El Medicines Patent Pool (MPP) ha firmado acuerdos de sublicencia con cuatro compañías (Eugia, Hetero, Dr Reddy’s Laboratories y BrightGene) para fabricar versiones genéricas del medicamento nilotinib de Novartis, utilizado en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Estos acuerdos permiten a las compañías fabricar las versiones genéricas en la India y siete países de ingreso mediano (Egipto, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Marruecos, el Pakistán y Túnez).

Estos acuerdos son los primeros que el MPP ha firmado para un medicamento contra el cáncer y son resultado de un acuerdo de licencia con Novartis en 2022. Los fabricantes seleccionados podrán suministrar las versiones genéricas en 44 territorios incluidos en la licencia, sujeto a la aprobación regulatoria local.

La licencia permite el desarrollo y suministro de versiones genéricas de nilotinib en siete países de ingreso mediano donde las patentes aún están pendientes o vigentes. Estos países incluyen Egipto, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Marruecos, Pakistán y Túnez.

La Organización Mundial de la Salud ha informado sobre la alta carga de cáncer en países de ingreso mediano y bajo, con más de 3,5 millones de nuevos casos diagnosticados en 2020. Se espera que las muertes prematuras por cáncer aumenten de 2,3 millones a 4 millones en los próximos 20 años.

Lee el documento completo: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A3be98376-69f6-34f6-ae87-6308ef83cd90

En la edición del jueves 15 de junio de Santo Remedio, Javier Llamoza conversó con Eduardo Quevedo, experto en salud pública, sobre el impacto del World Mosquito Program en la reducción de enfermedades transmitidas por mosquitos.

El World Mosquito Program es una organización sin fines de lucro que nace en Australia y es el encargado de llevar la tecnología alrededor del mundo, donde se trabaja con una bacteria llamada wolbachia.

De acuerdo al especialista, la wolbachia es una bacteria que existe en el 60-70% de los insectos que existen en el medio ambiente y que impide la presencia del virus del dengue. La wolbachia que, naturalmente, no existe en los zancudos, se le inyecta con una micro aguja al zancudo y esta bacteria compite con el dengue por la comida y la wolbachia gana, en consecuencia, el dengue ya no puede existir en el zancudo y por lo tanto ya no se pueda trasmitir. Finalmente, se hace un recambio de la población de mosquitos que están en el medioambiente, por mosquitos que tienen wolbachia.

El World Mosquito Program hizo un estudio randomizado doble ciego aleatorio en indonesia, que demostró que la taza de éxito fue de un 77% de la disminución de la transmisión del dengue en la población y un 86% en la disminución de los casos graves por dengue, por lo que Eduardo Quevedo considera que su tecnología puede usarse de manera de manera efectiva y costo eficiente; así mismo, considera que es una estrategia complementaria a las ya existentes.

Lo principal en esta tecnología, menciona Quevedo, es el trabajo con la comunidad, gobiernos locales y centrales, y todos aquellos que se van a ver involucrados en la intervención de salud pública; por ese motivo, el World Mosquito Program para asegurar el éxito necesita tener el acompañamiento de todos los agentes que ayudarían a ingresar a la comunidad de manera segura y exitosa, y lograr un diálogo. Luego del relacionamiento comunitario, que podría durar entre 6 a 12 meses, se realiza el recambio de la población de los mosquitos, que dura entre 20 a 24 semanas. Finalmente, se mide el establecimiento de zancudos con wolbachia en el medio ambiente, alrededor de 3 meses.  Esta tecnología se aplica una sola vez y se queda en la comunidad por un periodo muy largo en el tiempo.

