Para el gobierno peruano, adquirir medicamentos en las condiciones más convenientes, requiere utilizar estrategias que aprovechen las ventajas tanto del mercado global como del local. La compra internacional es una de ellas y demuestra su pertinencia y eficiencia para mejorar el acceso a los medicamentos, a pesar de las críticas que recibió. En el caso de raltegravir, redujo el precio en más del 50% de la marca innovadora.
Lima, Perú, 24.03.2021. Como va, la vacunación contra la COVID 19 no va a lograr detener la pandemia. Para ser efectiva debe inocularse a la población mundial en el menor tiempo posible para alcanzar la inmunidad comunitaria. Pero las desigualdades de la distribución de las vacunas entre los países hacen cada vez más improbable alcanzar dicha inmunidad; más aún cuando nuevas oleadas de la enfermedad golpean a todos los países.
“Las desigualdades en la distribución mundial de vacunas escasas, la lentitud del proceso de vacunación, la débil certeza de que la vacuna evite la infección y sólo proteja de formas severas de la enfermedad, las permanentes mutaciones del virus, la baja efectividad de algunas vacunas, la incertidumbre sobre el tiempo efectivo de protección del antídoto, la inexistencia de vacunas para niños, da lugar a una disminución de las probabilidades de alcanzar la inmunidad de rebaño; por lo menos al corto y mediano plazo. El virus va ganando.”
Las gigantescas ganancias que harán este y los próximos años, su escalamiento en el escenario empresarial mundial está cegando a los monopolios que impiden una masiva producción de vacunas y da tiempo al virus a que mute, se vuelva más contagioso, más letal y las vacunas sean probablemente menos efectivas. Nos están empujando a un desastre de dimensiones planetarias. Monopolios farmacéuticos y sus países sede, cierran filas para mantener reglas de propiedad intelectual, férreas barreras al acceso a tecnologías sanitarias, incluyendo medicamentos y vacunas.
Más de 120 países de la Organización Mundial de Comercio (OMC) apoyan una propuesta para suspender los derechos de propiedad intelectual (patentes, diseños industriales, copyright, información no divulgada), considerados en el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Los países ricos se oponen. El representante de Sudáfrica sentenció: “el mundo necesita desesperadamente soluciones. No puede haber negocios como siempre. Este es un asunto de vida o muerte. Hay gente muriendo mientras hablamos”.
Lima, 11.03.2021. Las estimaciones del número de dosis que podemos recibir en el Perú deja la impresión que para la mayoría, la vacuna está lejos. Las vacunas contra el SARS- CoV-2 son escasas; no alcanzan para todos los que quieren comprar. La producción está limitada a las capacidades de las grandes empresas farmacéuticas que no van a poder satisfacer oportunamente la demanda. El virus no da tiempo y el proceso de vacunación mundial, para ser efectivo, debe hacerse lo más rápido posible. Teniendo contratos cerrados por 48 millones de dosis, el gobierno peruano se esfuerza por acelerar el cierre de tratos para lograr un ingreso sostenido de vacunas para lograr la vacunación de 22.2 millones de personas para empezar a controlar la pandemia en un contexto donde los países más pobres van quedando rezagados en el inicio y sostenimiento de sus planes de vacunación contra la COVID 19. Es el “sálvese quien pueda” global
El Consejo del ADPIC, de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibió el 2.10.2020 una comunicación de India y Sudáfrica expresando que los “derechos de propiedad intelectual como las patentes, copyright y protección de información no divulgada no deben crear barreras para el acceso oportuno y asequible a los productos médicos incluyendo vacunas u obstáculos para escalar en la investigación y desarrollo , fabricación y suministro de productos esenciales para combatir la COVID-19”. Reconocen asimismo que algunos países miembros de la OMC han hecho enmiendas a sus leyes de patentes para facilitar por ejemplo, el otorgamiento de licencias obligatorias. Se conoce que Alemania, Canadá, Chile, están entre esos países.
