OCDE reconoce avances y subraya los desafíos del sistema de salud peruano

En las últimas cuatro décadas, Perú ha realizado avances sustanciales en sus indicadores de salud, destacándose un aumento de la esperanza de vida en 13 años, alcanzando los 72,4 años en 2022. La mortalidad infantil ha disminuido drásticamente, de 83 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 1980 a 11 en 2021; y la mortalidad materna se ha reducido a la mitad desde 2002. El documento de la OCDE afirma que dichos avances han sido facilitados por reformas clave, como la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud  que ha contribuido a lograr que el 97% de la población peruana cuente con algún seguro de salud.  

Sin embargo, el sistema de salud enfrenta desafíos persistentes. La fragmentación y la falta de integración de los diversos subsistemas han generado desigualdades significativas en el acceso a la atención. En regiones como Puno, las necesidades médicas insatisfechas son casi el doble que en Lima, y las poblaciones indígenas enfrentan barreras aún mayores. La infraestructura de salud es insuficiente y los recursos se distribuyen de manera desigual entre las diversas zonas geográficas del país. El sistema de salud carece de coordinación efectiva entre EsSalud y el SIS, lo que genera ineficiencias y duplicación de servicios. Asimismo, existe una carga creciente de enfermedades no transmisibles y de la persistencia de enfermedades infecciosas, por lo que es necesaria la inversión en prevención y promoción de la salud.

A pesar de estos obstáculos, la OCDE reconoce que se están realizando esfuerzos para integrar y fortalecer la atención primaria, así como para mejorar la infraestructura y la gobernanza del sistema de salud. La pandemia de COVID-19 evidenció las vulnerabilidades del sistema, en particular en la respuesta ante crisis sanitarias. Aunque se han mejorado los planes nacionales de emergencia y la capacidad de respuesta, la implementación efectiva en las regiones sigue siendo un reto. Se requiere una mayor inversión en recursos humanos, infraestructura tecnológica y otras políticas para garantizar la resiliencia del sistema ante futuras emergencias. 

En cuanto a la calidad de la atención, la OCDE identifica áreas de mejora en la gestión de datos de salud y en la estandarización de los servicios. Se están impulsando iniciativas para desarrollar una infraestructura de datos interoperable, lo que permitiría una mejor coordinación entre los distintos niveles de atención y una gestión más eficiente de los recursos. Además, si se optimizaran las adquisiciones farmacéuticas y se ampliase la disponibilidad de medicamentos genéricos, se reducirían costos y se mejoraría la accesibilidad a los tratamientos.

El futuro del sistema de salud en Perú dependerá de la consolidación de estas y otras reformas como la reducción de la fragmentación y la mejora de la calidad y el acceso a la atención en todas las regiones del país. Para ello, será esencial seguir aprendiendo de las mejores prácticas internacionales y fortalecer la cooperación multisectorial.

Referencia:

OECD. Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud: Perú 2025. Paris: OECD Publishing; 2025. Disponible en: https://www.oecd.org/es/publications/estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-peru-2025_262a739e-es.htmlrg/es/publications/estudios-de-la-ocde-sobre-los-sistemas-de-salud-peru-2025_262a739e-es.html

Campaña por el acceso a lenacapavir para controlar la infección por el VIH 

Webinars de la campaña “Lenacapavir: más caro que el oro” se llevaron a cabo exitosamente los días 22 y 29 de mayo de 2025, organizados por Medicinas para la Gente LAC, AHF, Public Citizen y Corresponsales Clave. Los análisis e información presentada resultaron esenciales para abordar los desafíos y las posibles soluciones para garantizar el acceso equitativo a lenacapavir, tratamiento innovador considerado uno de los avances más cercanos a una vacuna contra el VIH. Participaron organizaciones de la sociedad civil, activistas, expertos en salud pública y líderes sociales

En la primera sesión, Hortensia Peralta, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presentó la importancia de la PrEP como estrategia de prevención del VIH, especialmente dirigida a jóvenes de 15 a 24 años en Brasil. Resaltó la necesidad de expandir la disponibilidad de la PrEP, tanto oral como inyectable, y de reducir el estigma asociado a su uso, especialmente entre los hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Juliana Vallini, también de la OPS, abordó los retos del acceso regional a lenacapavir, destacando obstáculos como el alto costo, las restricciones de patentes y la capacidad limitada de producción. 

