Por Roberto López
Cerca de cuatrocientas firmas de organizaciones y personas respaldan el pronunciamiento que exige al Estado peruano cumplir con su función de garantizar el derecho de todas las personas peruanas a la salud.
Los medicamentos son un componente esencial del ejercicio de ese derecho, y el Ejecutivo, junto con el Congreso, pretenden continuar descargando sobre los bolsillos de la gente los gastos de salud, incluyendo los medicamentos. El 60% de las recetas del sector público son atendidas en farmacias y boticas privadas.
El Ejecutivo, en su intento por resolver las negligencias de su gestión, que han resultado en el desabastecimiento agudo de medicamentos y otras tecnologías sanitarias en los establecimientos públicos de salud, ha impuesto la obligación a las farmacias y boticas del mercado privado de ofertar medicamentos genéricos con Denominación Común Internacional (DCI).
En esa misma línea, el Congreso de la República está discutiendo alrededor de 30 proyectos de ley que no resuelven dicho problema. No se trata de obligar a las farmacias y boticas del mercado privado a vender genéricos; eso ya existe porque es un elemento de la competencia entre diferentes fabricantes y distribuidores. Se trata de que el sistema público de salud satisfaga la necesidad de medicamentos de la población bajo su responsabilidad.
La obligación de vender genéricos en DCI en el mercado privado, y empujar a los pacientes a comprarlos allí cuando deberían recibirlos en el sistema público, empobrece a las familias y hará más pobres a los que ya están en esa condición. Recuérdese que más del 90% de los asegurados del país están en el sistema público de salud, que incluye a los 11 millones de peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema.
La pandemia dejó lecciones importantes que el Estado debe asumir para mejorar la atención a todos los ciudadanos y ciudadanas de los diversos territorios. Los firmantes exigen al «Estado peruano en todos sus niveles de gobierno la reforma profunda del sistema de salud, la implementación de una política farmacéutica, priorizando la modernización del sistema de adquisición y distribución de medicamentos de los sistemas públicos y convocar a los mejores técnicos para resolver el caótico desabastecimiento a fin de garantizar el acceso universal y gratuito a medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales, como componentes fundamentales del pleno ejercicio del derecho a la salud».
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