Roberto López Linares

En noviembre último, el G20, que agrupa a las  economías más poderosas del mundo e incluye a países del sur como Brasil, Argentina, México, India, Sudáfrica, entre otros, saludó en su Declaración de Río de Janeiro la propuesta de una  “Coalición para la Innovación Producción local y Regional para el acceso equitativo a vacunas , tratamientos y pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de salud”.  Los líderes del G20 subrayan que esta coalición estará basada en la cooperación voluntaria y enfocada en responder a “enfermedades descuidadas” y a las necesidades de “poblaciones vulnerables”.

El interés mostrado por el G20 es un nuevo hito de un largo proceso que involucra a organismos multilaterales, organizaciones de sociedad civil, movimientos de pacientes,  empresas privadas y la filantropía neoliberal que ha tenido como eje el debate sobre el modelo de investigación y desarrollo de tecnologías sanitarias controlado por la gran industria farmacéutica y cuyos efectos negativos- la monopolización del conocimiento y productos –  se han visibilizado en emergencias globales de salud pública, pero se expresan cotidianamente en los sistemas de salud de todo el mundo, especialmente en los países pobres y en desarrollo.   

A fines de los noventas, en medio de la pandemia del VIH, una gran crisis alertó a las organizaciones de personas viviendo con la infección, así como a muchas organizaciones pro acceso universal y equitativo a medicamentos y otras tecnologías sanitarias. Las personas afectadas de los países pobres y en desarrollo morían porque los costos de tratamientos, con precios monopólicos, eran inalcanzables para los países como los de África, América Latina y el Caribe y Asia.  

Como respuesta, Sudáfrica aprobó en 1997 una ley para usar importaciones paralelas y licencias obligatorias, particularmente para los medicamentos para el VIH. Por su lado, India se había acogido a una de las cláusulas del Acuerdo sobre los Derechos de propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC 1994), prorrogando la aprobación de una ley de patentes hasta el 2005 por ser un país en desarrollo. No se apresuró a tener una nueva ley ajustada al ADPIC. India podía producir genéricos a precios mucho menores que los productos protegidos por patente. 

39 empresas monopólicas demandaron al gobierno sudafricano por “atreverse” a buscar esta salida a la crisis del VIH, legal por donde se le analice. Países sede de las grandes empresas farmacéuticas como Estados Unidos se unieron al coro de opositores a la medida sudafricana.  Un movimiento mundial rechazó la pretensión de la gran farmacéutica que quería seguir manteniendo sus grandes utilidades a costa de la vida de millones de personas. En el 2000, con los precios de los medicamentos patentados, la triple terapia anual para el VIH llegaba a más de USD 10,000 por persona.  Con los genéricos el costo anual bajó a 350 en 2001, llegando a 168 USD en 2005.  

La gran farmacéutica retrocedió y el mundo confirmó que no le interesa contribuir a resolver los problemas de la salud pública. Su insaciable codicia nunca quedó mejor dibujada; en crespón funerario. Retiró la demanda y Sudáfrica continuó importando antirretrovirales genéricos. No es menos indicativo el fracaso de la Reunión Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Seattle (Nov 1999), donde los países del sur se levantaron contra las imposiciones del norte en muchas áreas del comercio internacional y, de manera particular, contra el poder desmedido que lograron las grandes empresas sobre la propiedad intelectual que genera monopolios que se convierten en obstáculos para el acceso a tecnologías sanitarias.

Luego vendría la Declaración de Doha sobre el ADPIC y la salud pública (2001) ratificando que  dicho acuerdo, el ADPIC,  “puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos” y que “cada Miembro (de la OMC)  tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias”. Empezaba un nuevo periodo en el cual los países en desarrollo y menos desarrollados tenían la posibilidad de usar dicho mecanismo para conseguir tecnologías sanitarias a precios más convenientes para sus sistemas de salud. Las experiencias mostraron que no era nada fácil, teniendo la presión de la gran farmacéutica y de sus países sede.

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió explorar otros caminos de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, particularmente para los países en desarrollo y sus problemas. El debate llevó varios años sin resultados tangibles. La OMS nombró un grupo intergubernamental (2005) para hacer un diagnóstico sobre el problema y se dedicaron muchas asambleas de la OMS a tratar el asunto. Hasta se llegó a diseñar un plan de acción (2010) para impulsar una respuesta al problema de acceso a tecnologías sanitarias de los países más pobres. Se aludió al uso de las licencias obligatorias en caso de interés público y de otras flexibilidades del acuerdo ADPIC, así como las prerrogativas que ratifica la Declaración de DOHA. Hubo acuerdo en la necesidad de una agenda de investigación y desarrollo que respondiera a las urgencias globales, particularmente aquellas que aquejan desproporcionadamente a los países del sur global. Pero todo quedó congelado por la influencia de la gran industria farmacéutica, el peso de los países del norte y organizaciones privadas.

