El 1° Juzgado Constitucional Transitorio de Lima emitió la Resolución N.º 1, de fecha 6 de noviembre de 2025, en el Expediente 10790-2024-26-1801-JR-DC-02, para resolver el pedido presentado por la parte demandante respecto a la actuación inmediata de la sentencia emitida previamente en la Resolución N.º 7 del 20 de agosto de 2025. En dicha sentencia previa se había declarado fundada la demanda de acción de cumplimiento y se había ordenado al Ministerio de Salud cumplir con la Resolución Ministerial 1024-2020/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la atención integral de personas adultas con VIH, lo que incluye garantizar el abastecimiento y la entrega gratuita de los medicamentos antirretrovirales de primera línea (Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir) a nivel nacional. 

La jueza a cargo evaluó el pedido de actuación inmediata conforme al Nuevo Código Procesal Constitucional, que permite ejecutar una sentencia de primera instancia aun cuando exista apelación, siempre que no se genere irreversibilidad y que la medida sea proporcional. También aplicó los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en el Expediente 00607-2009-PA/TC. El Juzgado concluyó que la orden de abastecer y entregar medicamentos no genera una situación irreversible, pues constituye una obligación vigente del propio Ministerio de Salud. 

Respecto a la proporcionalidad, el Juzgado determinó que cualquier carga administrativa o presupuestaria para el Ministerio es menor frente al daño grave y potencialmente irreversible para la salud y la vida de las personas con VIH si su tratamiento se interrumpe. La resolución recoge las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que advierten que incluso interrupciones breves del tratamiento antirretroviral debilitan progresivamente el sistema inmunológico y pueden generar avance de la enfermedad. Se concluye que la actuación inmediata es necesaria y adecuada para proteger derechos fundamentales. 

Como resultado, el Juzgado declaró fundado el pedido de actuación inmediata y ordenó al Ministerio de Salud cumplir la sentencia en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento. Asimismo, dispuso notificar a la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional y a CENARES, señalando que las autoridades responsables podrían enfrentar responsabilidad penal si no ejecutan lo ordenado. Con esta decisión, el mandato judicial debe cumplirse de inmediato sin esperar la resolución de la apelación.

Por Akemy Bustamante

Referencias: 

1. Expediente judicial: Resolución N.º 1, 1° Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, Expediente 10790-2024-26-1801-JR-DC-02, 06/11/2025. 
2. Organización Mundial de la Salud (OMS). Orientaciones para gestionar interrupciones en el tratamiento antirretroviral causadas por disrupciones en los servicios relacionados con el VIH, escasez de medicamentos o desabastecimiento. https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/guidance-on-handling-interruptions-in-antiretroviral-treatment-due-to-hiv-service-disruptions–drug-shortages–or-stockouts

Varios países africanos han reafirmado su posición a favor de que la información sobre patógenos con potencial pandémico se comparta exclusivamente a través del sistema global que actualmente se negocia en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, al mismo tiempo, sus gobiernos están siendo presionados por Estados Unidos para firmar Memorandos de Entendimiento (MOU) bilaterales para intercambiar datos y muestras biológicas por ayuda sanitaria.

“Visualizamos un sistema PABS que asegure que todos los materiales y la información de secuencias genéticas pasen exclusivamente por el sistema de la OMS”, señaló Zimbabwe en nombre de 50 Estados africanos ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), encargado de negociar el mecanismo de Acceso y Distribución de Beneficios por Patógenos (PABS). Este sistema, una vez acordado, formará parte del Acuerdo Pandémico de la OMS y buscará garantizar un intercambio seguro y transparente de información, además de asegurar que los países que comparten patógenos reciban beneficios como vacunas, pruebas de diagnósticos y tratamientos resultantes.

No obstante, según reportó Health Policy Watch, el gobierno estadounidense está negociando simultáneamente MOUs con varios países africanos para asegurar el acceso a información y muestras de “patógenos con potencial epidémico” a cambio de apoyo para programas de VIH, tuberculosis y malaria. Para muchos gobiernos, rechazar estas condiciones es casi imposible, pues enfrentan un aumento de muertes y enfermedades sin los recursos necesarios para adquirir medicamentos esenciales, mosquiteros y otros insumos básicos. El panorama se agrava por la reducción de apoyo financiero como la disminución de fondos para el PEPFAR y la de otros grandes donantes que podría provocar millones de nuevas infecciones por VIH y muertes asociadas entre 2025 y 2030, según un estudio publicado en The Lancet.

