Las esperanzas de la humanidad están puestas en una vacuna efectiva para el COVID 19 como herramienta clave que puede poner fin al sufrimiento de muchos millones y muerte de cientos de miles de personas. Asimismo, los países podrían retomar – con riesgo disminuido – las actividades que eviten un mayor descalabro social y económico.
Más de 100 candidatas están en la carrera de la vacuna para el COVID-19 y alrededor de 10 ya están en las fases de pruebas en humanos. Fondos gubernamentales y de organizaciones filantrópicas han aportado unos US$ 4,400 millones para la investigación y desarrollo de la vacuna. En esa suma está incluido el aporte de la US Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) a dos compañías: Johnson & Johnson and Moderna. La Coalition for Epidemics Preparedness Innovations (CEPI), también ha aportado significativas sumas.
Una candidata fuerte está en manos de la Universidad de Oxford (Reino Unido) asociada con la compañía Astra Zeneca . Voceros autorizados han informado que están implementando estrategias de producción de tal modo que se pueda fabricar a escala inmediatamente después de aprobada la vacuna. La compañía ha llegado a un acuerdo con CEPI y la Alianza por la Vacunación (GAVI en inglés) por 750 millones de dólares como soporte a “la fabricación, suministro y distribución de 300 millones de dosis de la vacuna empezando su entrega al final de este año.” La Universidad y su socio farmacéutico han llegado a un acuerdo de licenciamiento con el Serum Institute of India (SII) para “suministrar mil millones de dosis para países de ingresos medios y bajos con el compromiso de proveer 400 millones antes de fin de año”. Por su lado Astra Zeneca estaría preparando “cadenas de suministro en todo el mundo para apoyar el acceso global sin ningún costo durante la pandemia y ha asegurado hasta ahora una capacidad de producción de dos mil millones de dosis de la vacuna”. Destacable es el hecho que BARDA anunció en mayo una alianza público-privada con Astra Zeneca a la que el gobierno estadounidense aportaba US$1.2 mil millones para “apoyar en paralelo estudios clínicos avanzados, transferencia de tecnología para la fabricación de la vacuna, proceso de desarrollo de la misma, escalamiento de la fabricación y otras actividades”. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos anunció que la colaboración con la farmacéutica hará posible “disponer al menos de 300 millones de dosis, empezando las primeras entregas en octubre del 2020.”
Otra candidata está en Estados Unidos, donde el gobierno, a través de BARDA, ha aportado con US$ 483,298,520.00 a Moderna y otro a Janssen Research & Development de Johnson & Johbson con un monto de US$ 456,237,081.00. Pareciera que el proceso iniciado por Moderna está más avanzado. Al mismo tiempo el Gobierno Estadounidense ha contratado a SiO2 Materials Science por un monto de US$ 143 millones para fabricar los envases para la vacuna con un material que goza de patente.
A pesar que varias organizaciones internacionales hablan de una “vacuna del pueblo” o un “bien público mundial” y proclaman el acceso universal y equitativo de la vacuna una vez se tenga lista, hay algunas cuestiones que deben dilucidarse para no ensombrecer el futuro de los países en desarrollo en relación al control de la pandemia. En primer lugar está la condición patentaría de la vacuna. ¿Qué mecanismos se han previsto para que los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, incluyendo el envase y otros materiales indispensables para su distribución y administración sean licenciados en el “banco de patentes” que ha propuesto la OMS y así ampliar la capacidad de producción con más empresas fabricantes, además de facilitar la libre distribución de la vacuna alrededor del mundo? . No se conoce si los acuerdos de donación de gobiernos y organizaciones filantrópicas han incluido previsiones sobre la materia. Pareciera que no.
“No podemos repetir lo que sucedió hace años cuando se encontraron tratamientos contra el VIH. Las personas en los países ricos se estaban recuperando mientras millones de personas morían en los países más pobres. Hay más de 100 vacunas (para el COVID-19) en investigación y alguna va a ser exitosa… pero antes que eso pase queremos un acuerdo de todos los gobiernos para que una vez que tengamos la vacuna pueda producirse rápidamente a escala y esté disponible para toda la gente en todos los países, sin costo alguno…” (Winnie Byanyima; Directora de ONUSIDA)
Recientemente Gilead, titular de la patente del remdesivir, que es objeto de ensayos clínicos para probar su utilidad en el COVID 19 ha licenciado la producción del medicamento a cinco fabricantes de genéricos que se encargarán de distribuirlo a países de ingresos bajos y medios. La lista es de 127 países; en los demás, el producto gozará de todas las prerrogativas que da la patente. Perú es uno de ellos, como siempre ha pasado con las licencias voluntarias que han otorgado grandes compañías farmacéuticas. No es bueno que las compañías tengan el poder de decidir quién accede o no a tratamientos que previenen enfermedades, salvan vidas o mitigan el dolor. La vida y la salud son derechos humanos universales.
Otro asunto es el costo del desarrollo y fabricación de la vacuna. Médicos sin Fronteras ha lanzado un llamado a la comunidad internacional para que las compañías que fabriquen la vacuna “abran sus libros” y se conozca el costo de producirlas. Esto serviría para negociar – en caso sea el caso – un precio asequible especialmente para los países de ingresos medios y bajos, de tal modo que los aportes de gobiernos y organizaciones filantrópicas puedan tener mucho mayor impacto en la universalización de la vacuna. Las vacunas no deben ser patentadas y distribuirse al costo, si es que hay que pagar algún precio.
De suma importancia es la logística que se debe seguir para que la vacuna esté disponible de manera equitativa para todos los países, con criterios de prioridad de acuerdo a las condiciones de la pandemia en cada región o país. La OMS y sus organismos regionales tienen un papel crítico que jugar en esta área. Complementariamente, estas organizaciones tienen experiencias ganadas en el suministro de vacunas, que evitaría crear nuevos canales de distribución, probablemente sin experiencia, que podrían encarecer el proceso y hasta enlentecerlo.
Los países ricos están en su propia carrera por la vacuna sin ningún ánimo de dar una respuesta global y solidaria a la pandemia. Toca a los países como Perú estar atentos a las decisiones y tendencias en esos países, particularmente en Estados Unidos y países Europeos que pueden alentar nocivos nacionalismos, y obstaculicen el proceso para llegar a un consenso global y determinar una distribución equitativa y universal de la vacuna. Una presencia propositiva en la Organización Mundial de la Salud y OPS, en consonancia con otros países de la región y del mundo en desarrollo, puede marcar el justo camino a seguir.
