Luego de cuatro años cuando la sociedad civil advirtiera sobre el excesivo precio del medicamento atazanavir, utilizado en la segunda línea del tratamiento del VIH SIDA y exigiera el uso de la licencia obligatoria1 , el Estado Peruano puede acceder a un precio justo2 vencida su patente. Muchos hechos se dieron en el proceso como el empoderamiento de la sociedad civil y su indignación por el alto precio, así como un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo con posiciones conflictivas sobre el uso de la licencia obligatoria, mecanismo que hubiera permitido dar fin de manera temprana al monopolio y usar eficientemente los recursos fiscales

El medicamento es un bien social y el Estado está obligado a asegurar su disponibilidad y asequibilidad tanto en el sector público como en el privado. Cuando los medicamentos son ofertados por un solo proveedor o un grupo reducido de proveedores, los precios se distorsionan en forma desfavorable para las y los pacientes y para las instituciones que brindan atención médica, poniendo en riesgo el acceso a los medicamentos que requieren

En febrero de 2018, la ausencia de una normativa que regule el control previo de fusiones y adquisiciones en el Perú, permitió que la compañía InRetail^[1], perteneciente al grupo Intercorp^[2] dueña de la cadena de boticas Inkafarma, Arcángel y del laboratorio ALBIS, adquiriera el 100% de acciones de Quicorp S.A.,  dueña de Química Suiza y de cadenas de farmacias como MIFARMA, BTL, FASA y del laboratorio Cifarma,  totalizando más de 2000 boticas que acumulan  el 83% de ventas del mercado minorista. Adicionalmente, a través de sus empresas fabricantes de marcas propias, muestran una integración vertical que le permite ejercer una  posición de dominio eliminando en gran medida la competencia.

Entre mayo y julio de 2018 se realizó un estudio en Lima y Callao (Perú) que muestra un mercado minorista de medicamentos (retail) con una presencia significativa de las marcas del “grupo InRetail”, siendo las posibilidades de ser ofertadas en más del 50% en cuatro de los seis medicamentos del estudio cuyos titulares son InRetailPharma, Albis SA y  Química Suiza SAC. En dos medicamentos existe una posición preferencial de la oferta, pues en nueve de cada diez establecimientos se ofreció como primera opción un medicamento cuya marca pertenece al grupo InRetail.

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^[1]Inretail Perú: Subsidiaria de Intercorp Perú (www.intercorp.com.pe), uno de los principales grupos económicos del Perú, con actividades en los sectores de servicios financieros, retail, inmobiliario y educación. https://www.inretail.pe/

^[2]INTERCORP:  Es un conglomerado de empresasmultinacionales de origen peruano, logró ingresos por más de $ 3000 millones en el 2011 y se encuentra entre las tres marcas peruanas que aparecen en el ranking de las 50 más valiosas de la región.http://www.intercorp.com.pe/

Acción Internacional para la Salud – Perú en colaboración con Public Citizen de Estados Unidos, ha publicado la Nota informativa N°1 mostrando algunas acciones realizadas por las instituciones públicas en respuesta al boletín denominado»Raltegravir: Uso apropiado y precios bajos para hacer más eficiente el gasto público», publicado en agosto de 2018. Uno de los resultados importantes es la renegociación del precio de raltegravir realizado por EsSalud  logrando una reducción del 30.35% (S/20.89 a S/14.55), que representaría en el 2019 un ahorro de por lo menos de S/.3,584,027.

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Acción Internacional para la Salud – Perú con el apoyo de Public Citizen de Estados Unidos, ha publicado un documento que expone la situación de la Hepatitis C y los precios de los medicamentos para tratar dicha infección.

En Perú, la prevalencia de infección crónica por el VHC no se conoce con exactitud. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios no poblacionales realizados, se ha estimado entre 0.25% a 1%, con una tasa de mortalidad de 0.04% por 100 000 habitantes[1], es decir 4000 muertes por cada 100 000 personas expuestas. En cuanto a los Antivirales de Acción Directa (AAD), el sofosbuvir, daclatasvir y la combinación de sofosbuvir/ledipasvir, entre otros, han mostrado altas tasas de curación de la infección, por lo que están recomendadas en las directrices de la OMS. Sin embargo, sus precios son elevados y comercializados en su mayoría por un solo proveedor debido a la protección de derechos de propiedad intelectual que los gobiernos otorgan: patentes o protección de datos de prueba.

