La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021; 10.052013) fue aprobada con la finalidad de proteger a la población peruana estableciendo pautas que podrían servir para que sobre todo la industria alimentaria, proveedores y administradores de comedores escolares ofrezcan productos que no pongan en riesgo la salud de las personas. En todo caso, establece la ley, la población debe recibir información completa y las advertencias correspondientes acerca de los componentes dañinos que pueden contener los productos que decide comprar. La información, etiquetado y publicidad de los productos deben, de acuerdo a la Ley, ofrecer dicha información y advertencias.
La Ley es clara cuando establece que “los parámetros técnicos sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas referentes al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas son elaboradas por el Ministerio de Salud vía reglamento en un plazo no mayor de sesenta días calendario contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y estarán basados en el conjunto de recomendaciones emitidas por el organismo intergubernamental en salud: Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud OMS-OPS”. Dice asimismo la ley que “ Los proveedores, administradores de kioskos y comedores escolares, así como las empresas de alimentos se adecúan a lo dispuesto en la presente ley en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la entrada en vigencia del reglamento” . La publicidad y otra disposición tienen un plazo de 120 días.
Teniendo en cuenta este y otros textos de la Ley se entiende que el reglamento que ha publicado el Ejecutivo, con la aprobación – por supuesto – del Ministerio de Salud, está contra la ley tanto en los parámetros técnicos y los plazos establecidos. Es un documento ilegal. El lobby de la industria alimentaria ha retrasado por cuatro años la aprobación del Reglamento que ahora resulta ajustado a mantener sus negocios y deja desprotegida a la población. Por eso es que diversas organizaciones de la sociedad civil incluidos los grupos de expertos en la materia rechazan el Reglamento. La Ministra de Salud debe renunciar pues no defiende la salud pública que es su encargo fundamental y ha cedido a las presiones de la industria alimentaria que tiene canales expeditos en el Ejecutivo (recordemos las historias laborales de los ministros) . Por su lado, pareciera que en el Presidente Kuczynski más pesa su carácter de lobbysta de las grandes empresas que el interés de la salud de la población.

La Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley  275/2016-CR, que declara de interés público el medicamento Atazanavir, este sería un paso previo, que de contar con el voto favorable del pleno del Congreso, daría luz verde al uso de la licencia obligatoria, reduciendo el excesivo precio que paga el Estado Peruano por dicho medicamento. Esta situación, acontece en un escenario en que el atazanavir estaría por agotarse, según el Ministerio de Salud, solo se cuenta con stock hasta junio de 2017, por ello, en el mes de abril CENARES inicio el estudio de mercado, paso previo para la compra de 757,800 tabletas (750 mil para MINSA Y 7,800 para SALUPOL) y  que representaría un gasto de aproximadamente S/.14 millones.

Ante esta situación, el mensaje del Legislativo es claro, no podemos continuar sometiéndonos a los intereses de una farmacéutica pagándole por tableta de atazanavir S/.18.76, cuanto en el mercado internacional el precio de la  versión genérica es S/ 1.40 y, los recursos para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, es limitado. 

Queda claro que tenemos que buscar otras alternativas exitosas, y dejar a tras el desentendimiento o la invención de obstáculos que han llevado en los últimos cuatro años a pagar un sobregasto de S/.75 millones a la farmacéutica Bristol Myers Squibb, único proveedor en el mercado peruano hasta el 2019. Recordar que en el 2015, el gobierno de Brasil nos donó una importante cantidad de atazanavir, mecanismo que deberíamos intentar nuevamente; recurrir al Fondo Global, que ha colocado atazanavir en 11 países a un precio promedio de $0.65 la tableta, o a  la OPS,  que a través de un novedoso mecanismo pueda resultar exitoso, donaciones y compensaciones diferenciadas que lleven al equilibrio, sería una propuesta ingeniosa, en fin; vergonzoso seria, que luego del mensaje de la Comisión de Salud, nos atrevamos a pagar 13 veces más, por puro capricho.

