Ministra de Salud, Patricia García Exigimos el uso eficiente de los recursos públicos y hacer uso de la licencia obligatoria ya

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes denunciamos repetidas veces el excesivo precio que el Ministerio de Salud ha venido pagando por el medicamento Reyataz® (atazanavir) de la farmacéutica Bristol Myers Squibb, único proveedor en el mercado, cuyo precio por tableta es  de S/. 18.76, mientras que la versión genérica en el mercado internacional puede llegar a S/1.40. El Fondo Global, que opera también en el Perú, ha financiado este medicamento en diferentes países como Nicaragua, República Dominicana, Georgia, Bolivia, entre otros, al precio promedio de S/1.90.

Por información del Ministerio de Salud, el stock de este medicamento se agota en junio de 2017 y, al igual que en el 2016, pareciera que se espera una urgencia similar para justificar una compra de más de S/.15 millones cuando podría haber gastado poco más de S/1.5 millones. El proceso de compra para este año ya se inició con el  estudio de mercado, y estaríamos próximos a gastar poco más de S/.14 millones.

Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil exigimos a la Ministra de Salud hacer eficiente uso de los limitados recursos públicos, buscando las alternativas de abastecimiento posibles dado el tiempo límite, como las donaciones de países u organizaciones internacionales; asimismo, exigimos soluciones sostenibles y eficientes como aplicar la licencia obligatoria que por más de dos años viene postergándose en el Ejecutivo con argumentos injustificados. La crisis en el sistema de salud exige soluciones.

La Comisión de Salud del Congreso de la Republica ha iniciado el camino de la licencia obligatoria, con un mensaje claro de no continuar pagando precios excesivos que afecta el acceso a los medicamentos para todos y todas, poniendo en riesgo el derecho a la salud  y  agudizando la crisis existente en el sistema.

Los ciudadanos y ciudadanas exigimos un trato digno y un sistema de salud que responda eficientemente cuando es requerido, garantizando el derecho a la salud para todos y todas.

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