La administración Biden ha determinado que tiene autoridad para confiscar las patentes de medicamentos de alto precio, una medida que podría abrir la puerta a una campaña federal agresiva para reducir los precios de los medicamentos.

Para la administración Biden es viables romper las patentes de medicamentos costosos que se desarrollaron con fondos públicos, en un esfuerzo por crear más competencia y precios bajos. Sobre esto, el Departamento de Comercio buscará la opinión del público que es el más afectado y de esta manera enfrentar la fuerte oposición de las compañías farmacéuticas que argumentaran  que es ilegal que el gobierno se apodere de sus patentes, desincentivando el desarrollo de nuevos medicamentos.

Referencias:

1. Politico. Biden administration asserts authority to seize certain drug patents [Internet]. 2023 Dec 6 [cited 2025 Mar 6]. Available from: https://www.politico.com/news/2023/12/06/biden-admin-authority-seize-certain-drug-patents-00130452

La pandemia evidenció la disparidad entre países ricos y pobres en la adquisición de vacunas, considerada un «fracaso moral catastrófico»[1] por la Organización Mundial de la Salud, por lo que los países más pobres buscan volverse más autosuficientes tras la experiencia de depender de otros productores.

En Sudáfrica, la lucha se centra en la bedaquilina, crucial para tratar formas resistentes de tuberculosis. Activistas han protestado contra los esfuerzos de Johnson & Johnson para proteger su patente, lo que llevó a la retirada de esta en más de 130 países después de investigaciones sobre políticas de precios. En Colombia, el gobierno está en proceso de emitir una licencia obligatoria para el medicamento contra el VIH dolutegravir, desafiando a la farmacéutica Viiv Healthcare.

Aunque estos movimientos son considerados positivos, algunos expertos enfatizan la necesidad de cambios más profundos para que los países pobres produzcan sus propios medicamentos y vacunas. La experiencia pasada de Sudáfrica durante la epidemia del VIH, donde la suspensión de patentes permitió un acceso más amplio a los medicamentos, sirve como ejemplo. Sin embargo, se señala que las leyes de propiedad intelectual en Sudáfrica aún no han cambiado lo suficiente, facilitando a las farmacéuticas adquirir patentes.

A pesar de los desafíos, la lucha contra las grandes farmacéuticas es vista como un paso crucial para lograr la igualdad en el acceso a tratamientos y vacunas en África y otros países en desarrollo.

[1]https://apnews.com/article/bedaquiline-dolutegravir-tuberculosis-hiv-south-africa-0f6de15ea57279b699c147c015b23c02

La pandemia del COVID-19, además de haber mostrado las brechas existentes en los sistemas de salud, financieros y de desarrollo tecnológico entre países pobres y ricos para responder de manera eficiente, también mostró la debilidad de la gobernanza global, sus instituciones e instrumentos para contenerla.

Es así que, el Reglamento Sanitario Internacional (2005) que es un instrumento técnico diseñado para contener las emergencias de salud pública de importancia Internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) actualmente se encuentra en revisión y, los países miembros de la OMS han propuesto más de 300 enmiendas la mayoría de ellas relacionadas a la equidad y la transparencia. De otro lado, a solicitud de los países, en el 2021 la OMS creó el Órgano de Negociación Intergubernamental (INB por sus siglas en inglés) con el propósito de negociar un nuevo acuerdo, convenio u otro instrumento para la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, comúnmente llamado “Tratado Pandémico”, este instrumento ya tiene un texto borrador que sería discutido en la séptima reunión del INB a llevarse a cabo entre el 06 y 10 de noviembre del presente año. Se espera que ambos documentos sean complementarios y proporcionen los mecanismos para prevenir y responder de mejor manera a las amenazas de salud pública de carácter internacional.

En setiembre último se llevó a cabo en New York la Asamblea General de las Naciones Unidas, uno de los puntos de agenda fue la reunión de alto nivel sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias, este proceso fue duramente criticado por 11 países quienes dirigieron una carta al presidente de la asamblea expresando su profunda preocupación sobre la falta de voluntad de un grupo de países desarrollados por lograr compromisos significativos, buscando incluso recurrir a una especie de veto para impedir la discusión de temas que son de preocupación de los países en desarrollo. Este escenario seria la premonición de una negoción tensa entre los intereses de los países pobres y ricos.

