A la fecha, el nuevo coronavirus ha infectado a casi 26 millones de personas y producido 880 mil muertes en todo el mundo. La pandemia sigue incontenible, con algunos países enfrentando su segunda ola. Perú cuenta un total de 683,702 casos confirmados y casi 30 mil muertos; tiene también la más alta mortalidad en el mundo por la COVID-19.
Nuevas medidas ha tomado el gobierno peruano en las últimas semanas. Las declaraciones gubernamentales dejan la sensación de que no queda nada más que convivir con el virus y esperar la vacuna. No obstante, la convivencia con el virus no significa dejar de hacer lo que organizaciones y expertos proponen para mitigar los daños y disminuir las muertes por la COVID-19: ampliar el uso de las pruebas moleculares como base de medidas efectivas para contener la propagación del virus en las distintas poblaciones; fortalecer el primer nivel de atención; promover y articular las iniciativas que surgen desde las organizaciones comunitarias; desarrollar un plan de comunicación que llegue a todos y todas, tomando en cuenta las diferentes culturas y niveles de la pandemia, etc. La vacuna no es coartada; y el anuncio de su incierta llegada no debe generar ilusiones y pasividades en los diferentes niveles del Estado y en la población. La vacuna está todavía muy lejos y son necesarios mayores esfuerzos para controlar la diseminación del nuevo coronavirus.
VACUNA PARA EL COVID 19: ¿BIEN PÚBLICO MUNDIAL?
A la fecha hay nueve vacunas en la última fase: probar sus beneficios en un número grande de voluntarios y mejor, si se hace en diferentes países. También tienen que confirmar si son aceptablemente seguras; es decir que no producen reacciones secundarias graves. Sin embargo, cuando las vacunas se aplican masivamente (a millones de personas) y a pesar de los hallazgos positivos que se pueden encontrar en la Fase III (en decenas de miles) pueden aparecer nuevas reacciones adversas que no se detectaron antes. Productores de las vacunas, gobiernos, organismos multilaterales como la OMS, instituciones científicas, deben estar atentos a esta posibilidad para prevenir impactos negativos.
Por lo menos hay tres formas que países como el Perú está utilizando para tener acceso a la vacuna: a) la iniciativa COVAX FACILITY liderada por la OMS, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); b) trato preferencial de las empresas que investigan las vacunas, facilitando la participación de población peruana en pruebas de FASE II y III; c) acuerdos bilaterales de compras adelantadas con empresas farmacéuticas. Además, ante el anuncio de que la vacuna de Astra Zeneca/Universidad de Oxford, sería producida por Argentina y México, el gobierno peruano está buscando posibilidades de llegar a acuerdos con dichos países.
El gobierno peruano debe transparentar el detalle de los acuerdos que está realizando. Si el país participa en pruebas clínicas en cualquiera de sus fases cuáles son los beneficios que va a recibir, de comprobarse que la vacuna es efectiva: ¿habrá preferencia en el abastecimiento de la vacuna? ¿precios rebajados? ¿cómo se condice esta estrategia con el concepto de “bien público mundial” que ha definido la Organización Mundial de la Salud para la vacuna?. La tercera estrategia – acuerdos bilaterales de compra – claramente colisiona con el concepto arriba mencionado, pues los que no pueden pagar irán quedando al final de la fila.
En abril, la OMS lanzó el llamado Acelerador del Acceso a herramientas para responder a la COVID-19 (ACT-A, sigla en inglés), que “reúne a gobiernos, organizaciones sanitarias, científicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y filántropos, que han unido sus fuerzas para acabar con la pandemia lo antes posible”. ACT-A busca fondos para contribuir al desarrollo y distribución de tratamientos, pruebas de diagnóstico, vacunas, entre otros propósitos. Uno de los pilares del ACT-A es la COVAX FACILITY cuyo propósito es proveer vacunas a países de ingresos medios y bajos. Para ello, busca obtener aportes en los primeros 12 de meses de su creación por más de 31 mil millones de dólares para poder cumplir sus metas: 500 millones de pruebas de diagnóstico y 245 millones de tratamientos para países de renta media y baja. En cuanto a la vacuna prevé haber distribuido 2 mil millones de dosis a fines del 2021.
Aparte de las donaciones de gobiernos, organizaciones filantrópicas y similares, la COVAX FACILITY depende también de las voluntades de los países interesados en obtener las vacunas para lo que deberán comprometerse a apoyar financieramente para ser beneficiados. El plazo ha sido ampliado hasta el 18 de septiembre en que los países deberán sellar su compromiso adelantando un porcentaje del costo de las vacunas que necesitarían para el 20 % de su población. En el caso de Perú, esto significa alrededor de 6.6 millones de dosis. ¿Cuánto se prevé que costará cada dosis?. ¿Cómo se calcula el precios de las vacunas?.
¿Cómo es que la COVAX FACILITY podrá obtener vacunas para ser distribuidas en muchos países del mundo?. Una parte no pequeña de los fondos que recolectan está yendo a compañías investigadoras que desarrollan las vacunas. De otro lado, el COVAX FACILITY ha hecho acuerdos con las compañías que tienen nueve candidatas de vacunas apoyadas con fondos de CEPI, uno de los líderes de esta iniciativa. Es decir, las compañías farmacéuticas no están solas en esta carrera; son apoyadas por dineros públicos y de organizaciones filantrópicas.
COVAX FACILITY, teniendo como uno de sus líderes a la Organización Mundial de la Salud combina dos formas de acceso a la vacuna, una de las cuales erosiona el concepto del “bien público mundial”. De las dos mil millones de dosis a las que llegarán a fines del 2021, el 50 % serán distribuidos tomando en cuenta los criterios epidemiológicos de los países de renta media y baja que recibirán las vacunas a precios bajos o sin costo. Es lo que se dice. ¿Y el otro 50%?. Esas mil millones de dosis serán entregadas a los países que paguen por las vacunas sin aplicar ningún criterio epidemiológico y dejando de lado la distribución equitativa de la vacuna a nivel mundial. Se espera que ACT-A transparente los criterios para la asignación de las dosis de vacunas particularmente de ese 50% que se está ofreciendo a países que pueden pagar.
El compromiso de los países miembros de la OMS es que la vacuna para el COVID 19 sea un “bien público mundial”. El llamado que hace la Asamblea Mundial de la Salud (Mayo 2020) es que “se otorgue prioridad a nivel mundial al acceso universal, oportuno y equitativo a todas las tecnologías y productos sanitarios esenciales de calidad, seguros, eficaces y asequibles, incluidos sus componentes y precursores, que sean necesarios para la respuesta a la pandemia de COVID-19, así como a su distribución justa, y para que se eliminen urgentemente los obstáculos injustificados que dificulten dicho acceso y distribución”. Los contratos de compras adelantadas de los países ricos y de países menos ricos están convirtiendo esta decisión en una frase vacía. No ha habido un acuerdo multilateral para acordar criterios que guíen hacia el acceso equitativo de la vacuna atendiendo a los criterios epidemiológicos válidos para todos. Tampoco hay un acuerdo firme de los diferentes actores (gobiernos, empresas farmacéuticas, organismos multilaterales, organizaciones filantrópicas, organizaciones de sociedad civil y otros) para impedir el uso de protecciones de propiedad intelectual que se pueden ejercer sobre las vacunas y de ese modo facilitar su fabricación y distribución inmediata por distintos agentes productivos y controlar la pandemia en el menor tiempo posible.