Los MOUs se enmarcan en la estrategia “America First Global Health Strategy”, centrada en mantener a Estados Unidos “seguro, fuerte y próspero”. Pero líderes y expertos en salud pública advierten que dispersar la información de patógenos a través de múltiples acuerdos bilaterales, en lugar de un sistema centralizado bajo la OMS, podría lentificar la respuesta global ante futuras pandemias y debilitar los principios de solidaridad y equidad que sustentan el enfoque multilateral. El Dr. Michel Kazatchkine, del Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, alertó que estos acuerdos “socavan el sistema multilateral”, otorgan la  “predominancia comercial de un solo país” y representan riesgos para la seguridad de datos y la soberanía nacional.

La crítica también alcanza el fondo de los acuerdos. Expertas como Nina Schwalbe califican los borradores de MOUs como “abuso de poder” y señalan que EE.UU. ofrece solo “un poco de ayuda por pocos años”, mientras obtiene acceso a muestras físicas y datos genéticos durante 25 años sin ningún compromiso de devolver beneficios en forma de medicamentos, pruebas de diagnósticos o vacunas. La OMS, por su parte, indicó que no ha recibido información oficial sobre estos MOUs, pero reafirmó que los Estados miembros están trabajando activamente en el desarrollo del sistema PABS como parte del Acuerdo Pandémico ya adoptado. El director general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que la “solidaridad es nuestra mejor inmunidad” y que un compromiso con el multilateralismo es esencial para proteger a la humanidad.

Por Tiana Quevedo

Referencias:

1. Health Policy Watch. African countries affirm support for multilateral pandemic agreement while under pressure to make bilateral deals with US. 2025 [cited 2025 Nov 17]. Available from:https://healthpolicy-watch.news/african-countries-affirm-support-for-multilateral-pandemic-agreement-while-under-pressure-to-make-bilateral-deals-with-us/

La III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, realizada los días 8 y 9 de noviembre en Santa Marta, Colombia, en el marco de la IV Cumbre CELAC–UE, reunió a organizaciones y movimientos para reflexionar sobre los principales desafíos regionales y aportar desde la sociedad civil a una agenda común de integración, justicia social y soberanía. Entre las organizaciones que participaron en la mesa dedicada a “Salud, soberanía sanitaria y abordaje integral ante el problema de las drogas” estuvieron el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM, por sus siglas en inglés), Global Humanitarian Progress Corporation (GHP), Misión Salud, Acción Internacional para la Salud y diversas redes enfocadas en la defensa del derecho a la salud y en la necesidad de fortalecer las capacidades sanitarias de la región.

Las organizaciones arribaron a una visión compartida: la salud es un derecho humano que debe estar por encima de cualquier interés comercial, y su garantía implica avanzar hacia una verdadera autonomía farmacéutica regional, que reduzca la dependencia de importaciones y actores transnacionales que limitan el acceso equitativo a tecnologías sanitarias. Destacaron la importancia de estrategias para lograr dicho objetivo: a) los países deben orientar sus capacidades e inversiones hacia la innovación de interés público; b) utilizar plenamente las salvaguardas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); c) impulsar políticas que aseguren la financiación y producción local de tecnologías estratégicas; d) fortalecer los mecanismos de compras públicas conjuntas; e) promover un fondo regional con participación comunitaria y potencien la cooperación entre países en investigación, producción descentralizada y regulación sanitaria. Esta visión colectiva también contempla la necesidad de avanzar hacia una agencia sanitaria regional que priorice el interés público y garantice la calidad, disponibilidad y accesibilidad de tecnologías esenciales para América Latina y el Caribe.

Este posicionamiento se vincula directamente con el documento político generado por las organizaciones convocadas por el PHM, que plantea que la autonomía farmacéutica regional es una apuesta política por la vida digna, la justicia social, la salud pública y colectiva y la autodeterminación de nuestros pueblos.   

Al final del evento, las organizaciones convocadas realizaron una jornada de articulación para seguir generando propuestas concretas sobre soberanía sanitaria, un trabajo que continúa en desarrollo. Esta sinergia reafirma el compromiso común: construir sistemas de salud más justos, autónomos y centrados en las personas, con la participación activa de la comunidad y el liderazgo de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe.