India y Sudáfrica sostienen que es necesario un movimiento solidario global que permita compartir la tecnología y el know-how de tal modo que se controle la pandemia lo más pronto posible. La moción que presentan los mencionados países pide a todos los países miembros de la OMC exceptuar la aplicación de las secciones del ADPIC sobre derechos de autor y derechos conexos, dibujos y modelos industriales, patentes y protección de la información no divulgada. La excepción solicitada debe “continuar hasta que la vacunación se haya extendido globalmente y la mayoría de la población mundial haya desarrollado inmunidad”.
UNITAID, organismo relacionado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se dedica a facilitar el suministro de medicamentos para VIH, la TB y la Malaria entre otras enfermedades, se ha mostrado a favor de la propuesta y una campaña mundial interpela a los países miembros de la OMC a apoyar la moción de Sudáfrica e India, al mismo tiempo que organizaciones de sociedad civil también muestran su adhesión a la propuesta.
¿Cuál es la posición del Perú frente a esta moción?. ¿Y los otros países de América Latina?
En notas anteriores mostramos que la declaración de la OMS (mayo2020) sobre la vacuna para la COVID-19 como “bien público mundial” iba perdiendo posiciones hasta convertirse en una frase vacía, un sueño que países ricos y otros menos ricos no compartían más que en el papel. La carrera individualista de muchos países para comprar la vacuna para “sus” ciudadanos ha pisoteado una propuesta que propiciaba un cambio de la forma fragmentada con la que se está respondiendo a la epidemia: cada país hace lo que puede y de acuerdo a los recursos con los que cuenta. La COVAX FACILITY, co-liderado por la OMS, GAVI y CEPI también ha debilitado la mencionada declaración al ofrecer el 50% de sus vacunas al mejor postor, sin consideraciones epidemiológicas y de equidad; sólo guiado por el “quien da más”.
El Perú está en su carrera particular para conseguir una vacuna “lo más pronto posible”, dejando a un lado las consideraciones de que esta pandemia debe enfrentarse articulando los esfuerzos de todos los países para tener una distribución equitativa, oportuna y de acuerdo a criterios epidemiológicos de todas las herramientas para responder al COVID-19, incluida la vacuna.
Declaraciones oficiales afirman que alguna vacuna estaría aplicándose en el país en el primer o segundo trimestre del 2021. ¿Cómo ha llegado el gobierno a determinar esa fecha si todavía los proyectos de vacunas más avanzados son objeto de pruebas clínicas?. Una política de transparencia obliga al gobierno a mostrar los contratos con empresas farmacéuticas que le permite dar esos plazos. Y no es aceptable la excusa de la confidencialidad. Son dineros públicos los que se están comprometiendo y es la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas que está en juego. ¿Qué precios se ha comprometido a pagar el gobierno por cada dosis de vacuna?. El secretismo de estos contratos sólo beneficia a las empresas que imponen precios de manera arbitraria, y para ello lo mejor es que un cliente no se entere de las condiciones que se han acordado con otros. Negocios como siempre.
¿Qué lugar ocupa el Perú en la fila por la vacuna?. Nadie sabe. El gobierno debe ser consciente que las empresas con las que ha firmado o está por firmar contratos tienen limitadas capacidades de producción y han comprometido ya mucha de su futura producción a países como Estados Unidos y la Unión Europea, además de Japón y el Reino Unido, entre otros. La fila es larga y es iluso pensar que estaremos en los primeros lugares. ¿Cuáles son los plazos de entrega y cantidades de vacuna que se recibirán de acuerdo al contrato o contratos firmados?. Un asunto que debe ser comunicado a la ciudadanía, tomando en cuenta que el gobierno, insistimos, se ha atrevido a dar plazos de inicio de la vacunación.
Por otro lado, el gobierno no sabe si la vacuna por la que firma contratos de compra adelantada será efectiva, probando por ejemplo que el 50% o más de las personas vacunadas generan anticuerpos contra el SARS-COV2. ¿Los contratos han considerado cláusulas correspondientes al fracaso de la vacuna que todavía está en fase de ensayo clínico?, ¿Cuál es el destino en este caso del pago adelantado? ¿O se está compartiendo el riesgo con las compañías, que significa que los compradores están financiando el desarrollo de la vacuna?. Mucho que explicar.