La Comisión de Salud del Congreso de la República pondrá en votación la aprobación del Dictamen 19-2016-2017/CSP-CR en la que se aprobaría el proyecto de ley para declarar de interés publico el medicamento atazanavir, paso previo  para la emisión de la licencia obligatoria. En manos de 12 congresista se encuentra la decisión de iniciar un proceso que ponga freno al abuso de los precios fijados a los medicamentos en monopolio, solo en el caso del atazanavir, el sobregasto en la que incurrió el Estado Peruano en los últimos cuatro años  fue más de S/.75 millones, mientras que la inversión  en salud  y la protección integral se ven limitadas por falta de recursos, como hoy se comprueba en el caso de las enfermedades raras y huérfanas. Si bien la normativa vigente deja en manos del Poder Ejecutivo declarar de interés publico los medicamentos, la propuesta del Ministerio de Salud fue bloqueada por el propio Ejecutivo con argumentos similares al que profesa la industria farmacéutica transnacional, el resultado, el proyecto de Decreto Supremo se encuentra trabado en la Presidencia del Consejo de Ministros por mas de dos años.

El Podre Legislativo a iniciativa del Congresista Cevallos y con el voto de los miembros de la Comisión de Salud, la historia puede dar un giro e iniciar un proceso de decencia en el mercado, pues se sabe que en el Perú los precios que se fijan son los mas altos cuanto el medicamento se encuentra en monopolio. 

La decisión esta en las manos de los congresistas:  

• César Vásquez 
• Estelita Bustos 
• Alejandra Aramayo 
• Rosa María Bartra
• Héctor Becerril
• Leyla Chihuan
• Milagros Salazar 
• Segundo Tapia 
• Hernando Cevallos 
• Eugenio Olivas
• Janet Sanchez 
• Yeni Vilcatoma 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil Estamos atentos a este proceso

Puede descargar el proyecto del Dictamen en la parte inferior 19-2016-2017/CSP-CR de la nota. 

Ojo Público que reune a periodistas de investigación ha lanzado un portal web denominado «La vida tiene precio» y contiene información sobre el comportamiento de farmacéuticas transnacionales y los métodos utilizados para prolongar los monopolios y mantener la comercialización de medicamentos a precios altos, como se visualiza en el aplicativo de comparador de precios en países de América Latina. En el portal se registran datos sobre las malas prácticas y las millonarias multas de 13 de las farmacéuticas transnacionales que dominan los mercados de la región.

La información divulgada es parte del complejo médico industrial orientado a ganar dinero a costa del dolor y sufrimiento de millones de ciudadanos en el mundo, recordemos la desafortunada frase del Director de Roche Korea «Nosotros no hacemos negocios para salvar vidas si no para hacer dinero, salvar vidas no es nuestro negocio», ante esta situación, y si miramos el contexto nacional en que la evidencia muestra que en Perú, en el sector público, pagamos los precios más altos de los países de América Latina, cuando el medicamento se encuentra en monopolio; ¿Qué propuestas para contener este injustificado gasto estamos implementando?, la respuesta del sector público es simplista: el libre mercado determina el precio, una lógica benevolente que termina afianzando una política de apertura comercial de más de 15 años en la que debemos asegurar una estabilidad jurídica para las inversiones…; Somos uno de los últimos países que no asume su rol protector y empieza a regular este escenario, países vecinos, incluso europeos, han implementado mecanismo para regular los precios, sobre todo aquellos de alto costo. Se hace necesario iniciar este debate e implementar mecanismos de contención como: la licencia obligatoria,  declarar de interés publico los medicamentos de demostrada seguridad y eficacia, regular los precios, entre otros.

Acceda al porta «La vida tiene precio» aquí

Una investigación publicada por David Hidalgo de Ojo Publico da cuenta de las acciones y argumentos de las farmacéuticas transnacionales por bloquear lo que debiera ser un instrumento de uso natural cuando los medicamentos se hacen inaccesibles y se pone en riesgo la sostenibilidad financiera del derecho a la salud,  refiriéndose a la licencia obligatoria. El proyecto de ley presentado por el congresista Hernando Cevallo se encuentra en fase  de sustento en la Comisión de Salud del Congreso de la República , el proyecto busca declarar de interés público el medicamento atazanavir.