A pesar de que lenacapavir ha sido aprobado como tratamiento para el VIH, su alto precio podría dificultar su disponibilidad en varios países de América Latina, especialmente si se aprueba como profilaxis preexposición (PrEP). En 2024, se acordó una licencia voluntaria de la farmacéutica Gilead que permite el acceso a genéricos en mas de 120 países, pero muchos de América Latina no están incluidos. 

Peter Maybarduk, de Public Citizen, enfatizó la importancia de las estrategias para reducir los costos de los medicamentos, sugiriendo que los gobiernos deberían regular los precios y negociar con las empresas farmacéuticas. Además, señaló que muchas veces los mecanismos de fijación de precios son secretos, lo que dificulta la competencia y la obtención de licencias para la producción de genéricos. 

Jorge Pacheco, de Ligasida, comentó sobre la situación en Colombia, donde existe un monopolio de aseguradoras que impide conocer los precios a los que compran los medicamentos. A pesar de haber logrado la licencia obligatoria para el dolutegravir, Colombia aún enfrenta múltiples demandas de las empresas farmacéuticas. También resaltó cómo la estigmatización y la discriminación dificultan el acceso a medicamentos profilácticos para el VIH.

Alfredo Mejía, de ICAP Global Health, por su parte, abordó las barreras de acceso a la PrEP presencial, como el acceso limitado a servicios de salud para migrantes irregulares, el ausentismo laboral, las largas distancias, las preocupaciones sobre privacidad, el costo y el cumplimiento, además de la desconfianza hacia el personal de salud. Estos obstáculos impulsaron la adopción de la TelePrEP, una estrategia digital para llevar la PrEP a estas poblaciones que ha mostrado buenos resultados.

En la segunda fecha, Adriano Queiroz da Silva, representante del programa de VIH/ITS de São Paulo, presentó las estrategias locales para ampliar el acceso a la PrEP, como los Centro de Pruebas y Asesoramiento (CTA) itinerantes que ofrecen servicios móviles para llevar la PrEP, PEP y otros métodos preventivos a comunidades remotas. También mencionó actividades extramurales, como las campañas de sensibilización en carnavales y otros eventos culturales, y la distribución de preservativos en estaciones de metro. Desde 2018, São Paulo ha implementado programas innovadores de PrEP, con la prescripción realizada no solo por médicos, sino también por otros profesionales de la salud como farmacéuticos, odontólogos y personal de enfermería.

Carlos A. Passarelli, asesor de ONUSIDA para el acceso a medicamentos, subrayó la necesidad urgente de nuevas tecnologías de prevención, como los inyectables y los anillos vaginales, que aún no están disponibles en toda la región. También destacó que las políticas de prevención deben integrarse en un enfoque más amplio de derechos humanos, ya que los altos precios y las barreras regulatorias siguen siendo obstáculos importantes. Passarelli hizo un llamado a fortalecer los mecanismos legales como las licencias obligatorias y excepciones bajo el Acuerdo sobre los ADPIC para facilitar el acceso a estas tecnologías innovadoras.

Por último, Carolinne Scopel, consultora farmacéutica de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de SIDA (ABIA) explicó los efectos negativos de las patentes farmacéuticas, que generan monopolios, elevan los precios y limitan el acceso a medicamentos genéricos. Abogó por medidas como las licencias obligatorias, las excepciones Bolar y la importación paralela como soluciones para superar estas barreras y garantizar que los medicamentos esenciales lleguen a las poblaciones más vulnerables.

Estos dos webinars evidencian la urgencia de encontrar soluciones innovadoras y políticas públicas efectivas para garantizar el acceso equitativo a tratamientos contra el VIH, especialmente para las poblaciones más vulnerables en América Latina.

Puedes acceder a las sesiones completas de los webinars aquí:

  1. Primera fecha: Webinar «El camino a la nueva era en la respuesta al VIH/SIDA”. Disponible en: https://youtu.be/d9Z3EjM9noM?si=LXWmUerJY2Q0i5Dx 
  2. Segunda fecha: Webinar “Experiencia con la PrEP en Sao Paulo en Brasil y aprendizajes clave”. Disponible en: https://youtu.be/5oHd-tuLGcM?si=6LjQ5gjLHop8PZPK

Carta a los gobiernos de LAC para garantizar el acceso a  lenacapavir

El 9 de junio de 2025, diversas organizaciones de la sociedad civil en Perú presentaron una carta a la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios del gobierno, exigiendo el acceso a lenacapavir para  la prevención y tratamiento del VIH. Esta carta forma parte de un pronunciamiento más amplio de organizaciones de América Latina y el Caribe (LAC), que solicitan a los gobiernos garantizar la disponibilidad de este medicamento innovador que puede llegar a controlar definitivamente la pandemia del VIH.