Recordemos que la vacuna contra el dengue, aprobada en 2016, no ha tenido la efectividad esperada. Se llegó a establecer en 2018 que puede ser efectiva en personas que han tenido previamente la enfermedad pero en quienes no la tuvieron, incrementaría la ocurrencia de formas severas. El apresuramiento por aprobar una vacuna puede llevarnos del sueño triunfante a una pesadilla con graves consecuencias para la población. Cautela y decisiones basadas en la ciencia es el camino antes que declaraciones de corte político.
“Lo primero, no hacer daño” es el antiguo principio que debe regir todas las intervenciones médicas. Es necesario asegurar que la vacuna no produce efectos adversos graves para lo que el gobierno y sus organismos técnicos que aprueban el registro sanitario de tecnologías sanitarias deben acceder a todos los detalles de las pruebas clínicas que se han realizado y las revisiones científicas a las que han sido expuestas, con total apertura de los datos correspondientes. Los contratos de adquisición tienen que estipular las responsabilidades de los productores de la vacuna en relación a las reacciones adversas graves que requieren atención médica o indemnizaciones por muerte o daños irreparables. Los países de la Unión Europea, evalúan compensar a los fabricantes en caso ocurran reacciones adversas serias con el argumento que están apresurando a las compañías farmacéuticas a poner las vacunas al más corto plazo; las empresas farmacéuticas presionan para ser exonerados de responsabilidad.
Recordemos que la Fase III de un ensayo clínico se hace en algunas decenas de miles de personas, dependiendo del tipo de medicamentos o vacuna. Es el caso de las candidatas a vacuna para el SARS-CoV-2. Es probable que en dichos ensayos no se identifique ninguna reacción adversa moderada o grave, pero cuando se aplica a cientos o miles de millones como ocurrirá con la vacuna anti COVID se abren las posibilidades que aparezcan dichas reacciones que obliguen a tomar decisiones para proteger la integridad de las personas. Esto significa que el gobierno, tanto como las empresas fabricantes deben contar con un sistema de notificación de reacciones adversas rápidamente asequible a todos los lugares de aplicación de la vacuna, tanto en el sistema público y privado de salud. Las vacunas son una de las herramientas de salud más costo-efectivas, y es necesario evitar que las urgencias de la pandemia lleve a la aprobación apresurada de vacunas que no son seguras y que podrían desacreditar esta importante herramienta.
“No podemos permitir un enfoque monopólico sobre la propiedad intelectual para tratamientos y vacunas, ni mantener un sistema que pone las ganancias antes que la vida de la gente” (Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA)
Países pobres están preocupados porque no podrán acceder a las vacunas para el SARS-CoV-2 si es que las grandes compañías farmacéuticas mantienen precios altos. Un grupo de países liderado por Sudáfrica, Pakistán y Senegal están presionando para que se limite la protección intelectual de las vacunas que resulten efectivas. Sin embargo, no bastaría suspender la protección de propiedad intelectual; es necesario que las compañías transfieran la tecnología, de tal modo que haya una producción masiva de las vacunas y se pueda controlar en el más corto plazo la pandemia de la COVID-19.
Mientras AstraZeneca y Johnson &Johnson han declarado que distribuirán sus vacunas al costo, otras como Moderna irán por utilidades. Pero aun cuando se ofrece las vacunas “al costo” las compañías no “abren sus libros” para saber cuál es ese costo y cómo se ha calculado, tomando en cuenta la inversión pública en la etapa de investigación y desarrollo de varias de las vacunas candidatas. De otro lado, grandes compañías que están en carrera por la vacuna, han tenido reacciones negativas ante el pedido de declinar las protecciones de propiedad intelectual que resulten (patentes por ejemplo), una vez que se haya probado la efectividad de una u otra vacuna. Recordemos también que muchos países del norte están comprando por adelantado varias vacunas, lo que hace que los países pobres estén quedando rezagados.