Mira la entrevista completa aquí: https://www.youtube.com/live/9E002GUQAJU?feature=share

El Ministerio de Salud de Colombia emitió la Resolución 881 de 2023, un documento que marca el comienzo oficial del proceso administrativo para declarar la existencia de razones de interés público y hacer uso de la licencia obligatoria de las patentes del medicamento Dolutegravir como principio activo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado el uso del Dolutegravir (DTG) como una opción de tratamiento inicial para las personas que están infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este medicamento es un inhibidor de la integrasa y pertenece a la clase de los antirretrovirales. El alto precio del medicamento Dolutegravir impide que los regímenes de salud puedan brindar una cobertura adecuada a la población afectada y compromete la utilización eficiente de los recursos del sistema de salud.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, el precio establecido por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos para una presentación comercial de Dolutegravir de 50 mg en un frasco de 30 tabletas es de $96.59 USD (tipo de cambio: 0.00024 USD por cada COP). En contraste, de acuerdo con la «Lista de Precios de Acuerdos a Largo Plazo (LTA1)» del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el año 2022, la misma presentación del medicamento genérico tiene un costo de $2.68 USD.

Según Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA[1] para América Latina y el Caribe, Colombia está dando un avance significativo al asegurar que las personas tengan acceso a la medicación más adecuada para ellas, en línea con las recomendaciones y compromisos internacionales.

Lee la resolución aquí: https://consultorsalud.com/wp-content/uploads/2023/06/Resolucion-No.-881-de-2023.pdf

[1] https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2023/june/20230612_colombia-hiv-treatment

En la última edición de Santo Remedio, Javier Llamoza conversó con Natalia Echegoyemberry, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Prevención y preparación para las pandemias de VPA-LAC en Argentina, sobre la negociación del tratado pandémico en la OMS y cómo este acuerdo ayudaría a la prevención y respuesta de pandemias en la región.

Natalia comenta que este tratado sería el primer tratado vinculante para países que lo suscriban para su preparación, prevención y respuesta ante las pandemias y, a su vez, permitirá hacer una autocrítica de la comunidad internacional; sin embargo, por el momento, no se sabe cómo este tratado va a vincularse con el reglamento sanitario internacional, ya que este también está pasando por un proceso de actualización y mejora.

Para Echegoyemberry es importante determinar qué actores van a discutir el tratado y qué rol se le va a otorgar a cada institución. Tal es el caso de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde en muchos artículos se le ha dado un rol protagónico, que tendría que ser cuestionado, pensando en que el tratado es un documento jurídico vinculante.

Así mismo, hay muchos aspectos que el tratado reconoce, como las tres dimensiones de la salud: económica, social y ambiental; también habla de la importancia de la tecnología, la accesibilidad, seguridad y calidad en el acceso, etc. Para la coordinadora, la propiedad intelectual es un punto muy importante, ya que es una problemática que no solo corresponde a las pandemias, es un aspecto relevante para los países de mediano y bajos ingresos, por lo que es importante que el público en general y, sobre todo, el personal de la salud se informe y participe en el proceso de instauración del tratado.

En este momento hay un consolidado de todas las propuestas. Hasta el 14 de junio se reciben comentarios del borrador cero del tratado. Natalia recomienda que existan espacios donde los funcionarios públicos de cada país puedan informar sobre cada una de las negociaciones que se están realizando.

Mira el vídeo completo: https://www.youtube.com/live/BFVBNbrmeD4?feature=share

Lima, Perú. 4.06.2023. Miembro de la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos y Asociaciones (IFPMA por su sigla en inglés), la Industria Biofarmacéutica “de innovación” ha presentado su Visión para el acceso equitativo en pandemias en una denominada Declaración de Berlín (julio2022) , cuyo contenido debe ser analizado cuidadosamente y en consecuencia actuar colectiva y efectivamente para evitar que se consoliden organizaciones y dinámicas que priorizan el lucro desmedido de la “big pharma” antes que la salud pública, afectando desproporcionadamente a los países económicamente más débiles.