La carta solicita al gobierno peruano implementar las acciones necesarias para asegurar el acceso a este medicamento, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de salud y derechos humanos. Exige la implementación de medidas regulatorias que faciliten el registro del medicamento, la articulación con otros países para la producción regional de versiones genéricas, el uso de licencias obligatorias y el rechazo a patentes secundarias injustificadas que obstaculizan el acceso al medicamento.

Exigimos que el gobierno peruano atienda esta solicitud con la urgencia que reviste el caso y promueva un entorno que permita el acceso equitativo a dicha tecnología que contribuye a proteger la salud y el bienestar de las personas afectadas o en riesgo.

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Canadá aprueba Apretude: primer inyectable para la prevención del VIH

Por Tiana Quevedo

El 15 de mayo de 2024, Health Canada aprobó Apretude, la primera formulación inyectable de acción prolongada para la profilaxis previa a la exposición (PrEP) del VIH. Desarrollado por ViiV Healthcare, Apretude contiene cabotegravir y está indicado para adultos y adolescentes de 12 años o más que pesen al menos 35 kg y estén en riesgo de adquirir el VIH por vía sexual.

Los ensayos clínicos han demostrado que Apretude es altamente eficaz para reducir el riesgo de infección por VIH, superando a la PrEP oral diaria con tenofovir DF + emtricitabina (Truvada). Una de las ventajas clave de Apretude es su régimen de dosificación: después de dos inyecciones mensuales iniciales, se administra una inyección cada dos meses, lo que puede mejorar la adherencia en comparación con la toma diaria de píldoras.

Los efectos secundarios comunes incluyen dolor, hinchazón y enrojecimiento en el sitio de inyección, así como dolor de cabeza y sensación de calor. Estos efectos suelen ser leves a moderados y temporales.

Con la aprobación de Apretude, Canadá se une a otros países que ofrecen opciones de PrEP de acción prolongada, lo que representa un avance significativo en la estrategia de prevención del VIH.

Referencias: 

CATIE. Health Canada approves Apretude: the first long-acting injectable for HIV prevention [Internet]. Toronto: CATIE; 2024 May 15 [cited 2025 May 21]. Available from: https://www.catie.ca/catie-news/health-canada-approves-apretude-the-first-long-acting-injectable-for-hiv-prevention

Organizaciones exigen debate sobre la nueva Autoridad Reguladora de Medicamentos

El 13.05.2025, diversas organizaciones de la sociedad civil, pacientes y usuarios del sistema de salud presentaron el expediente N°1903023 ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, solicitando la apertura de espacios de discusión en torno al proyecto de ley N° 10902, que propone la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (APEMED) que reemplazaría a la DIGEMID. Este proyecto, presentado por el Ejecutivo en abril de este año, aún no ha sido sometido a un debate público con los actores clave del sector salud, la academia, los gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil. .

Las organizaciones firmantes insisten en que la creación de esta nueva autoridad debe garantizar un organismo regulador autónomo y efectivo, alineado con los actuales estándares internacionales, que garantice  la seguridad, calidad y eficacia de los productos farmacéuticos. La  ausencia de  debate público en torno la propuesta presentada podría dejar  vacíos que perjudiquen la  salud de los ciudadanos.

Esta solicitud subraya la urgencia de contar con un sistema regulador robusto que prevenga situaciones como la reciente tragedia relacionada con el uso de sueros defectuosos que causaron la muerte de varios ciudadanos. La participación activa de la sociedad civil es crucial para asegurar que las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades del país y garanticen un acceso seguro a los medicamentos.

Se espera que este llamado sea atendido con prontitud y que se abra un espacio de debate amplio y constructivo que permita mejorar la propuesta de ley, siempre con el objetivo de fortalecer el sistema de  salud  y proteger a los ciudadanos.

Carta a la Comision de Salud – Expediente N°1903023Descarga

¿Un tratado para prevenir pandemias o repetir errores?