En julio pasado, la delegación sudafricana hizo una Declaración en el Consejo del ADPIC de la Organización Mundial de Comercio llamando a los países a ponerse de acuerdo en las diferentes medidas que deben tomar para facilitar la producción de todas las herramientas para responder al SARS-CoV-2. Sudáfrica afirmó que las flexibilidades del ADPIC son instrumentos importantes que los países deben usar para remontar las dificultades que se presenten en el acceso a las tecnologías sanitarias necesarias. El país africano – que entre 1997 y 2001 enfrentó a 39 grandes compañías farmacéuticas por el acceso a medicamentos para el VIH – subrayó en esta oportunidad que el mundo tiene el desafío de producir y llevar la vacuna a los 7.8 mil millones de habitantes del planeta al más corto plazo posible. “Esto requerirá compartir el conocimiento y la tecnología de vacunas exitosas de tal modo que una amplia distribución al más bajo costo pueda ser alcanzado”. Recordó la delegación sudafricana que el Parlamento Europeo había aprobado una Resolución (10.07.2020) haciendo un llamado a “compartir al máximo la tecnología y el conocimiento sobre la COVID-19 , la propiedad intelectual y la data para el beneficio de todos los países” en el banco de datos y de propiedad intelectual creado por la OMS (C-TAP)
El enfoque de “hacer negocios, como siempre” es inadecuado para enfrentar a la COVID-19 enfatizó la delegación sudafricana y propuso algunos caminos a ser considerados para responder a los desafíos que significa la protección de los derechos de propiedad intelectual y que habilitarían a los países acceder a las herramientas efectivas para responder al SARS-CoV-2; entre ellos : a) los países deben “explorar la colaboración internacional y celebrar compromisos vinculantes para compartir las tecnologías, el “know how”, la data y derechos globales no exclusivos para usar y producir los productos médicos para la COVID-19” ; b) los países deben tomar medidas para asegurar “que las patentes y otros títulos de protección de la propiedad intelectual no sean barreras para el acceso a medicamentos, pruebas de diagnóstico, vacunas y otros dispositivos médicos”; c) los países deben “tomar medidas para facilitar la producción local o la importación de suministros médicos esenciales” que incluyen entre otros, “medicamentos y vacunas.”
A la fecha, el nuevo coronavirus ha infectado a casi 26 millones de personas y producido 880 mil muertes en todo el mundo. La pandemia sigue incontenible, con algunos países enfrentando su segunda ola. Perú cuenta un total de 683,702 casos confirmados y casi 30 mil muertos; tiene también la más alta mortalidad en el mundo por la COVID-19.
Nuevas medidas ha tomado el gobierno peruano en las últimas semanas. Las declaraciones gubernamentales dejan la sensación de que no queda nada más que convivir con el virus y esperar la vacuna. No obstante, la convivencia con el virus no significa dejar de hacer lo que organizaciones y expertos proponen para mitigar los daños y disminuir las muertes por la COVID-19: ampliar el uso de las pruebas moleculares como base de medidas efectivas para contener la propagación del virus en las distintas poblaciones; fortalecer el primer nivel de atención; promover y articular las iniciativas que surgen desde las organizaciones comunitarias; desarrollar un plan de comunicación que llegue a todos y todas, tomando en cuenta las diferentes culturas y niveles de la pandemia, etc. La vacuna no es coartada; y el anuncio de su incierta llegada no debe generar ilusiones y pasividades en los diferentes niveles del Estado y en la población. La vacuna está todavía muy lejos y son necesarios mayores esfuerzos para controlar la diseminación del nuevo coronavirus.
VACUNA PARA EL COVID 19: ¿BIEN PÚBLICO MUNDIAL?
A la fecha hay nueve vacunas en la última fase: probar sus beneficios en un número grande de voluntarios y mejor, si se hace en diferentes países. También tienen que confirmar si son aceptablemente seguras; es decir que no producen reacciones secundarias graves. Sin embargo, cuando las vacunas se aplican masivamente (a millones de personas) y a pesar de los hallazgos positivos que se pueden encontrar en la Fase III (en decenas de miles) pueden aparecer nuevas reacciones adversas que no se detectaron antes. Productores de las vacunas, gobiernos, organismos multilaterales como la OMS, instituciones científicas, deben estar atentos a esta posibilidad para prevenir impactos negativos.
Por lo menos hay tres formas que países como el Perú está utilizando para tener acceso a la vacuna: a) la iniciativa COVAX FACILITY liderada por la OMS, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); b) trato preferencial de las empresas que investigan las vacunas, facilitando la participación de población peruana en pruebas de FASE II y III; c) acuerdos bilaterales de compras adelantadas con empresas farmacéuticas. Además, ante el anuncio de que la vacuna de Astra Zeneca/Universidad de Oxford, sería producida por Argentina y México, el gobierno peruano está buscando posibilidades de llegar a acuerdos con dichos países.