El documento hace afirmaciones que no se condicen con los hechos ocurridos durante la pandemia e intencionalmente han silenciado aquellos que no les conviene que sean ventilados públicamente; vano intento de vender una imagen corporativa que está muy lejos de la realidad.  Afirman que la “industria biofarmacéutica de innovación ha sido exitosa en el desarrollo de múltiples vacunas de alta calidad y efectivas, así como tratamientos para la COVID 19, en tiempo record, gracias al sistema de propiedad intelectual”. Ni una palabra sobre las billonarias aportaciones de fondos públicos que gobiernos como el de Estados Unidos y el Reino Unido desembolsaron para la investigación y desarrollo de vacunas ya sea como donaciones o contratos de compras adelantadas. Moderna ha recibido 10 mil millones de dólares del gobierno estadounidense incluyendo compras adelantadas; Pfizer afirma no haber tenido financiamiento para el desarrollo de su vacuna, pero recibieron 2 mil millones de dólares como orden de compra adelantada del gobierno estadounidense.  Tampoco reconocen que tecnologías como la de ARNm y de vectores virales ya existían desde hace mucho tiempo y fueron las plataformas para el desarrollo de las vacunas contra la COVID 19. No todo se ha inventado en un año.

Cínicamente afirman que a pesar que se ha logrado una producción de vacunas que supera la demanda actual, “la falta de preparación y capacidad de captación ha dejado a poblaciones de alto riesgo de muchos países en condiciones de vulnerabilidad”.  Agregan que “durante COVID19 los esfuerzos para el acceso equitativo no fueron plenamente desarrollados debido a financiamiento inadecuado para compras adelantadas y la falta de preparación de los países lo cual todavía impide que las vacunas lleguen a todos quienes la necesitan”.  Es decir, aquellos países excluidos por el acaparamiento de las vacunas por los países que pudieron pagarles los precios impuestos por las grandes farmacéuticas, son los responsables de la desigualdad en la distribución de las vacunas. Y se atreven a recomendar que en el futuro “la comunidad global debe cumplir su parte para asegurar que la gente de todos los países tenga acceso más equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos de futuras pandemias”.  

Se callan sobre la falta de transparencia en los procesos de compra de vacunas y la imposición de condiciones que hasta llegaron a exigir como garantía reservas estatales como se sabe que plantearon a Argentina, lo que fue rechazado. No se conocen todas las condiciones que los países aceptaron, urgidos por tener vacunas; tampoco se sabe de las consecuencias que pueden tener los contratos firmados. Por ahora sabemos que las grandes farmacéuticas exigieron que los gobiernos compradores las eximan de responsabilidades, aun en casos de negligencia o errores que cometieran; indemnidad total en casos de daños que pueda causar la vacuna. Silencio total acerca de los precios que han impuesto a los países del norte y del sur; nada sobre los costos de producción de las vacunas y los precios finales que impusieron a los países compradores.  

El documento se atreve a recomendar a las “otras partes” (G7, G20, organismos multilaterales, gobiernos nacionales, organizaciones filantrópicas, sociedad civil,) lo que deben hacer en próximas pandemias, dejando intocado el sistema de protección de la propiedad intelectual; patentes, por ejemplo. La gran industria farmacéutica quiere seguir imponiendo su modelo de hacer negocios asignando a las otras partes, roles de financiadores de sus actividades de investigación y desarrollo y consumidores de sus productos, manteniéndose como propietarios de los avances científicos y técnicos; dueños del conocimiento.  La ciencia y la técnica seguirá secuestrada por las grandes corporaciones farmacéuticas que no están interesadas en la salud pública sino en sus propios beneficios. Quieren continuar imponiendo las mismas reglas para obtener las tecnologías sanitarias que la humanidad requiere y necesitará, no sólo ante nuevas pandemias sino en tiempos “normales”.  Las medidas “aceptables” para escalar las capacidades de producción de nuevas tecnologías sanitarias en los países del sur (licencias de patentes, transferencia de tecnología, etc.), dependerán de la voluntad de las compañías. La “propiedad intelectual” no se toca. 