Un recodo en este proceso muestra en 2003,  la creación por Médicos sin Fronteras, organizaciones de investigación y el apoyo de uno de los programas de la OMS,  de la Iniciativa por Medicamentos para las enfermedades Desantendidas (DNDi por su sigla en inglés). DNDi priorizó la investigación, desarrollo y producción de medicamentos y otras tecnologías sanitarias para responder a las enfermedades que afectan a los países pobres. En colaboración con muchos centros de investigación y organizaciones privadas ha logrado, por ejemplo, una combinación de medicamentos para la malaria resistente habiendo distribuido hasta el momento más de 500 millones de dosis; mejora del tratamiento de la enfermedad del sueño, leishmaniasis y la enfermedad de Chagas. Ha demostrado que los esfuerzos colaborativos entre organizaciones de investigación con un enfoque de ciencia abierta pueden abaratar los costos de alcanzar nuevos tratamientos. La DNDi goza hasta ahora de muy buena salud para beneficio de los olvidados del mundo y cuya experiencia debe ser tomada en cuenta y extendida.

La pandemia del COVID 19 mostró a nivel planetario la tragedia que significa la monopolización de las invenciones, como vacunas y medicamentos. A pesar que muchas vacunas para el COVID 19 fueron financiadas de varias formas con dineros públicos, las empresas impusieron precios altos que resultó en una inmoral y obscena inequidad en su distribución. Sudáfrica e India lideraron un movimiento dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y presentaron en 2021 una petición de suspensión de los derechos de propiedad intelectual (patentes uno de ellos) de todas las herramientas que habían probado ser útiles para el control de la pandemia: vacunas, medicamentos, test de diagnóstico, etc. Más de 100 países apoyaron la petición; la OMC se demoró casi dos años para decidir de manera decepcionante: se limitaron a “facilitar” el uso de licencias obligatorias, con mecanismos que ningún país utilizó. Todo quedó como estaba. Las patentes no se tocan. Las grandes farmacéuticas aumentaron de manera gigantesca su facturación a costa de la muerte de millones de personas.

La OMS inició un proceso de creación de centros de transferencia tecnológica, mostrando como el más avanzado el de Sudáfrica, que empezó en 2021 a trabajar en la vacuna COVID 19 con la plataforma de ARN mensajero. También se empezaron a realizar coordinaciones con otras organizaciones de investigación como el centro Bio Maguiños/FioCruz de Brasil y de otras partes del mundo.

Durante la pandemia COVID 19, Brasil, Argentina y México habían mostrado capacidades importantes para emprender la fabricación de tecnologías sanitarias como vacunas. La OPS lanzó la Plataforma Regional de Innovación y Producción para apoyar a los países de la región en la investigación, desarrollo y producción de nuevas tecnologías sanitarias, empezando por vacunas de la plataforma ARN mensajero.  En esa perspectiva, todavía hay muchas áreas que requiere arduo trabajo para avanzar hasta la producción de tecnologías farmacéuticas: coordinaciones regionales entre organizaciones de investigación y desarrollo, consensuar agendas de I&D y producción, financiamiento, mapeo de las capacidades de cada país; armonización de normas para el registro de medicamentos y  ensayos clínicos; aseguramiento de un mercado rentable en la región, aun en periodos “no pandémicos”; fortalecimiento de la coordinación con proyectos similares en otras partes del mundo, etc. 

En este contexto surge el interés del G20 de una Coalición para la innovación y producción local y regional con el ánimo de asegurar el acceso equitativo a vacunas, tratamientos y pruebas de diagnóstico y otras tecnologías de salud. Aunque es una declaración de un grupo informal, en caso los países conformantes quieran dar pasos para cumplir con ese interés, corresponde tomar en cuenta lo ya avanzado y evitar la repetición de esfuerzos. La coalición del G20, dice la declaración, estará basada en la “cooperación voluntaria”, por lo que va a depender de los países miembros la decisión de desarrollar un plan de acción, para apoyar nuevos proyectos y los que están en marcha en las diferentes regiones del sur en términos de investigación, desarrollo y producción de tecnologías sanitarias.  

Hay expresiones con cierta ambigüedad en la decisión del G20. El texto afirma que la Coalición dedicará sus esfuerzos a las “enfermedades descuidadas” y a cubrir “las necesidades de las poblaciones vulnerables”. Reconocemos la urgencia de atender las necesidades de tecnologías sanitarias para las enfermedades que producen impacto exclusivamente en los países del sur: Chagas, leishmaniasis, filariasis, chikungunya, malaria, por mencionar algunas. Sin embargo, hay enfermedades que afectan al sur y al norte y que requieren la misma atención: TB, VIH, enfermedades no transmisibles como cáncer, diabetes etc. para las cuales, los países del sur también requieren acceder oportunamente y sin restricciones a efectivas tecnologías sanitarias, que si se dejan exclusivamente bajo control de los grandes monopolios farmacéuticos continuará la inequidad en su distribución. Es necesario transitar por nuevos modelos de investigación y desarrollo de tecnologías que no resulten en la monopolización del conocimiento a través de la protección de la propiedad intelectual (patentes, etc). Deben ser esfuerzos colaborativos de los sectores públicos y privados para resolver los problemas de salud de todos los habitantes del planeta. Nadie debe quedar atrás.

Esperamos que el saludo del G20 a la coalición se convierta en compromisos firmes de los países conformantes. Aunque no hay antecedentes que alimenten muchas ilusiones.