Por Roberto López
Recientemente, el gobierno promulgó la Ley n.° 32176 Ley de fortalecimiento e implementación de las boticas públicas FarmaMinsa a nivel nacional (Nov 2024). Medida populista que pretende comunicar a la población que el gobierno estaría preocupado por resolver los problemas de salud de la población. Lo que hace es continuar con el incumplimiento de su mandato de garantizar el acceso oportuno a medicamentos para todas las personas que están bajo su responsabilidad a través del Seguro Integral de Salud (SIS). La ley escamotea las obligaciones estatales y mantiene la responsabilidad de los usuarios del sistema público de salud para conseguir los medicamentos que requiere y no encuentra en los establecimientos respectivos.
Según la ENAHO, el gasto de bolsillo per cápita en atenciones de salud y medicamentos fue de S/444 anuales en 2023; en medicamentos fue de 169 per cápita anual. Un informe de la DIGEMID que cubre el período 2018-2023 destaca que “La compra de medicamentos constituye el 40.0 % del gasto de bolsillo en salud y un alto porcentaje del gasto es efectuado por los afiliados al SIS y EsSalud, con una tendencia al alza” (DIGEMID, 2024). Son aproximadamente 25 millones de afiliados al SIS, bajo responsabilidad del Estado peruano y si no reciben los medicamentos que les prescriben tienen que sacar de sus bolsillos para sufragarlos. Si no hay dinero, el sufrimiento continúa y puede ocurrir hasta la muerte del paciente.
Las FarmaMINSA(s) empezaron a crearse a fines del 2023 como una iniciativa del Ministerio de Salud en convenio con gobiernos municipales con el fin de vender medicamentos más baratos, principalmente en versiones genéricas. Problemas de desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos públicos que atienden principalmente a pacientes afiliados al SIS, pretendieron ser resueltos con esta iniciativa.
En este año el desabastecimiento de medicamentos y otras tecnologías de salud fueron más evidentes, manifestado en presiones y denuncias de organizaciones de pacientes. La mediocridad de los funcionarios del MINSA vieron en las mencionadas farmacias una forma de enmascarar el problema, sin darse cuenta que cargar sobre los hombros de los pacientes el gasto en medicamentos, por baratos que sean, no solo es incumplir sus funciones sino profundizar las condiciones de pobreza de muchísimas familias.
Esta ley populista se suma al ya fracasado Decreto de urgencia Nº 005-2024 que pretendía obligar a las farmacias y boticas privadas a ofrecer una amplia lista de medicamentos en sus versiones genéricas. Hace rato que el MINSA perdió la brújula.
Lima, 18 de diciembre 2024