Por Akemy Bustamante

El 16 de abril de 2025, después de más de tres años de intensas negociaciones, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron el Tratado Pandémico, instrumento que debe reforzar la preparación y respuesta global ante futuras pandemias. Tiene como objetivo central mejorar la colaboración internacional, fortalecer los sistemas de salud y garantizar una respuesta más equitativa y eficiente frente a amenazas sanitarias globales. Las negociaciones comenzaron en diciembre de 2021, en plena pandemia de COVID-19, cuando la OMS convocó a sus Estados miembros para establecer el Órgano Intergubernamental de Negociación (INB), que trabajaría en la formulación del acuerdo. El borrador final aprobado se presentará a la 78ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2025, donde se decidirá si será adoptado por los países miembros de la organización.

Aunque el nuevo Tratado Pandémico de la OMS ha sido presentado como un logro diplomático, diversos expertos han señalado que el texto contiene vacíos importantes que limitan seriamente su impacto real. Una de las críticas más contundentes proviene del Third World Network, advirtiendo que el tratado no incluye compromisos obligatorios por parte de las empresas farmacéuticas para garantizar el suministro oportuno de vacunas, tratamientos o pruebas diagnósticas durante una emergencia sanitaria internacional. En efecto, el acuerdo depende de contratos voluntarios entre la OMS y los fabricantes, lo que deja abierta la posibilidad de que, en una próxima pandemia, los países ricos vuelvan a acumular estos recursos mientras otros quedan rezagados, como ocurrió durante la COVID-19.

Asimismo, el tratado no aborda apropiadamente el uso de licencias obligatorias para que los países en desarrollo puedan producir localmente o importar los productos médicos necesarios, una medida esencial para ampliar la oferta global y reducir la dependencia de las grandes farmacéuticas. Las propuestas impulsadas por el Grupo de África, que pedían licencias no exclusivas y sin regalías gestionadas por la OMS, fueron diluidas o postergadas para ser discutidas en un anexo futuro, sin garantías concretas de implementación. (TWN, 2025).

Otro punto débil del tratado es que no establece nuevas fuentes de financiamiento para apoyar a los países con menos recursos. En lugar de crear fondos específicos, se limita a recomendar el uso de mecanismos ya existentes y a promover “medidas de financiamiento innovadoras”, sin asegurar cómo ni cuándo estarán disponibles (The Lancet, 2025). Esta falta de claridad sobre la financiación pone en duda la capacidad de los países más vulnerables para aplicar las medidas previstas.

Finalmente, el acuerdo carece de mecanismos efectivos de cumplimiento y supervisión. Si bien se establece una Conferencia de las Partes (COP) para revisar la aplicación del tratado cada cinco años, sus recomendaciones no serán vinculantes. Además, cada país se autoevaluará en términos de preparación sanitaria, sin una autoridad independiente que verifique el cumplimiento o aplique sanciones ante posibles violaciones. Como advierte The Lancet (2025), “la falta de monitoreo independiente y mecanismos de aplicación sólidos significa que no hay consecuencias claras para los países que no cumplan con los términos”.

The Lancet celebró el tratado como un paso importante, pero también criticó el hecho de permitir que los países más ricos sigan teniendo el poder de decidir a quién se entregan vacunas o tratamientos, sin cambiar la lógica de desigualdad que ya vimos con el COVID-19. The Lancet calificó como “vergonzosas e injustas” algunas partes del texto, especialmente aquellas que no protegen a los países con menos recursos (The Lancet, 2025).

Este tratado es un paso necesario, pero todavía muy débil. Reconoce los errores del pasado, pero no previene su repetición. Si no se mejora y se hace más justo y exigente, podría convertirse en un documento con buenas intenciones, pero sin impacto real.

Si el mundo quiere estar preparado para la próxima pandemia, necesitamos acuerdos que aseguren acceso equitativo y rápido a vacunas y tratamientos, sin depender de la voluntad de los países ricos o las empresas farmacéuticas. La próxima Asamblea Mundial de la Salud tiene una oportunidad histórica para corregir estas fallas antes de que sea tarde.