Las organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo  vienen analizando los textos de negociación del Tratado Pandémico, y una de las conclusiones a la que se llega es que el documento tal como está redactado no resolvería los problemas de fondo durante una pandemia, la equidad no es entendida de la misma manera entre países pobres y ricos, además  el documento genera obligaciones sobre algunos puntos como el de reportar a la OMS secuencias genéticas de patógenos que representen una potencial amenaza (clave para el desarrollo de futuras vacunas), sin considerar las brechas de recursos tecnológicos, infraestructura y personal capacitado de los países pobres, de otro lado, el documento es declarativo para los temas neurálgicos como la transferencia de tecnología, la liberación de conocimiento protegido por  los derechos de propiedad intelectual como las patentes o el fortalecimiento de los sistemas de salud. El documento también minimiza las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que no es otra cosa que reconocer las brechas existentes de nuestros países al momento de adquirir compromisos, en términos generales, el documento profundizaría las brechas existentes.

Una debilidad en el proceso de negociación es la participación individual o fragmentada de nuestros negociadores para colocar y discutir temas de importancia para nuestros países. Los intereses comunes de los países del sur deben ser llevados a la mesa de negociación de forma coordinada y articulada para tener la fuerza suficiente, como lo hacen los países del África, un aspecto en el cual debemos reflexionar.

Se prevé que la negociación del Tratado Pandémico concluya en mayo de 2024, aunque lo más probable es que este plazo se amplie, aún falta mucho para lograr un instrumento eficiente que reduzca las inequidades y proporcione la solvencia a los países para la prevención y respuesta a futuras pandemias.

La pandemia del COVID-19 mostró una vez más que la apropiación de los conocimientos a través de patentes y otras protecciones de la propiedad intelectual, es un serio obstáculo para distribuir equitativamente las herramientas para enfrentar problemas sanitarios: pruebas diagnósticas, medicamentos, vacunas, equipos de protección personal y de soporte clínico entre otros.

Las patentes crearon monopolios que decidieron cómo y adónde llegaban las vacunas. Los países ricos fueron los primeros en beneficiarse; tenían contratos adelantados de compra y podían pagar fácilmente los altos precios impuestos por las farmacéuticas acaparando cantidades de dosis más allá de lo que necesitaban. A enero 2023, África sólo tenía el 35 % de su población con al menos una dosis.  Las grandes empresas farmacéuticas impusieron precios altos y contratos abusivos a todos los países compradores que actuaron individualmente y sin iniciativas para articular compras conjuntas al lado del fracaso de los organismos multilaterales por lograr una distribución equitativa, incluido el mecanismo COVAX/OMS. Las empresas maximizaron el lucro: el 2022 Pfizer facturó más de US$ 100 mil millones; su vacuna contra el COVID-19, aportó con más de 37 mil millones. El beneficio neto de la empresa en ese año fue más de US$ 31 mil millones, cinco veces el presupuesto del MINSA Perú del 2022. 

Las patentes afectan el desarrollo de la ciencia al otorgar exclusividad sobre el uso de conocimientos que impide a otros avanzar sobre ellos. El esfuerzo científico colaborativo, la ciencia abierta, no está en los planes de la gran industria farmacéutica. Con las patentes, las posibilidades de escalar la producción de tecnologías sanitarias son restringidas, circunstancia de extrema gravedad cuando se trata de herramientas efectivas. En plena pandemia, los países del norte, sede de las empresas titulares de las patentes se opusieron tenazmente a la suspensión de las patentes solicitada por más de 100 países en la Organización Mundial de Comercio (OMC) que luego de casi dos años de discusiones, tomó una decisión decepcionante, rechazando la solicitud y “facilitando” la aplicación de licencias obligatorias y otros mecanismos que ya existían en los tratados globales que rigen la propiedad intelectual. Todo parece indicar que en próximas pandemias u otras emergencias esa será la pauta. Para la gran industria la propiedad intelectual no se toca.

Las grandes empresas controlan los procesos de investigación y desarrollo (I&D) de tecnologías sanitarias, creando y fortaleciendo exclusividades de uso de los conocimientos que se adquieren por múltiples esfuerzos individuales y colectivos, incluido el financiamiento público, con consecuencias desastrosas para la salud pública global. Las nuevas tecnologías sanitarias disponibles a precios monopólicos solo llegan a quienes pueden pagarlos.  El conocimiento secuestrado impide el ejercicio pleno del derecho de todas las personas a gozar de los beneficios que resultan del progreso científico y que los estados deben garantizar.    

