Lima, Perú. 4.06.2023. Miembro de la Federación Internacional de Productores Farmacéuticos y Asociaciones (IFPMA por su sigla en inglés), la Industria Biofarmacéutica “de innovación” ha presentado su Visión para el acceso equitativo en pandemias en una denominada Declaración de Berlín (julio2022) , cuyo contenido debe ser analizado cuidadosamente y en consecuencia actuar colectiva y efectivamente para evitar que se consoliden organizaciones y dinámicas que priorizan el lucro desmedido de la “big pharma” antes que la salud pública, afectando desproporcionadamente a los países económicamente más débiles.
El documento hace afirmaciones que no se condicen con los hechos ocurridos durante la pandemia e intencionalmente han silenciado aquellos que no les conviene que sean ventilados públicamente; vano intento de vender una imagen corporativa que está muy lejos de la realidad. Afirman que la “industria biofarmacéutica de innovación ha sido exitosa en el desarrollo de múltiples vacunas de alta calidad y efectivas, así como tratamientos para la COVID 19, en tiempo record, gracias al sistema de propiedad intelectual”. Ni una palabra sobre las billonarias aportaciones de fondos públicos que gobiernos como el de Estados Unidos y el Reino Unido desembolsaron para la investigación y desarrollo de vacunas ya sea como donaciones o contratos de compras adelantadas. Moderna ha recibido 10 mil millones de dólares del gobierno estadounidense incluyendo compras adelantadas; Pfizer afirma no haber tenido financiamiento para el desarrollo de su vacuna, pero recibieron 2 mil millones de dólares como orden de compra adelantada del gobierno estadounidense. Tampoco reconocen que tecnologías como la de ARNm y de vectores virales ya existían desde hace mucho tiempo y fueron las plataformas para el desarrollo de las vacunas contra la COVID 19. No todo se ha inventado en un año.
Cínicamente afirman que a pesar que se ha logrado una producción de vacunas que supera la demanda actual, “la falta de preparación y capacidad de captación ha dejado a poblaciones de alto riesgo de muchos países en condiciones de vulnerabilidad”. Agregan que “durante COVID19 los esfuerzos para el acceso equitativo no fueron plenamente desarrollados debido a financiamiento inadecuado para compras adelantadas y la falta de preparación de los países lo cual todavía impide que las vacunas lleguen a todos quienes la necesitan”. Es decir, aquellos países excluidos por el acaparamiento de las vacunas por los países que pudieron pagarles los precios impuestos por las grandes farmacéuticas, son los responsables de la desigualdad en la distribución de las vacunas. Y se atreven a recomendar que en el futuro “la comunidad global debe cumplir su parte para asegurar que la gente de todos los países tenga acceso más equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos de futuras pandemias”.
Se callan sobre la falta de transparencia en los procesos de compra de vacunas y la imposición de condiciones que hasta llegaron a exigir como garantía reservas estatales como se sabe que plantearon a Argentina, lo que fue rechazado. No se conocen todas las condiciones que los países aceptaron, urgidos por tener vacunas; tampoco se sabe de las consecuencias que pueden tener los contratos firmados. Por ahora sabemos que las grandes farmacéuticas exigieron que los gobiernos compradores las eximan de responsabilidades, aun en casos de negligencia o errores que cometieran; indemnidad total en casos de daños que pueda causar la vacuna. Silencio total acerca de los precios que han impuesto a los países del norte y del sur; nada sobre los costos de producción de las vacunas y los precios finales que impusieron a los países compradores.
El documento se atreve a recomendar a las “otras partes” (G7, G20, organismos multilaterales, gobiernos nacionales, organizaciones filantrópicas, sociedad civil,) lo que deben hacer en próximas pandemias, dejando intocado el sistema de protección de la propiedad intelectual; patentes, por ejemplo. La gran industria farmacéutica quiere seguir imponiendo su modelo de hacer negocios asignando a las otras partes, roles de financiadores de sus actividades de investigación y desarrollo y consumidores de sus productos, manteniéndose como propietarios de los avances científicos y técnicos; dueños del conocimiento. La ciencia y la técnica seguirá secuestrada por las grandes corporaciones farmacéuticas que no están interesadas en la salud pública sino en sus propios beneficios. Quieren continuar imponiendo las mismas reglas para obtener las tecnologías sanitarias que la humanidad requiere y necesitará, no sólo ante nuevas pandemias sino en tiempos “normales”. Las medidas “aceptables” para escalar las capacidades de producción de nuevas tecnologías sanitarias en los países del sur (licencias de patentes, transferencia de tecnología, etc.), dependerán de la voluntad de las compañías. La “propiedad intelectual” no se toca.
En esa línea, aconsejan que los países, “deben asegurar una robusta vigilancia y compartir con todos los investigadores, inmediatamente y sin obstáculos la aparición de patógenos y la data correspondiente…”. En estos casos, la gran industria biofarmacéutica aparenta promover la “ciencia abierta”, siempre y cuando no se les exija que pongan a disposición plena la data que ella produce sobre ensayos clínicos y otros que pueden llevar a tomar decisiones informadas. Menos aún sobre los conocimientos que se generan para combatir una patología, así como la transferencia tecnológica que permita escalar en muchos otros países el conocimiento científico hasta la producción de tecnologías efectivas. Valdría la pena preguntarse qué beneficios han obtenido aquellos países que han compartido oportunamente patógenos “de preocupación”. ¿En qué medida y en qué condiciones han tenido acceso a los productos fabricados en base al conocimiento que compartieron? O ¿Cuánta data sobre ensayos clínicos y otras pruebas sobre las vacunas COVID 19 no han sido compartidas con la academia, instituciones de investigación y otros actores relevantes en este campo? Descaradamente dicen que colaborarán con la academia y el sector público para “construir una relación de candidatos a vacunas y tratamientos contra patógenos prioritarios adelantándose a la próxima pandemia, potenciando robustas protecciones de la propiedad intelectual”.
Estamos avisados; las grandes compañías farmacéuticas mantendrán bajo su control el desarrollo, la investigación, producción y venta de las nuevas tecnologías de salud. Si dejamos las cosas como están, ellas seguirán decidiendo quienes sobreviven y quienes quedan en el camino.
IFPMA; BERLIN DECLARATION – Biopharmaceutical Industry Vision for Equitable Access in Pandemics; 19.07.2022; https://www.ifpma.org/resource-centre/berlin-declaration-biopharmaceutical-industry-vision-for-equitable-access-in-pandemics/
Winnie Byanyima; To learn lessons from pandemics, don’t listen to big pharma, Oct. 19, 2022
Lauren Paremoer; PEOPLE VACCINES ALLIANCE; BERLIN DECLARATION: KEY CLAIMS AND CRITIQUES; People’s Vaccine Alliance Policy & Advocacy Working Group; October 2022; https://peoplesvaccine.org/wp-content/uploads/2022/10/Berlin-Declaration_Key-Claims-And-Critiques-Oct-2022.pdf