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Acción Internacional para la Salud – Perú con el apoyo de Public Citizen de Estados Unidos, ha publicado un documento que resume el proceso de  judicialización del registro del biosimilar del  infliximab, que llevó a un retraso del ingreso de un competidor, afectando económicamente a las instituciones que  ofrecen este tratamiento y a las persona –seguramente pocos- que pagan el tratamiento con su bolsillo. .

El Infliximab es un medicamento biotecnológico utilizado en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Sin embargo, su alto precio es una valla que impide obtener sus beneficios; más aún, cuando existe en el mercado un solo proveedor que habría abusado de su poder de dominio. En el 2015, en el Perú se registró un producto biosimilar (medicamento competidor del original), que por la falta de un reglamento específico propició una demanda de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Perú (ALAFARPE), que resultó a través de la demanda especifica de Jhonson & Jhonson en una  suspensión de dicho registro. Este hecho, sumado a la demora en aprobar el reglamento mencionado, lo que ocurrió cuatro años después de la publicación del anteproyecto,  afectó financieramente a las instituciones de salud y muy probablemente a las personas que requerían el medicamento. En 2017 el infliximab en su versión biosimilar se convierte en el primer medicamento en su género en entrar al mercado peruano. Esto llevó a una reducción del precio en 57%; pasó de S/2,220 a S/ 857.00 la inyección. Estimamos que de haber implementado oportunamente el reglamento, en los últimos dos años el Estado Peruano  hubiese ahorrado S/ 10.652,157.76.

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OXFAM y Acción Internacional para la Salud (AIS) publicaron el documento “Justica fiscal por la salud de las mujeres, La otra lucha contra el cáncer” en la que afirma que a pesar que el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte de mujeres en el Perú y que cada año mueren mil 200 mujeres por cáncer de mama, el Estado peruano ha dejado de percibir más de 34 millones de soles por exoneraciones tributarias a 12 medicamentos e insumos para el tratamiento de esta mortal enfermedad. 

Para los años 2016 y 2017 las exoneraciones tributarias a 12 medicamentos oncológicos en el Perú podrían haber cubierto el tratamiento de 1,116 mujeres con cáncer de cuello uterino o 950 con cáncer de mama en los estados más avanzados. 

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Acción Internacional para la Salud – Perú en colaboración con Public Citizen de Estados Unidos, ha publicado el documento que alerta sobre el incremento significativo en el consumo del medicamento raltegravir, utilizado para la infección por VIH.

Este medicamento, cuyo uso debe reservarse para cuando falla el tratamiento de primera línea tiene un solo proveedor en el mercado peruano. Entre el 2012 y el 2017 el gasto se ha incrementado en 23 veces; sólo en el 2017 el gasto por las instituciones públicas ascendió a más de S/ 19 millones. En el 2017 se compraron 1,099,526 tabletas contra 45,078 que se compraron en el 2012. Un hecho que merece explicación de parte de los órganos técnicos del Ministerio de Salud.

El estudio muestra como las instituciones públicas adquieren el mismo medicamento al mismo proveedor pero a diferentes precios, adquisición que no guarda relación con las cantidades que adquirieron.

Finalmente el estudio hace una comparación entre el gasto incurrido entre el 2017 y el 2018 y lo comparar con un precio simulado en el caso que el Estado recurriera a una compra internacional, permitida por la actual ley de contrataciones del Estado. Con esta comparación el Estado Peruano hubiera podido ahorrar en estos dos años más de S/25 millones

El estudio concluye que el “Estado Peruano tiene la obligación constitucional de cautelar los recursos públicos, por lo que debe realizar todos los esfuerzos para hacer eficiente el gasto público. En esa línea, la importación directa del fabricante, representa una opción conveniente que beneficiaría a las instituciones nacionales que ofrecen tratamiento con raltegravir”