La investigación da cuenta de documentos que sustentan el interés publico del atazanavir, como el informe de la Defensoria del Pueblo que sostiene «un costo exagerado o excesivo, sin una justificación razonable, puede representar una barrera de exclusión para otro tipo de atenciones» o el informe del la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas que afirma que se «estaría generando un gasto innecesario al sistema de salud».

Acceda al documento aquí

La Defensoría del Pueblo remitió al Presidente de la Comisión de Salud, el informe de adjuntía N° 14-2017-DPJAAE, en el que luego de un análisis de los hechos y de los argumentos para definir el interés publico  que invoca el uso de la licencia obligatoria, concluye:  «La declaración de interés público en el caso del medicamento antirretroviral Atazanavir, debe ser aprobada de acuerdo a lo señalado en el Proyecto de Decreto Supremo elaborado por el MINSA que declara de interés público el acceso al medicamento atazanavir».

El Ministerio de Salud ingresó el 26.01.2015 a la Comisión de Coordinación Viceministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el proyecto de Decreto Supremo que declara de interés público el acceso al medicamento atazanavir. Ha transcurrido 23 meses, se ha discutido hasta tres versiones del proyecto y finalmente las observaciones han sido levantadas por el Ministerio de Salud en Julio del 2016.  Sin embargo, el proyecto de Decreto Supremo no ha sido una prioridad para el gobierno, permitiendo que las instituciones públicas paguen por cada tableta de Reyataz 300 mg (atazanavir) de la farmacéutica BMS, dueña del monopolio, S/ 18.76 cuando el precio internacional de la versión genérica es en promedio S/2.00 según el Fondo Mundial, adquiridos por los gobiernos de Cuba, República Dominicana, Bolivia, entre otros. Sobre la versión de marca Reyataz, en el 2015 el Perú recibió una donación del gobierno de Brasil  de 500,000 tabletas, valorizando cada tableta en S/1.60. La misma marca, el mismo fabricante.

Las farmacéuticas han ejercido presión sobre al Ejecutivo, manifestando que una licencia obligatoria es una expropiación de los derechos del titular, que la  innovación de nuevas tecnologías se verían afectadas, y que desalentaría la inversión por un clima de inseguridad jurídica. Estos argumentos hacen eco en funcionarios endebles en la materia e indispuestos  para escuchar argumentos, pues se sabe que en el TLC con EEUU dentro del capitulo de Inversiones, el articulo  10.7 sobre expropiación e indemnizaciones,  numeral 5, excluye de este articulo la emisión de licencias obligatorias. El país que mas licencias obligatorias ha otorgado en el mundo es EEUU y esta posibilidad en el acuerdo se encuentra abierto. Una de las preguntas que debemos hacernos es ¿Si EEUU es el país que mas licencias obligatorias ha emitido, las inversiones se han caído?, ¿la investigación se ha paralizado?, ¿en algún país ha sucedido lo que las farmacéuticas transnacionales vaticinan aqui en el Perú?. La respuesta es NO.

Según la nota informativa Nª 087-2016-CENARES/MINSA, el stock disponibles de atazanavir es hasta junio de 2017, en tanto que en la PCM el proyecto de Decreto Supremo sigue en la sombra bajo una dilación cómplice que obligaría al Ministerio de Salud a comprar al único proveedor del mercado pagando 12 veces más que el precio internacional. El Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud  CENARES, ya inicio el proceso de adquisición por más de 750,000 tabletas;  el gasto estimado es de más de 14 millones de soles, que representan una burla a los peruanos y peruanas que cada vez encontramos menos medicamentos en el sistema de salud y precariedades por falta de financiación y priorización del gasto.

En la Compra Corporativa por subasta inversa Nª-10-2016-CENARES/MINSA-1, nuevamente  se posterga el otorgamiento de la buena pro. La compra se inició el 30 de diciembre del 2016  y se esperaba que  termine en febrero de 2017; sin embargo, por cuarta vez se ve postergada su finalización hasta el 12 de mayo del presente; Este retraso tendrá un efecto negativo en el abastecimiento de 240 medicamentos para más de cien instituciones púbicas involucradas, como MINSA, EsSalud, PNP, Gobiernos Regionales y Locales.