La desarticulación de los países del sur para enfrentar la pandemia del COVID-19 debe ser superada en la preparación para próximas emergencias globales y regionales. El Perú debe fortalecer la articulación con otros países de la región de América Latina y el Caribe tendiendo puentes con otras regiones del sur global para ampliar la capacidad de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y para absorber transferencias tecnológicas que incrementen las capacidades de producción farmacéutica. La OMS/OPS deben facilitar el desarrollo de iniciativas en dichos campos para la creación de centros regionales de I&D y de producción de tecnologías farmacéuticas. Esto permitirá tener una agenda propia que responda a los requerimientos de la salud pública regional que no es el interés de las grandes farmacéuticas que controlan el mercado farmacéutico mundial. Asimismo, los organismos de integración regional y sub regionales deben establecer órganos y procedimientos que activen respuestas conjuntas de los países. Actualmente hay problemas con el dengue, entre otros, en varios países de la región que permitiría ensayar ese tipo de respuestas.

Más información en: www.redge.org.pe 

Artículo publicado en La República el jueves 26.10.2023 | Año 42 | Número 15.267

La «Arvac Cecilia Grierson» se presenta como una vacuna de refuerzo contra las actuales variantes del coronavirus. Su llegada es oportuna, ya que aborda dos importantes cuestiones: la reivindicación del rol estatal en la ciencia, que había sido objeto de debate por la oposición, y la necesidad de abordar una situación sanitaria crítica, dado que el 90% de los fallecidos por COVID-19 en 2023 no se habían inmunizado o no habían recibido su refuerzo a tiempo.

Esta vacuna es un hito significativo, ya que es la primera desarrollada completamente en Argentina, habiendo demostrado seguridad y eficacia en 2.094 personas voluntarias. Además, ya se han producido casi un millón de dosis y está lista para ser distribuida en el país. Esto marca un cambio importante, ya que Argentina pasará de importar a exportar vacunas en una región donde la pandemia sigue siendo un desafío, especialmente con la aparición de nuevas variantes.

La tecnología utilizada para crear la Arvac es un ejemplo destacado de la inversión estatal en la ciencia y la tecnología. El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, subraya que esto no solo permitirá a Argentina reducir la dependencia de la importación de vacunas, sino también abrir la puerta para el desarrollo de vacunas contra otras enfermedades y la posibilidad de exportar esta tecnología.

La Arvac es una vacuna bivalente que combate las variantes Gamma y Ómicron del virus, y su desarrollo es resultado de una colaboración exitosa entre el Conicet, la Universidad Nacional de San Martín y el Laboratorio Cassará, que involucró a más de 600 profesionales. En un momento en el que se cuestiona el papel del Estado en la ciencia, este logro destaca la importancia de la investigación básica y la inversión en ciencia y tecnología para garantizar la soberanía sanitaria y el progreso científico y tecnológico. Además, la Arvac presenta la ventaja de poder actualizarse rápidamente en caso de ser necesario y se puede almacenar a temperaturas convencionales, lo que facilita su distribución y administración.

La creación de la vacuna Arvac es un ejemplo de cómo la colaboración entre diferentes sectores y la inversión en ciencia y tecnología pueden tener un impacto positivo en la sociedad. Argentina se posiciona como un país con la capacidad de fabricar tecnologías innovadoras para combatir el COVID-19 y otras enfermedades, lo que resalta la importancia de la ciencia y la tecnología en la sociedad actual.

Más información: https://www.pagina12.com.ar/599436-hito-cientifico-presentan-la-arvac-la-vacuna-100-por-ciento-

El 7 de febrero de 2021, las primeras 300,000 dosis de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19 arribaron a Perú, inyectando esperanza en una nación previamente devastada por la pandemia, con un saldo de 42,000 vidas perdidas hasta ese momento. No obstante, la crisis resaltó las carencias en la preparación y respuesta de Perú, así como las disparidades en el acceso global a información, medicamentos y vacunas.  

Las naciones desarrolladas, como Estados Unidos y Rusia, aprovecharon su capacidad financiera y sus inversiones en el desarrollo de vacunas para asegurarse un acceso temprano, relegando a países con ingresos medianos y bajos. Mientras que México, Chile, Costa Rica y Argentina comenzaron la vacunación en diciembre de 2020, Perú ocupó el noveno lugar en América Latina y el Caribe en iniciarla. La falta de solidaridad en la distribución de vacunas puso de manifiesto las inequidades en el acceso a estas soluciones esenciales.  