El gobierno peruano debe transparentar el detalle de los acuerdos que está realizando. Si el país participa en pruebas clínicas en cualquiera de sus fases cuáles son los beneficios que va a recibir, de comprobarse que la vacuna es efectiva: ¿habrá preferencia en el abastecimiento de la vacuna? ¿precios rebajados? ¿cómo se condice esta estrategia con el concepto de “bien público mundial” que ha definido la Organización Mundial de la Salud para la vacuna?. La tercera estrategia – acuerdos bilaterales de compra – claramente colisiona con el concepto arriba mencionado, pues los que no pueden pagar irán quedando al final de la fila.
En abril, la OMS lanzó el llamado Acelerador del Acceso a herramientas para responder a la COVID-19 (ACT-A, sigla en inglés), que “reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos, que han unido sus fuerzas para acabar con la pandemia lo antes posible”. ACT-A busca fondos para contribuir al desarrollo y distribución de tratamientos, pruebas de diagnóstico, vacunas, entre otros propósitos. Uno de los pilares del ACT-A es la COVAX FACILITY cuyo propósito es proveer vacunas a países de ingresos medios y bajos. Para ello, busca obtener aportes en los primeros 12 de meses de su creación por más de 31 mil millones de dólares para poder cumplir sus metas: 500 millones de pruebas de diagnóstico y 245 millones de tratamientos para países de renta media y baja. En cuanto a la vacuna prevé haber distribuido 2 mil millones de dosis a fines del 2021.
Aparte de las donaciones de gobiernos, organizaciones filantrópicas y similares, la COVAX FACILITY depende también de las voluntades de los países interesados en obtener las vacunas para lo que deberán comprometerse a apoyar financieramente para ser beneficiados. El plazo ha sido ampliado hasta el 18 de septiembre en que los países deberán sellar su compromiso adelantando un porcentaje del costo de las vacunas que necesitarían para el 20 % de su población. En el caso de Perú, esto significa alrededor de 6.6 millones de dosis. ¿Cuánto se prevé que costará cada dosis?. ¿Cómo se calcula el precios de las vacunas?.
¿Cómo es que la COVAX FACILITY podrá obtener vacunas para ser distribuidas en muchos países del mundo?. Una parte no pequeña de los fondos que recolectan está yendo a compañías investigadoras que desarrollan las vacunas. De otro lado, el COVAX FACILITY ha hecho acuerdos con las compañías que tienen nueve candidatas de vacunas apoyadas con fondos de CEPI, uno de los líderes de esta iniciativa. Es decir, las compañías farmacéuticas no están solas en esta carrera; son apoyadas por dineros públicos y de organizaciones filantrópicas.
COVAX FACILITY, teniendo como uno de sus líderes a la Organización Mundial de la Salud combina dos formas de acceso a la vacuna, una de las cuales erosiona el concepto del “bien público mundial”. De las dos mil millones de dosis a las que llegarán a fines del 2021, el 50 % serán distribuidos tomando en cuenta los criterios epidemiológicos de los países de renta media y baja que recibirán las vacunas a precios bajos o sin costo. Es lo que se dice. ¿Y el otro 50%?. Esas mil millones de dosis serán entregadas a los países que paguen por las vacunas sin aplicar ningún criterio epidemiológico y dejando de lado la distribución equitativa de la vacuna a nivel mundial. Se espera que ACT-A transparente los criterios para la asignación de las dosis de vacunas particularmente de ese 50% que se está ofreciendo a países que pueden pagar.
