La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes (Ley N° 30021; 10.052013) fue aprobada con la finalidad de proteger a la población peruana estableciendo pautas que podrían servir para que sobre todo la industria alimentaria, proveedores y administradores de comedores escolares ofrezcan productos que no pongan en riesgo la salud de las personas. En todo caso, establece la ley, la población debe recibir información completa y las advertencias correspondientes acerca de los componentes dañinos que pueden contener los productos que decide comprar. La información, etiquetado y publicidad de los productos deben, de acuerdo a la Ley, ofrecer dicha información y advertencias.
La Ley es clara cuando establece que “los parámetros técnicos sobre los alimentos y las bebidas no alcohólicas referentes al alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas son elaboradas por el Ministerio de Salud vía reglamento en un plazo no mayor de sesenta días calendario contado a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y estarán basados en el conjunto de recomendaciones emitidas por el organismo intergubernamental en salud: Organización Mundial de la Salud – Organización Panamericana de la Salud OMS-OPS”. Dice asimismo la ley que “ Los proveedores, administradores de kioskos y comedores escolares, así como las empresas de alimentos se adecúan a lo dispuesto en la presente ley en un plazo no mayor de sesenta días contado a partir de la entrada en vigencia del reglamento” . La publicidad y otra disposición tienen un plazo de 120 días.
Teniendo en cuenta este y otros textos de la Ley se entiende que el reglamento que ha publicado el Ejecutivo, con la aprobación – por supuesto – del Ministerio de Salud, está contra la ley tanto en los parámetros técnicos y los plazos establecidos. Es un documento ilegal. El lobby de la industria alimentaria ha retrasado por cuatro años la aprobación del Reglamento que ahora resulta ajustado a mantener sus negocios y deja desprotegida a la población. Por eso es que diversas organizaciones de la sociedad civil incluidos los grupos de expertos en la materia rechazan el Reglamento. La Ministra de Salud debe renunciar pues no defiende la salud pública que es su encargo fundamental y ha cedido a las presiones de la industria alimentaria que tiene canales expeditos en el Ejecutivo (recordemos las historias laborales de los ministros) . Por su lado, pareciera que en el Presidente Kuczynski más pesa su carácter de lobbysta de las grandes empresas que el interés de la salud de la población.