Por Public Citizen
Durante el mes pasado Public Citizen presentó dos demandas ante cortes federales argumentando que las medidas de la administración Trump para congelar la financiación de la ayuda exterior y cerrar USAID violan la Constitución de los Estados Unidos y otras leyes. Si las cortes concuerdan con nuestros argumentos, pueden dictar órdenes para detener o revertir estas políticas. Las demandas han tenido cierto éxito inicial y siguen su curso.
Congelación de fondos: la Coalición para la defensa de la vacuna contra el SIDA (AVAC), et al. contra el Departamento de Estado, et al.
¿EN QUÉ CONSISTE EL CASO?
El 10 de febrero Public Citizen presentó una demanda a nombre de dos beneficiarios de fondos de ayuda exterior, la Coalición para la defensa de la vacuna contra el SIDA (AVAC), que recibe fondos PEPFAR de USAID, y la Red de desarrollo del periodismo (Journalism Development Network), que recibe subvenciones del Departamento de Estado. La demanda sostiene que la orden ejecutiva del presidente Trump del 20 de enero de 2025, que suspende toda financiación de ayuda exterior durante 90 días, y las posteriores órdenes de suspensión de trabajo emitidas por el Departamento de Estado, son ilegales porque una vez que el congreso adjudica el dinero el ejecutivo no puede simplemente negarse a utilizarlo.
En la misma fecha de nuestra demanda el Consejo mundial para la salud (Global Health Council) y algunos otros beneficiarios y contratistas interpusieron otra demanda con argumentos similares sobre la ilegalidad de la congelación de financiación de ayuda exterior. Ambos casos se presentaron ante la corte federal de Washington, Distrito de Columbia, y ambos fueron asignados al mismo juez Amir Ali.
¿QUÉ HA OCURRIDO EN EL LITIGIO HASTA AHORA?
El 13 de febrero el juez Ali dictó, en ambos casos, una orden de restricción temporal (ORT), una orden de emergencia vigente durante un periodo breve de tiempo para evitar daño mayor mientras el litigio continúa. La ORT estableció que el gobierno entregue los fondos asignados por el congreso para contratos y subvenciones ya en marcha al 19 de enero de 2025. Mientras dure la vigencia de la OTR, el gobierno no podría rescindir más adjudicaciones ni dictar orden alguna de suspensión de trabajo en base a la orden ejecutiva del Presidente del 20 de enero. La corte también ordenó que las partes presenten un calendario para exponer sus argumentos en la siguiente fase del caso, de modo que la corte pudiera dictar una orden más permanente hasta el 10 de marzo.
Durante las dos semanas siguientes los demandantes presentaron varias mociones en las que notificaban a la corte que el gobierno no cumplía la orden de restricción temporal, pues seguían rescindiendo adjudicaciones y no efectuaban los pagos correspondientes a los contratos y subvenciones vigentes al 19 de enero. En respuesta, la corte dictó una nueva orden el 25 de febrero en la que dio al gobierno un plazo hasta la medianoche del 26 de febrero para cumplir con los pagos atrasados. El gobierno impugnó esta orden ante la corte de Apelaciones del Circuito de Washington, Distrito de Columbia, y luego ante la Corte Suprema.
El 5 de marzo la Corte Suprema dictaminó con una votación de 5 a 4 que el gobierno cumpla con la orden de la corte de distrito, pero le ordenó aclarar exactamente lo que el gobierno debería pagar y que fijara un calendario factible de pagos. El 6 de marzo la corte de distrito celebró una audiencia de cuatro horas en la que escuchó los argumentos de ambas partes y fijó un calendario para que el gobierno efectúe los pagos vencidos.
¿QUÉ OCURRIRÁ A CONTINUACIÓN?
La corte ordenó al gobierno que hasta las 6 p.m. del lunes 10 de marzo pague a los demandantes de ambos procesos todas las facturas con los costos incurridos antes del 13 de febrero de 2025, fecha de la ORT. Asimismo, el 10 de marzo la corte se pronunciará sobre si la ORT deba convertirse en una medida cautelar de mayor duración. Si la corte concede una medida cautelar, su alcance puede ser mayor o menor que el de la ORT. Una pregunta para la que esperamos respuesta en la medida cautelar de la corte es si el gobierno debe pagar a beneficiarios de subvenciones distintos de los demandantes los costos incurridos en los contratos vigentes al 20 de enero, y en qué plazo.
Cierre de USAID: Asociación del Servicio Exterior de los Estados Unidos (American Foreign Service Association), et al. contra Trump, et al.
¿DE QUÉ TRATA EL CASO?
El 6 de febrero Public Citizen y Democracy Forward presentaron una demanda a nombre de dos sindicatos: la Asociación del Servicio Exterior de los Estados Unidos, que representa a los funcionarios del servicio exterior, y la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (American Federation of Government Employees), que representa a los empleados de USAID en el sector público. La demanda impugnó el plan del presidente Trump, anunciado en las redes sociales y llevado a cabo por el secretario de Estado Rubio y otros, para reducir drásticamente a USAID y pasar sus remanentes al Departamento de Estado. La demanda argumenta que estas acciones son ilegales porque el congreso creó USAID como una agencia independiente y el poder ejecutivo no puede cerrarla unilateralmente. También argumenta la demanda que el cierre se está ejecutando de una manera tan drástica y caótica que el gobierno no consideró adecuadamente todas las consecuencias antes de hacerlo, violando la llamada Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act).
¿QUÉ HA OCURRIDO EN EL LITIGIO HASTA AHORA?
El caso se presentó ante la corte federal del Distrito de Columbia y se le asignó al juez Carl Nichols. Al día siguiente de la presentación solicitamos una ORT porque el gobierno anunció que pondría a todos los empleados de USAID en situación de licencia administrativa antes de la medianoche del 7 de febrero, y que enviaría de vuelta a los Estados Unidos en un plazo de 30 días a quienes estaban estacionados en el extranjero. Ese mismo día el juez Nichols otorgó una ORT impidiendo que los empleados de USAID fueran considerados en ausencia o regresados a Estados Unidos, pero no concedió la otra medida que habíamos solicitado: el levantamiento de la congelación de la financiación.
Luego de otras dos audiencias y varias presentaciones del gobierno, el juez Nichols levantó la ORT el 21 de febrero. Decidió que, en base a las garantías ofrecidas por el gobierno, estaba convencido de que los empleados de USAID estacionados en el extranjero seguirían estando seguros y que el gobierno no los repatriaría de forma que perjudicara a ellos o a sus familias.
¿QUÉ OCURRIRÁ DESPUÉS?
El 13 de febrero incorporamos a Oxfam America al caso como demandante adicional para ayudar a demostrar a la corte que el cierre de USAID tendría consecuencias de gran alcance, más allá de sus efectos en los empleados de USAID. Planeamos presentar muy pronto una petición de juicio sumario a nombre de Oxfam y los sindicatos, con el fin de obtener un dictamen de la corte de que el cierre de USAID -incluida la rescisión de más del 90% de las subvenciones de USAID y los planes para despedir a gran parte de la plantilla de USAID- viola la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo. Como parte de esa moción buscaremos una medida cautelar permanente, u orden de la corte, revocando estas acciones perjudiciales e impidiendo que el presidente Trump y los otros demandados hagan algo similar a USAID en el futuro.
Referencias:
Public Citizen. (2025). Informe de novedades del grupo de litigación de Public Citizen