La salud mental y el estrés se han consolidado como la principal preocupación sanitaria de los peruanos, superando por primera vez a enfermedades históricas como el cáncer y la diabetes. Según el reciente Informe de Servicios de Salud de Ipsos 2025, el 44% de la población identifica la salud mental como uno de los mayores problemas, y otro 44% menciona el estrés.

Esta cifra del 44% para el estrés no solo es alta, sino que es la más elevada registrada entre los 30 países de la región estudiados, colocando a Perú como el país donde más se considera que el estrés es un problema, frente a una media global de 31%. Para Salud con Lupa, esta estadística es el retrato de un «país cansado, donde el bienestar emocional se volvió un lujo difícil de sostener,» una realidad exacerbada por la incertidumbre económica, el trabajo inestable, la violencia cotidiana y el miedo a enfermarse sin respaldo.

Esta alarmante percepción ciudadana contrasta fuertemente con la gestión del gasto público. El informe trimestral a octubre del 2025 sobre ejecución presupuestal en medicamentos de Acción Internacional para la Salud (AIS) revela que, a nivel del pliego del Ministerio de Salud (MINSA), la categoría Control y Prevención en Salud Mental aparece con un engañoso porcentaje de ejecución. 

El porcentaje de afectación presupuestal del pliego respectivo pasó del 19.83% a 42.21%, pero como  resultado de la disminución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual pasó de S/ 30,157,741 a S/ 16,261,763. En consecuencia, la tasa de ejecución aparece mucho más alta al estimarse sobre un PIM 46.09% menor.

El mismo arreglo de cifras se aplicó al pliego CENARES (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), organismo clave para la adquisición de medicamentos. El porcentaje de ejecución presupuestal en la categoría Control y Prevención en Salud Mental escaló significativamente, pasando del 14% en julio al 42.8% en septiembre. No obstante, esta aparente «mejora» se logró sobre una base presupuestal severamente mermada. El PIM para medicamentos de esta categoría en CENARES cayó de S/ 27,296,934 a finales de agosto a S/ 9,895,857 a finales de septiembre, lo que representa una drástica reducción de aproximadamente el 63.76%.

La “aceleración” en la ejecución financiera solo es consecuencia de la drástica reducción del presupuesto base, y no de una gestión eficiente que responda a la necesidad real de la población.

Por Tiana Quevedo

Referencias:

1. Ipsos. Informe de Servicios de Salud de Ipsos 2025 [Internet]. Lima: Ipsos Perú; 2025 [citado 3 Nov 2025]. Disponible en: https://www.ipsos.com/es-pe/informe-de-servicios-de-salud-de-ipsos-2025 
2. Acción Internacional para la Salud. Informe de Ejecución Presupuestal 3er Trimestre 2025 [Internet]. Lima: AIS Perú; 2025 [citado 3 Nov 2025]. Disponible en: https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2025/10/Informe_EP_3er-trimestre2025.docx.pdf 

Acción Internacional para la Salud (AIS Perú) presenta el informe titulado “Trastuzumab en Perú: monopolio renovado”, en el que analiza la competencia de biosimilares y la reducción en 94 % el precio de trastuzumab intravenoso. Sin embargo, el acceso a este medicamento esencial para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo vuelve a estar en riesgo.

Actualmente, la empresa Roche tiene el monopolio de la formulación subcutánea de trastuzumab, con patentes hasta el 2030, a pesar de que fueron rechazadas en otros países por carecer de novedad y altura inventiva. El informe advierte que este nuevo escenario podría fortalecer un monopolio y encarecer los tratamientos, afectando susostenibilidad.

AIS Perú enfatiza la necesidad de fortalecer las políticas de competencia y vigilar la rigurosidad con la que se evalúan las solicitudes de patentes para evitar exclusividades injustificadas que restringen el acceso. El caso del trastuzumab es un ejemplo emblemático de cómo las normas y reglamentos permisivos sobre protección de la propiedad intelectual pueden favorecer las estrategias monopólicas y obstaculizar el acceso a tecnologías sanitarias y, consecuentemente, el ejercicio pleno del derecho a la salud.

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El artículo publicado en Applied Health Economics and Health Policy en agosto de 2025 analiza un tema de enorme relevancia para la salud pública: el rol de la inversión pública en el desarrollo de medicamentos y cómo casi nunca se toma en cuenta cuando se negocian los precios o el reembolso de estos productos. En pocas palabras, los ciudadanos pagan dos veces: primero con sus impuestos que financian parte de la investigación científica, y luego nuevamente cuando los sistemas de salud compran medicamentos a precios elevados.