Referencias:

The Lancet. (2025). The pandemic treaty: a milestone, but with persistent concerns. The Lancet, 405, 1555. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00868-2

Third World Network. (2025, April 19). WHO: No Firm Commitments for Early Access or Production Rights in Pandemic Deal. TWN Info Service. https://twn.my/title2/health.info/2025/hi250409.htm

World Health Organization. (2025, April 16). WHO Member States conclude negotiations and make significant progress on draft pandemic agreement. https://www.who.int/news/item/16-04-2025-who-member-states-conclude-negotiations-and-make-significant-progress-on-draft-pandemic-agreement

UN News. (2025, April 16). Countries finalize historic pandemic agreement. https://news.un.org/es/story/2025/04/1538081

Sociedad civil latinoamericana exige acceso equitativo a Lenacapavir de Gilead

El 7 de mayo, más de 45 organizaciones de la sociedad civil de América Latina, como AIS Perú, AIDS Healthcare Foundation, Global Humanitarian Progress Corp., Medicinas para la Gente, y Public Citizen USA, entre otras, expresaron su preocupación pronunciándose por la falta de acceso a lenacapavir en la región; como se sabe, lenacapavir es un antirretroviral con un 99% de eficacia para prevenir la transmisión del VIH.

Gilead ha concedido licencias voluntarias para la producción genérica de lenacapavir y abastecer a 120 países excluyendo a la mayoría de Latinoamérica, donde tiene patentes hasta el año 2037, lo que impide el acceso a los competidores, obligando a los gobiernos a pagar precios inaccesibles.

Las organizaciones rechazan esta exclusión. En la región, las nuevas infecciones han aumentado en un 9% entre 2010 y 2023, llegando hasta 120 mil casos el último año, por lo que se hace necesario el acceso a este medicamento profiláctico. Desde otro enfoque, las organizaciones reclaman la exclusión injusta de países como Argentina, Brasil, México y Perú, que participaron en los ensayos clínicos de lenacapavir. Las cláusulas limitantes impuestas por Gilead en las licencias concedidas a productores de genéricos dificultan el acceso a las versiones genéricas incluso haciendo uso de una licencia obligatoria. El precio que cobraría Gilead es de 40,000 USD por persona/año frente a un costo de producción de menos de 100 USD. De otro lado, se fortalece la exclusividad de Gilead por múltiples solicitudes de patentes que retrasan la entrada de genéricos y dificultan la producción regional.

El pronunciamiento solicita el retiro de solicitudes de patentes injustificadas, permitir el acceso de genéricos asequibles, eliminar las cláusulas limitantes, garantizar transparencia en la fijación de precios y promover la transferencia de tecnología para fortalecer la producción regional. Asimismo, exhorta a Gilead Sciences a ser consistente con los principios y valores que declara tener, ampliar el ámbito de cobertura de acceso a los genéricos, y traducir sus compromisos en acciones concretas, inclusivas y transparentes que conduzcan al fin de la epidemia y garanticen el derecho a la salud de miles de personas en Latinoamérica.

El acceso equitativo a lenacapavir y otros antirretrovirales de acción prolongada, además de reducir las infecciones por VIH, es fundamental para asegurar que los sistemas de salud pública puedan garantizar los medicamentos a quienes los necesiten y avanzar hacia la eliminación del VIH/SIDA como amenaza de salud pública, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Revisa el pronunciamiento en inglés y español aquí:

  1. Statement from Latin American Civil Society to Gilead Sciences for Equitable Access to Lenacapavir
  2. Declaración de la Sociedad Civil Latinoamericana a Gilead Sciences por el Acceso Equitativo a Lenacapavir

Insuficiente gasto en medicamentos

El acceso a los medicamentos es un componente esencial para el ejercicio pleno del derecho a la salud y la vida. Diversos acuerdos internacionales que forman parte de nuestro marco jurídico obligan al Estado garantizar su disponibilidad y asequibilidad. El Ministerio de Salud, a través de sus unidades ejecutoras y los gobiernos regionales deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que los medicamentos estén disponibles en los establecimientos públicos de salud.

Un factor para lograr el cumplimiento de esta obligación es el presupuesto público destinado a la compra de medicamentos y que es asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este presupuesto debe ser ejecutado diligentemente para asegurar la continuidad del abastecimiento. Sin embargo, observamos que, a marzo de 2025, la disponibilidad de medicamentos está en rojo: 5,943 (74.1%) de establecimientos de salud tienen una disponibilidad mayor al 80%; 1,957(22.8%) con una disponibilidad entre 60y 80% y 256 (3.1%) con una disponibilidad menor al 60%.

Fuente: SISMED/DIGEMID a marzo 2025

En el caso de VIH, Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) informó que están en proceso de compra varios medicamentos y que cinco de ellos estaban desabastecidos por no haberse comprado; son los casos de tenofovir 300 mg tab: ritonavir 100 mg tab; abacavir/lamivudina 120 mg+60mg; lopinavir/ritonavir 400 mg+100 mg fco; lamivudina 150 mg tab. Este desabastecimiento pone en riesgo la salud y la vida de las personas con VIH.