En esa línea, aconsejan que los países, “deben asegurar una robusta vigilancia y compartir con todos los investigadores, inmediatamente y sin obstáculos la aparición de patógenos y la data correspondiente…”. En estos casos, la gran industria biofarmacéutica aparenta promover la “ciencia abierta”, siempre y cuando no se les exija que pongan a disposición plena la data que ella produce sobre ensayos clínicos y otros que pueden llevar a tomar decisiones informadas. Menos aún sobre los conocimientos que se generan para combatir una patología, así como la transferencia tecnológica que permita escalar en muchos otros países el conocimiento científico hasta la producción de tecnologías efectivas.  Valdría la pena preguntarse qué beneficios han obtenido aquellos países que han compartido oportunamente patógenos “de preocupación”. ¿En qué medida y en qué condiciones han tenido acceso a los productos fabricados en base al conocimiento que compartieron? O ¿Cuánta data sobre ensayos clínicos y otras pruebas sobre las vacunas COVID 19 no han sido compartidas con la academia, instituciones de investigación y otros actores relevantes en este campo? Descaradamente dicen que colaborarán con la academia y el sector público para “construir una relación de candidatos a vacunas y tratamientos contra patógenos prioritarios adelantándose a la próxima pandemia, potenciando robustas protecciones de la propiedad intelectual”.

Estamos avisados; las grandes compañías farmacéuticas mantendrán bajo su control el desarrollo, la investigación, producción y venta de las nuevas tecnologías de salud.  Si dejamos las cosas como están, ellas seguirán decidiendo quienes sobreviven y quienes quedan en el camino.

IFPMA; BERLIN DECLARATION – Biopharmaceutical Industry Vision for Equitable Access in Pandemics; 19.07.2022; https://www.ifpma.org/resource-centre/berlin-declaration-biopharmaceutical-industry-vision-for-equitable-access-in-pandemics/

Winnie Byanyima; To learn lessons from pandemics, don’t listen to big pharma,  Oct. 19, 2022

Lauren Paremoer; PEOPLE VACCINES ALLIANCE; BERLIN DECLARATION: KEY CLAIMS AND CRITIQUES;  People’s Vaccine Alliance Policy & Advocacy Working Group; October 2022; https://peoplesvaccine.org/wp-content/uploads/2022/10/Berlin-Declaration_Key-Claims-And-Critiques-Oct-2022.pdf

LIMA, 22.05.2023. MEDICARE es el programa nacional de Estados Unidos de seguro de salud para personas mayores de 65 años, personas más jóvenes con algún tipo de discapacidad y paciente con enfermedad renal en etapa terminal. Son aproximadamente 84 millones de estadounidenses que se benefician del MEDICARE. Es conocido que la factura de medicamentos para cualquier sistema de salud en el mundo es muy alto. Ocurre en los países pobres y los del norte no están exonerados de la presión financiera que significa solventar medicamentos para los beneficiarios de sus sistemas sanitarios.

Por esta razón, la administración Biden, tiene un plan de negociar precios con las empresas farmacéuticas para obtener precios más convenientes que pueda beneficiar a MEDICARE.  No solamente beneficiaría al gobierno, sino a los usuarios que verían rebajados los pagos de sus bolsillos por medicamentos, sostienen los demócratas estadounidenses.

En respuesta al plan, el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, anunció que las empresas farmacéuticas puedan tomar medidas legales en respuesta a las negociaciones de precios de Medicare, pues tendrían un impacto negativo en las ganancias de las compañías. El alto funcionario de Pfizer cuestionó la cláusula incluida en la Ley de Reducción de la Inflación propuesta por la administración Biden, la cual autorizará a Medicare a negociar los precios de los medicamentos más caros cada año. Las primeras negociaciones tendrán lugar en septiembre y los nuevos precios regirán a partir del 2026. [1]  Manifestó que la reducción de los precios de los medicamentos va a disminuir las ganancias corporativas y hará que miles de empresas abandonen la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Una frecuente amenaza de la big pharma cuando se trata de establecer precios que no solamente busquen maximizar utilidades, sino hacer accesibles bienes esenciales como los medicamentos.   

Cabe recordar que en 2022 Pfizer ha tenido ingresos por más de 100 mil millones de dólares; casi 1.5 veces el presupuesto anual del Perú.  Su vacuna contra el COVID 19 recaudó 37,800 millones de dólares y el antiviral de Paxlovid, también de Pfizer, 18,900 millones de dólares[2].  Como director ejecutivo de la empresa Bourla ha ganado en el 2022 la astronómica  suma de 33 millones de dólares[3].

