Por Roberto López Linares
Lima, 30.12.2024. El Estado debe contar con recursos necesarios para satisfacer necesidades esenciales de todos los ciudadanos a través de programas de protección social: salud, educación, agua y saneamiento, apoyo a poblaciones vulnerables, prestaciones económicas, seguros de desempleo, vivienda, entre otros. El Estado como garante del bienestar general.
Instrumento fundamental para obtener recursos fiscales es la tributación: aportes de los diferentes agentes económicos. El Estado utiliza esos recursos para diseñar y ejecutar programas y servicios públicos, como una forma de redistribuir la riqueza que produce el país. Si no hay suficientes ingresos, las funciones del estado no se cumplen, se profundizan las brechas sociales y económicas afectando aún más a segmentos importantes de la población; la salud y el bienestar se alejan.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la inversión pública en salud debe ser como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno (PBI). El Perú llegó a 3.91 en el 2022, por algunos efectos del aumento del gasto durante la pandemia del COVID19. Tanto la CEPAL como OPS han hecho reiterados llamados a los gobiernos de América latina y el Caribe a aumentar el gasto público en salud.
Las posibilidades de mayor inversión en salud y otros programas de protección social se ven restringidas por la baja recaudación fiscal en el Perú. Los países de la OCDE, organización a la cual Perú quiere ingresar, muestran ingresos tributarios totales del 34% del PBI en promedio (2021). En América latina, el promedio de dichos ingresos es de 28.5% (2021), mientras que Perú llega al 17.9%. No solo se trata de llegar a un porcentaje recomendado, sino que los ingresos deben ser suficientes como resultado de una política tributaria que grava con justicia a los distintos agentes económicos. Empeorando la situación, los beneficios tributarios (exoneraciones de impuestos, incentivos, etc.) que favorecen a empresas particulares llegarán a 24 mil millones de soles en el 2024, de acuerdo a estimaciones de la SUNAT. Dinero que no recibirá el fisco.
Por eso es indignante lo que viene haciendo el congreso con la anuencia del ejecutivo, que continúan otorgando beneficios tributarios. A mitad de diciembre pasado, el Congreso aprobó una amnistía a evasores de impuestos por lo que la SUNAT dejará de percibir hasta 3,600 millones de soles y no podrá hacer nada una vez que los evasores se acojan a la ley aprobada. Recientemente, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado prolongar el periodo para el pago de impuesto reducido a empresas hoteleras, restaurantes y alojamientos turísticos. Seguirán pagando sólo el 8 % y recién el 2028 empezarán a pagar el 18%. El Ministerio de Economía estima que está medida le costará al fisco alrededor de 2,200 millones de soles.
El país necesita más recursos fiscales para cerrar brechas que pueden asegurar la salud y el bienestar de toda la población. La inversión que se requiere para que todos los peruanos tengamos agua segura y saneamiento es de 95 mil millones de soles. En atención médica las brechas son también profundas: a fines de 2023, el 97.13% de los establecimientos del primer nivel de atención tenían capacidad instalada inadecuada; y el 93.36% de los hospitales de segundo y tercer nivel de atención estaban en esas mismas condiciones. Si no hay una mayor recaudación fiscal, en base a una reforma tributaria integral, los planes de cierre de brechas que hacen los ministerios son meros ejercicios burocráticos condenados al fracaso.