Es incomprensible que un modelo de subasta inversa,  ideado para que  la compra se realice entre 07 y 30 días, termine siendo mal gestionado, incomprendido o simplemente manipulado, resultando en un proceso ineficiente; van más de 120 días de retraso. 

Hay responsables de esta falta de previsión e ineficiencia. Responsables del desabastecimiento y del impacto negativo en los pacientes que necesitan los medicamentos. Responsables  por el sobreprecio que se pagará debido a las compras directas que dará lugar este retraso.

China, 01.05.17. Abogados y científicos de la Iniciativa para Medicamento, Acceso y Conocimiento  (I-MAK) lograron se rechace la patente a la pro droga del medicamento Sofosbuvir. Así fue confirmado por la junta de reexamen de la oficina de patente de China que negó la apelación de Gilead  a la patente que se había sido rechazada en junio de 2015.

 El sofosbuvir es utilizado para el tratamiento y cura de la hepatitis C, infección que mata a unas 700,00 personas cada año. El rechazo de la solicitud de patente de la  pro droga debilita significativamente la dependencia en Gilead por patentes injustificadas. Ahora el nuevo reto de I-MAK que tendrá una repercusión en el mundo, es la demanda legal contra la patente restante que cubre el compuesto base de sofosbuvir y que se fundamenta en técnicas previamente publicadas y no cumple con los criterios legales de una patente. 

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La compra corporativa SIEC-SIP-11-2016-CENARES/MINSA-1  se inició el 30 de diciembre del 2016, y estaba programado culminar en febrero de 2017. Sin embargo, la falta de previsión con la nueva ley de contrataciones no  ha permitido que el proceso se cierre a pesar de haberse otorgado la buena pro el 17 de abril y que dejó 12 ítems en suspenso por haberse adjudicado a un valor mayor que lo presupuestado; las instituciones públicas  involucradas debieron certificar el presupuesto adicional, lo que no se habría realizado y el proceso aún sigue en suspenso. Lo cierto es que a la fecha, ningún proveedor de los 49 medicamentos oncológicos que debieron comprarse han sido notificados mediante el portal del SEACE como manda la Ley de contrataciones. En consecuencia, no hay contratos firmado y no habrá entregas en los hospitales.

Este proceso de compra involucra a 36 instituciones públicas; entre ellas EsSalud, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud y Gobiernos Regionales. Este hecho se suma a lo que viene sucediendo en la compra corporativa N°010-2016-CENARES/MINSA para 240 medicamentos y la compra corporativa N°009-2016-CENARES/MINSA para 132 medicamentos. Ambos procesos son para abastecer a los hospitales por un periodo de 24 meses, y la buena pro se viene postergando por más de 60 días. Esperemos que los precios a los que se adjudiquen estos medicamentos no sean mayores a lo presupuestado;  de lo contrario, entraremos en fase de «suspensión» como sucede con los oncológicos donde el proceso burocrático de sustentar mayor presupuesto, acompañado de desconfianza y la falta de determinación de quienes deben gestionar el sistema de salud, terminan por ahondar la crisis que hoy tenemos en los servicios de salud donde solo se respira desesperanza.

El Estado debe evaluar esta situación y corregirla. Las compras corporativas no son situaciones nuevas, tampoco las compras en emergencia como sucedió a finales del 2016 cuando el Ministerio de Salud solicitó S/.103 millones para resolver el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos y solo pudo gastar alrededor de S/.28 millones. El  resto tuvo que transferirlo a las órganos ejecutores para saldar deudas pasadas y que finalmente no terminaron por resolver  el desabastecimiento. ¿Tenemos a los mejores técnicos para gestionar las compras del Estado?, ¿Hasta cuándo la falta de previsión seguirá siendo una barrera para asegurar el acceso oportuno?, ¿Hasta cuándo un sistema de salud indolente?

Descargar:

• Acta de buena pro
• Fecha de inicio de proceso 11 Cenares
• Resumen Ejecutivo
• Lista de medicamentos en suspenso