El representante de Pfizer mostró tremendo cinismo al afirmar que el plan de reducción de precios de medicamentos de Biden es como “negociar con una pistola en la cabeza”. Quienes negociaron en esa condición fueron todos los países que compraron la vacuna de Pfizer, que impuso los precios que más le convenía, exigió reservas fiscales de los países como garantía, se exoneraba de responsabilidad cuando fallara las entrega, e impuso una cláusula de indemnidad ante probables daños que podría causar su vacuna. Todo bajo un oscuro manto de confidencialidad.  

[1] By Michael Erman and Bhanvi Satija, Pfizer CEO calls US drug price plan ‘negotiation with a gun to your head’; REUTERS, 12.05.2023 ; https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-pouring-covid-profits-into-cancer-battle-ceo-bourla-says-2023-05-11/ 

[2] SALUD NEWS al servicio del sector salud; Las 20 principales empresas farmacéuticas por ingresos en 2022

Por Redacción Internacional – 29 de abril, 2023      https://saludnews.net/las-20-principales-empresas-farmaceuticas-por-ingresos-en-2022/; visita 13.05.2023

[3] MIGUEL JIMÉNEZ;  La cúpula de Pfizer cobra sueldos récord tras los beneficios de la vacuna de la COVID 19;  EL PAIS Marzo 2023; https://elpais.com/economia/2023-03-17/la-cupula-de-pfizer-cobra-sueldos-record-tras-los-beneficios-de-la-vacuna-de-la-covid.html

En los años 90 ocurrió uno de los más grandes desastres en términos regulatorios de medicamentos en el país. En aquel tiempo, el gobierno dictó una norma que permitió aprobar la comercialización de medicamentos en 7 días, bajo silencio administrativo positivo. Con esta norma, y con el argumento de promover la competencia, ingresaron al país medicamentos cuya eficacia y seguridad no estaban demostradas. Tuvieron que pasar más de 25 años para que la nueva ley de medicamentos filtrara y retirara del mercado, mediante reinscripción, aquellos medicamentos que no demostraban seguridad y eficacia.

Si no aprendemos de los errores, estamos condenados a repetirlos, con las correspondientes consecuencias. El Congreso de la República, complaciente con el lobby farmacéutico, acaba de aprobar una ley que, a pesar de estar observada por el Poder Ejecutivo, insistió en su aprobación aprobando entre otras cosas el silencio administrativo positivo.

La ley N° 31738 “Ley que modifica la Ley 29698, Ley que declara de interés nacional y preferente atención al tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas“ publicada el 11.05.2023, en su artículo 9 establece  que “La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivo Médicos y Productos Sanitarios  (ANM) resuelve  la solicitud de inscripción o reinscripción en el registro sanitario en un plazo no mayor de cuarenta y cinco   días calendarios sujeto a silencio administrativo positivo. Bajo responsabilidad y sanción del funcionario correspondiente”. Además, establece que esta nueva norma puede utilizarse para el registro sanitario de productos para tratamiento oncológico. Esto último, que nada tiene que ver con enfermedades raras y huérfanas, habría entrado de contrabando empujado por intereses muy particulares.

Recordemos como ejemplo que, en el caso de medicamentos oncológicos, según una evaluación de la EMA (Autoridad Europea de Medicamentos) y FDA (Estados Unidos) sobre los registros autorizados entre el 2002 y 2014 encontraron que sólo 33% y 35% de los productos respectivamente, evidenciaron una prolongación de la sobrevida. Los demás tenían resultados sustitutos “con insuficiente evidencia de beneficios en términos de resultados clínicos”. Otro problema de los nuevos medicamentos para el cáncer son las reacciones adversas. “Las probabilidades de muertes por toxicidad fueron mayores para los nuevos agentes que para los de control. Las probabilidades de abandono de los tratamientos también fueron más altas para los nuevos medicamentos”[1]. Frente a estas situaciones, los órganos reguladores son los responsables de evaluar y autorizar la comercialización de medicamentos. Este es el caso de la DIGEMID, nuestra Autoridad Nacional de Medicamentos, que por años sigue intentando homologarse a nivel IV, estando en desventaja con las autoridades reguladoras de Colombia, Argentina, Brasil, Cuba, Chile entre otros.