El compromiso de los países miembros de la OMS es que la vacuna para el COVID 19 sea un “bien público mundial”. El llamado que hace la Asamblea Mundial de la Salud (Mayo 2020) es que “se otorgue prioridad a nivel mundial al acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, incluidos sus componentes y precursores, que sean necesarios para la respuesta a la pandemia de COVID-19, así como a su distribución justa, y para que se eliminen urgentemente los obstáculos injustificados que dificulten dicho acceso y distribución”. Los contratos de compras adelantadas de los países ricos y de países menos ricos están convirtiendo esta decisión en una frase vacía. No ha habido un acuerdo multilateral para acordar criterios que guíen hacia el acceso equitativo de la vacuna atendiendo a los criterios epidemiológicos válidos para todos. Tampoco hay un acuerdo firme de los diferentes actores (gobiernos, empresas farmacéuticas, organismos multilaterales, organizaciones filantrópicas, organizaciones de sociedad civil y otros) para impedir el uso de protecciones de propiedad intelectual que se pueden ejercer sobre las vacunas y de ese modo facilitar su fabricación y distribución inmediata por distintos agentes productivos y controlar la pandemia en el menor tiempo posible.
A fines de marzo, la Food and Drug Administration de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de la cloroquina e hidroxicloroquina a pesar que reconocía la falta de pruebas científicas y concluyentes sobre el efecto beneficioso que podían tener dichos medicamentos en el COVID-19. Sólo había hallazgos anecdóticos de sus probables beneficios. Ante la falta de herramientas farmacológicas para tratar la enfermedad, la FDA emitió dicha autorización asumiendo que los “potenciales beneficios de la cloroquina y del fosfato de hidroxicloroquina superan sus potenciales riesgos”.
Un mes y medio después, la FDA ha revocado tal autorización, basado en los siguientes argumentos:
Esta decisión de la FDA pone otra vez en el debate científico el uso de los medicamentos mencionados, así como los ensayos clínicos que continúa patrocinando la OMS. En el Perú, esos medicamentos se siguen usando y probablemente hay todavía algunas cuestiones no resueltas en los ensayos clínicos calificados hasta ahora publicados; por ejemplo, la efectividad de los medicamentos en las fases tempranas de la infección.
Las esperanzas de la humanidad están puestas en una vacuna efectiva para el COVID 19 como herramienta clave que puede poner fin al sufrimiento de muchos millones y muerte de cientos de miles de personas. Asimismo, los países podrían retomar – con riesgo disminuido – las actividades que eviten un mayor descalabro social y económico.
Más de 100 candidatas están en la carrera de la vacuna para el COVID-19 y alrededor de 10 ya están en las fases de pruebas en humanos. Fondos gubernamentales y de organizaciones filantrópicas han aportado unos US$ 4,400 millones para la investigación y desarrollo de la vacuna. En esa suma está incluido el aporte de la US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) a dos compañías: Johnson & Johnson and Moderna. La Coalition for Epidemics Preparedness Innovations (CEPI), también ha aportado significativas sumas.
Una candidata fuerte está en manos de la Universidad de Oxford (Reino Unido) asociada con la compañía Astra Zeneca . Voceros autorizados han informado que están implementando estrategias de producción de tal modo que se pueda fabricar a escala inmediatamente después de aprobada la vacuna. La compañía ha llegado a un acuerdo con CEPI y la Alianza por la Vacunación (GAVI en inglés) por 750 millones de dólares como soporte a “la fabricación, suministro y distribución de 300 millones de dosis de la vacuna empezando su entrega al final de este año.” La Universidad y su socio farmacéutico han llegado a un acuerdo de licenciamiento con el Serum Institute of India (SII) para “suministrar mil millones de dosis para países de ingresos medios y bajos con el compromiso de proveer 400 millones antes de fin de año”. Por su lado Astra Zeneca estaría preparando “cadenas de suministro en todo el mundo para apoyar el acceso global sin ningún costo durante la pandemia y ha asegurado hasta ahora una capacidad de producción de dos mil millones de dosis de la vacuna”. Destacable es el hecho que BARDA anunció en mayo una alianza público-privada con Astra Zeneca a la que el gobierno estadounidense aportaba US$1.2 mil millones para «apoyar en paralelo estudios clínicos avanzados, transferencia de tecnología para la fabricación de la vacuna, proceso de desarrollo de la misma, escalamiento de la fabricación y otras actividades». El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos anunció que la colaboración con la farmacéutica hará posible «disponer al menos de 300 millones de dosis, empezando las primeras entregas en octubre del 2020.»