Para estudiar cómo se podría corregir esta situación, los investigadores revisaron más de dos mil documentos científicos y de literatura gris, seleccionando 28 que describen mecanismos capaces de vincular la inversión pública con decisiones de precios y reembolso. El resultado es un mapa de nueve propuestas y experiencias, algunas ya aplicadas y otras todavía en discusión, que buscan garantizar precios más justos, retornos al Estado y un uso más eficiente de los recursos públicos.

Entre las medidas más llamativas están a) acuerdos de compra anticipada, como los que se usaron durante la pandemia de COVID-19, que permitieron asegurar dosis a precios cercanos al costo de producción gracias a compromisos de financiamiento temprano; b)  uso gubernamental de patentes, recurso legal para habilitar la competencia y bajar precios; y c) los modelos que desvinculan los costos de I&D de los precios de los medicamentos, que pueden ser nuevos incentivos para la investigación y desarrollo, como premios o fondos especiales.

También se consideran mecanismos para que el sector público recupere parte del valor generado con su inversión. Por ejemplo, el cobro de regalías cuando un medicamento ha sido desarrollado en gran medida con fondos estatales, o la llamada filantropía de riesgo, implementada por organizaciones que invierten en investigación y pactan un retorno que luego se reinvierte en nuevos proyectos, como ocurrió con la Fundación de Fibrosis Quística y el fármaco Kalydeco (ivacaftor). A esto se suman las cláusulas de precio razonable en contratos de transferencia tecnológica, que buscan asegurar que el precio final guarde relación con lo invertido y con el beneficio real del medicamento.

Otro grupo de propuestas se enfoca en ahorrar costos o distribuir riesgos financieros. Entre ellas se encuentran los bonos de impacto social, que permiten que inversionistas privados asuman el riesgo de financiar proyectos y solo reciban utilidades si se cumplen los objetivos pactados, generalmente vinculados a mejorar las condiciones de los pacientes. El estudio no pretende ofrecer una receta única, sino mostrar que existe un abanico de mecanismos que pueden adaptarse a distintos contextos. Sin embargo, los autores advierten que, hasta ahora, la aplicación de estas herramientas es limitada y no existe un consenso internacional sobre cuál es la mejor manera de avanzar. Por ello, plantean la necesidad de desarrollar un marco común que oriente a los gobiernos y a las agencias de salud en la decisión de cuándo y cómo utilizar estos instrumentos.

Referencia:

García-Díaz M, Špacírová Z, García-Mochón L, Espín J, Pinilla J, Vokinger KN, et al. Mechanisms Considering Public Investment in Pricing and Reimbursement Decisions of Medicines and Other Health Technologies: A Scoping Review. Appl Health Econ Health Policy. 2025 Aug 27. doi: 10.1007/s40258-025-00994-5

Una coalición de organizaciones conformada por Health GAP, Salud por Derecho, Public Citizen, Health Justice Initiative, Acción Internacional para la Salud, Corresponsales Clave, ABIA, ITPC, Medicinas para la Gente, GHP y SANKALP ha lanzado una campaña en pro del acceso universal a lenacapavir de acción prolongada (LEN-LA), que ha mostrado casi el 100% de eficacia en la prevención del VIH, con sólo una inyección cada seis meses. Gilead, la compañía que ha desarrollado este medicamento, lo ha patentado e impuesto precios elevados, lo que limita su disponibilidad.

Asimismo, la farmacéutica tiene acuerdos con fabricantes de genéricos para producir lenacapavir y que estará disponible en el 2027 al precio anunciado de $40 por las dos dosis al año. Este producto genérico solo podrá distribuirse en los países incluidos como beneficiarios de la licencia voluntaria decidida por Gilead, pero que excluye a la mayoría de los países de Latinoamérica.

La campaña busca desafiar las barreras de propiedad intelectual impuestas por Gilead y asegurar que lenacapavir sea accesible en países con alta incidencia de VIH, como Brasil, Argentina, Perú y México, entre otros. Los activistas denuncian que las restricciones al acceso a este medicamento afectan a las poblaciones más vulnerables, como personas transgénero, trabajadores sexuales, hombres gays y bisexuales.

Para más detalles sobre esta iniciativa y su impacto global, lee el pronunciamiento completo aquí.

1. Nota de prensa del llamamiento global | Inglés
2. Nota de prensa del llamamiento global | Español
3. Nota de prensa para Perú