En respuesta a esta problemática, se estableció un Órgano de Negociación Intergubernamental en una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud en diciembre de 2021, con el propósito de redactar un tratado pandémico. Este tratado busca asegurar la equidad en el acceso a las herramientas para combatir pandemias y establecer un enfoque integral de la salud que reconozca la interdependencia entre la salud de las personas, los animales y el planeta. El tratado pandémico se plantea como vinculante, lo que implica que los países deberán acatar las disposiciones acordadas. Sin embargo, las negociaciones enfrentan desafíos debido a los divergentes intereses nacionales y la resistencia de las grandes compañías farmacéuticas a ceder patentes en situaciones de emergencia sanitaria.  

Hasta la fecha, Perú no ha divulgado detalles sobre su participación en estas negociaciones, ya que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso está en curso. Organizaciones de la sociedad civil hemos expresado nuestro interés en la transparencia de las negociaciones gubernamentales, dado que este es un asunto de interés público, consideramos fundamental la participación de académicos, investigadores y profesionales de la salud para lograr un consenso en este asunto.    

Más información: https://saludconlupa.com/noticias/el-mundo-negocia-un-tratado-para-responder-a-futuras-pandemias-por-que-es-importante/

Colombia ha reafirmado su compromiso con la salud pública al tomar medidas para garantizar el acceso a medicamentos esenciales, como el Dolutegravir, un antirretroviral crucial para el tratamiento del VIH cuyo acceso se encontraba limitado por el alto precio que se le imponía por estar patentado.

El 2 de octubre de 2023, el Ministerio de Salud de Colombia emitió la declaración de interés público para el Dolutegravir a través de la Resolución 1579, esta declaración habilita el uso de la licencia obligatoria, instrumento que busca equilibrar el interés público con los derechos del titular de las patentes. Actualmente, el medicamento tiene un costo de USD$95,07, pero adquiriéndolo en su versión genérica a través del Fondo Estratégico de la OPS, el costo se reduce drásticamente a USD$2,63.

La Resolución 1579 establece un período de 10 días para que las partes interesadas presenten recursos de reposición antes de que el trámite sea remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, responsable de otorgar la licencia obligatoria al Ministerio de Salud. Este último planea comprar el medicamento a través del Fondo Estratégico de la OPS, lo que se traduciría en un ahorro sustancial de aproximadamente USD$44.490.737 para el sistema de salud colombiano en 2023.

Además, de declarar la existencia de razones de interés público para someter la patente del Dolutegravir a licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental, también indica se notifique a los titulares de la patente y a los titulares de registro sanitario VIIV HEALTHCARE COMPANY, SHIONOGI & CO.LTD y GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A.  

Lee la resolución completa aquí: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1579-de-2023.pdf

En los últimos años, varios países de América Latina y el Caribe han implementado programas de profilaxis preexposición (PrEP) contra el VIH, y entre 2020 y 2022, el número de usuarios se triplicó. Sin embargo, los progresos en la región son lentos, y la mayoría de las personas que podrían beneficiarse de esta estrategia aún no acceden a ella, especialmente en poblaciones vulnerables. Según expertos, se necesita un mayor esfuerzo en la planificación de la cobertura y la identificación de personas elegibles para la PrEP.

La PrEP es una estrategia preventiva recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir la posibilidad de infección por VIH en personas sin el virus. Aunque se ha aumentado el número de usuarios en la región, la disponibilidad sigue siendo desigual y afecta principalmente a países como Brasil, Guatemala, Haití y México.

La controversia surge debido a la interpretación de datos por parte del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), que afirmó un aumento del 55% en la disponibilidad de PrEP en América Latina desde 2021. Sin embargo, activistas argumentan que este aumento es insuficiente dado el gran número de personas elegibles.

Además, la PrEP todavía enfrenta barreras como el estigma, la falta de información y la discriminación, especialmente en poblaciones como las mujeres cisgénero. Se necesita un enfoque más amplio y una mayor conciencia sobre la PrEP como herramienta de prevención en la región.

La introducción de la PrEP inyectable de acción prolongada podría ser prometedora para aumentar la utilización de esta estrategia. Sin embargo, su disponibilidad podría verse limitada por cuestiones económicas, ya que es un tratamiento costoso y su acceso en la región podría retrasarse.

Más información aquí: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5911416?icd=login_success_email_match_norm#vp_1