Otra candidata está en Estados Unidos, donde el gobierno, a través de BARDA, ha aportado con US$ 483,298,520.00 a Moderna y otro a Janssen Research & Development de Johnson & Johbson con un monto de US$ 456,237,081.00. Pareciera que el proceso iniciado por Moderna está más avanzado. Al mismo tiempo el Gobierno Estadounidense ha contratado a SiO2 Materials Science por un monto de US$ 143 millones para fabricar los envases para la vacuna con un material que goza de patente.
A pesar que varias organizaciones internacionales hablan de una “vacuna del pueblo” o un “bien público mundial” y proclaman el acceso universal y equitativo de la vacuna una vez se tenga lista, hay algunas cuestiones que deben dilucidarse para no ensombrecer el futuro de los países en desarrollo en relación al control de la pandemia. En primer lugar está la condición patentaría de la vacuna. ¿Qué mecanismos se han previsto para que los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, incluyendo el envase y otros materiales indispensables para su distribución y administración sean licenciados en el “banco de patentes” que ha propuesto la OMS y así ampliar la capacidad de producción con más empresas fabricantes, además de facilitar la libre distribución de la vacuna alrededor del mundo? . No se conoce si los acuerdos de donación de gobiernos y organizaciones filantrópicas han incluido previsiones sobre la materia. Pareciera que no.
“No podemos repetir lo que sucedió hace años cuando se encontraron tratamientos contra el VIH. Las personas en los países ricos se estaban recuperando mientras millones de personas morían en los países más pobres. Hay más de 100 vacunas (para el COVID-19) en investigación y alguna va a ser exitosa… pero antes que eso pase queremos un acuerdo de todos los gobiernos para que una vez que tengamos la vacuna pueda producirse rápidamente a escala y esté disponible para toda la gente en todos los países, sin costo alguno…” (Winnie Byanyima; Directora de ONUSIDA)
Recientemente Gilead, titular de la patente del remdesivir, que es objeto de ensayos clínicos para probar su utilidad en el COVID 19 ha licenciado la producción del medicamento a cinco fabricantes de genéricos que se encargarán de distribuirlo a países de ingresos bajos y medios. La lista es de 127 países; en los demás, el producto gozará de todas las prerrogativas que da la patente. Perú es uno de ellos, como siempre ha pasado con las licencias voluntarias que han otorgado grandes compañías farmacéuticas. No es bueno que las compañías tengan el poder de decidir quién accede o no a tratamientos que previenen enfermedades, salvan vidas o mitigan el dolor. La vida y la salud son derechos humanos universales.
Otro asunto es el costo del desarrollo y fabricación de la vacuna. Médicos sin Fronteras ha lanzado un llamado a la comunidad internacional para que las compañías que fabriquen la vacuna “abran sus libros” y se conozca el costo de producirlas. Esto serviría para negociar – en caso sea el caso – un precio asequible especialmente para los países de ingresos medios y bajos, de tal modo que los aportes de gobiernos y organizaciones filantrópicas puedan tener mucho mayor impacto en la universalización de la vacuna. Las vacunas no deben ser patentadas y distribuirse al costo, si es que hay que pagar algún precio.
De suma importancia es la logística que se debe seguir para que la vacuna esté disponible de manera equitativa para todos los países, con criterios de prioridad de acuerdo a las condiciones de la pandemia en cada región o país. La OMS y sus organismos regionales tienen un papel crítico que jugar en esta área. Complementariamente, estas organizaciones tienen experiencias ganadas en el suministro de vacunas, que evitaría crear nuevos canales de distribución, probablemente sin experiencia, que podrían encarecer el proceso y hasta enlentecerlo.
Los países ricos están en su propia carrera por la vacuna sin ningún ánimo de dar una respuesta global y solidaria a la pandemia. Toca a los países como Perú estar atentos a las decisiones y tendencias en esos países, particularmente en Estados Unidos y países Europeos que pueden alentar nocivos nacionalismos, y obstaculicen el proceso para llegar a un consenso global y determinar una distribución equitativa y universal de la vacuna. Una presencia propositiva en la Organización Mundial de la Salud y OPS, en consonancia con otros países de la región y del mundo en desarrollo, puede marcar el justo camino a seguir.