Acción Internacional para la Salud – Perú con el apoyo de Public Citizen de Estados Unidos, ha publicado un documento que resume el proceso de judicialización del registro del biosimilar del infliximab, que llevó a un retraso del ingreso de un competidor, afectando económicamente a las instituciones que ofrecen este tratamiento y a las persona –seguramente pocos- que pagan el tratamiento con su bolsillo. .
El Infliximab es un medicamento biotecnológico utilizado en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. Sin embargo, su alto precio es una valla que impide obtener sus beneficios; más aún, cuando existe en el mercado un solo proveedor que habría abusado de su poder de dominio. En el 2015, en el Perú se registró un producto biosimilar (medicamento competidor del original), que por la falta de un reglamento específico propició una demanda de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Perú (ALAFARPE), que resultó a través de la demanda especifica de Jhonson & Jhonson en una suspensión de dicho registro. Este hecho, sumado a la demora en aprobar el reglamento mencionado, lo que ocurrió cuatro años después de la publicación del anteproyecto, afectó financieramente a las instituciones de salud y muy probablemente a las personas que requerían el medicamento. En 2017 el infliximab en su versión biosimilar se convierte en el primer medicamento en su género en entrar al mercado peruano. Esto llevó a una reducción del precio en 57%; pasó de S/2,220 a S/ 857.00 la inyección. Estimamos que de haber implementado oportunamente el reglamento, en los últimos dos años el Estado Peruano hubiese ahorrado S/ 10.652,157.76.
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