Frente a esta situación, para los medicamentos incluidos en la cuestionable ley recientemente aprobada, DIGEMID está obligada a registrarlos en 45 días. Si actualmente toma más de 5 meses para evaluar una solicitud de registro sanitario, y tiene pendiente evaluar más de 19,000 expedientes, con la nueva ley sus funciones se ven recortadas y se convierte en una mesa de partes de solicitudes de registro sanitario.

El mercado de medicamentos es asimétrico respecto a la información con que cuenta cada agente que participa en el suministro. Los pacientes usan lo que les prescriben y dispensan; no deciden sobre la selección de los medicamentos que les indican, lo que está en manos del profesional que muchas veces se encuentra influenciado por la industria farmacéutica y capacitado por las mismas. Esta situación pone en riesgo la salud del paciente y del propio sistema de salud en caso se vean obligados adquirir estos nuevos medicamentos, normalmente a precios exorbitantes, y muchas veces con beneficios irrelevantes.

[1] Medicamentos para el Cáncer: Precios y beneficios en cuestión, diciembre 2019

https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/Medicamentos_para_el_caincer_2019.pdf

En el informe “Vacunas y desigualdad lecciones de la vacunación contra la covid-19 en Perú” escrito por miembros de Salud con Lupa y Gobierna Consultores, se discute la campaña de vacunación contra la Covid-19 en Perú.

En el texto, se destaca que la adquisición y el inicio de la vacunación en febrero de 2021 fueron una señal importante de la recuperación del Estado en su capacidad de garantizar la salud de todos sus ciudadanos. Sin embargo, pronto se evidenciaron las falencias del Estado para llevar la vacuna a las poblaciones de los distritos de áreas rurales y de difícil accesibilidad geográfica, sobre todo de los Andes y la Amazonía. Un problema identificado es la intervención sin un enfoque de interculturalidad.

Las vacunas no estuvieron disponibles para todos los peruanos poco después de que los lotes aterrizaron en el país, y varias de las zonas de mayor pobreza fueron las que menos dosis recibieron. Además, se reflejaron problemas en la cobertura de vacunación contra la covid-19 por regiones, provincias y distritos conforme a sus condiciones económicas, densidad poblacional y accesibilidad geográfica.

Lee el artículo completo aquí: https://oi-files-cng-v2-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/Vacunas-y-desigualdad-Lecciones-de-la-vacunacion-contra-covid19.pdf?VersionId=bscto6V0WrhEQ.KgRL726MZK9wNSQ2yQ

El libro Verdades incómodas de la salud pública global, presentado por la Universidad Nacional de Colombia, aborda los desafíos que enfrenta la salud pública en un mundo globalizado, combinando teoría y conceptos con historias de decisiones difíciles de la política pública en Colombia entre 2011 y 2018.

Así mismo, presenta lo que los autores denomina “cinco verdades incómodas” que influyen en los problemas que enfrentan los decisores, activistas y académicos en este ámbito. Estas verdades incómodas se dividen en capítulos correspondientes: 1) El modelo de innovación biomédica ha fallado; 2) Las decisiones en salud a menudo no se basan en la ciencia; 3) La regulación sanitaria está influenciada por la política; 4) El mercado farmacéutico presenta confidencialidad, secretismo y distorsiones; y 5) El consumo farmacéutico se ha convertido en una epidemia que enferma y contamina.

Finalmente, el libro muestra cómo estas verdades incómodas interactúan en el poder global y local, y cómo es posible influir en los escenarios internacionales para facilitar el debate y las decisiones locales, y viceversa. Además, el libro presenta casos específicos de Colombia para ilustrar estos desafíos globales y cómo se pueden abordar a nivel local.

Lee el libro completo aquí:

http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/medicamentos/docs/Verdades_Inco__modas_en_la_salud_pu__blica_global_final_2.pdf