preferencial a la eliminación de los “criaderos” de zancudos, disponer los recursos necesarios para atender a las poblaciones afectadas a fin de evitar víctimas fatales. El problema, demostrado por la evolución de esta epidemia en los últimos cinco años es que, si apuntamos sólo al “control” de la emergencia, y mantenemos las condiciones estructurales que la incuban, estamos condenados a repetir las emergencias indefinidamente.
Las segmentos poblacionales donde el dengue tiene mayor prevalencia almacenan el agua en baldes, tanques o cualquier otro depósito, propiciando la reproducción de los zancudos, catalizados por las lluvias y las altas temperaturas que se producen con más frecuencia por el cambio climático. El almacenamiento de agua en condiciones precarias y favorables a la incubación de vectores tiene que ver con la falta del servicio permanente de agua potable y entubada en las familias. El gobierno Regional de Piura – la región más afectada por la epidemia – al declarar la emergencia por dengue en febrero del 2024 sostiene que el “principal factor que favorece el mantenimiento, incremento y la transmisión de los casos de dengue en la Región Piura es el deficiente e inadecuado servicio de agua intradomiciliario…”. Aún en Lima, hay más de 600 mil personas que no reciben agua entubada.
En julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos» e hizo un llamado a los Estados y organizaciones internacionales a realizar los esfuerzos necesarios para “proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”. ¿Cuáles son los planes del Ministerio de Vivienda para cerrar las brechas que niegan este derecho humano a muchos millones de peruanos y peruanas? Otro derecho traspapelado en el escritorio y las cabezas de gobernantes. Recordemos también que uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) apunta a cubrir al 2030, las brechas del suministro de agua potable y saneamiento para todas las personas.
Son urgentes los planes del estado para terminar con la escasez de agua de buena calidad y en cantidad suficiente para toda la población peruana. Las emergencias de salud como el dengue también llaman la atención al fomento de la participación ciudadana, no como actores cooptados por agentes estatales que implementan políticas o estrategias que muchas veces no tienen un diagnóstico certero de las necesidades de la población e ignoran sus legítimos reclamos y sus propuestas. El abandono estatal debe terminar. Las políticas de los diferentes sectores, articulados, deben estar dirigidos a crear condiciones de salud y bienestar para todos. Para eso están.