La deficiente o nula afectación de presupuesto es un importante factor que explica el desabastecimiento. Para hacer un seguimiento cercano a la ejecución del presupuesto en medicamentos, Acción Internacional para la Salud ha implementado un aplicativo denominado “Monitoreo del gasto presupuestal en medicamentos”, que obtiene los correspondientes datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos datos son procesados, analizados y convertidos en informes que diversos actores (decisores, sociedad civil, comunidades, etc), puedan utilizarlos para conocer el grado de ejecución del presupuesto en medicamentos, de tal manera que les permita ejercer diversas acciones para evaluar a los gestores y presionarlos para que cumplan con sus funciones y evitar los desabastecimientos que pueden causar sufrimientos y hasta desenlaces fatales.

El primer informe que se ha publicado (Primer Trimestre 2025), muestra que de los S/ 1,014,997,995 asignados al Ministerio de Salud sólo se ha ejecutado el 11%. Incluye a institutos nacionales de salud, hospitales de Lima Metropolitana, CENARES y Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima. Respecto al presupuesto para medicamentos en Prevención y Control del Cáncer, el avance fue de 17.44%; Enfermedades No Transmisibles, que incluye diabetes, hipertensión arterial, enfermedades raras y huérfanas, etc, la ejecución fue 12.69%; TBC-VIH/SIDA 9.6%; y Salud Mental 6.44%. Estos resultados son preocupantes ante el actual desabastecimiento de medicamentos evidenciado en los establecimientos de salud.

A nivel de gobiernos regionales, el panorama no fue diferente. De los S/ 193,887,367 se ejecutó el 9.81%. Las categorías presupuestales que menos ejecutaron fueron Prevención y Control del Cáncer y TBC-VIH/SIDA con 6.05% y 6.58%, respectivamente. Si se analiza por unidades ejecutoras (UE) que no utilizaron su presupuesto tenemos los siguientes resultados: Prevención y Control del Cáncer, el 84% (53 UE); Enfermedades No Transmisibles 77.24% (112 UE); Salud Mental, el 83.61% (102 UE); y en TBC-VIH/SIDA el 90.74% (98 UE).

CENARES es la ejecutora del Ministerio de Salud que tiene el 90% del presupuesto asignado para medicamentos ascendente a S/ 918,155,737, de los cuales solo utilizo el 10%. En Salud Materno Neonatal ejecutó 25.4%; Prevención y Control del Cáncer, 17.2%; TBC-VIH/SIDA 9.2%; y Salud Mental, 6%.

El nivel de ejecución para mantener el abastecimiento de medicamentos a los establecimientos de salud públicos a nivel nacional ha sido limitado, y se estaría reflejando en la falta de disponibilidad de estos bienes esenciales, lo que vulnera el ejercicio pleno del derecho a la salud.

Para tener más detalles sobre la ejecución a nivel nacional, por regiones, unidades ejecutoras y de CENARES pueden revisar el documento completo aquí:

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Sobrerregulación pone en riesgo a los pacientes

Por Javier Llamoza

En junio del 2011 se dio la ley 29698 denominada “Ley que declara de Interés Nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen enfermedades raras o huérfanas”. Ocho años después, en 2019, con DS N° 004-2019-SA fue aprobado su reglamento.  

Sin embargo, para los pacientes y organizaciones de sociedad civil, esta norma no garantizaba el acceso oportuno a tratamientos, por lo que después de un arduo trabajo de incidencia, en el 2023 se promulgó la Ley N° 31738 que modifica la Ley 29698 antes citada. Esta modificatoria abordaba principalmente las modalidades diferenciadas de compras y el registro sanitario de medicamentos provenientes de países de alta vigilancia sanitaria.

El 04 de abril del 2025, mediante DS N°002-2025-SA se reglamenta la Ley 29698 y su modificatoria Ley 31738, posteriormente, con el DS N°004-2025-SA del 12 de abril mismo año, se reglamenta la información requerida para el registro sanitario de productos farmacéuticos provenientes de países de alta vigilancia sanitaria, utilizados para el diagnóstico y/o tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y para tratamientos oncológicos. También establece que el registro debe otorgarse en 45 días bajo apercibimiento del silencio administrativo positivo.

Han pasado 14 años desde que se dio la ley para que los pacientes con enfermedades raras o huérfanas y cáncer tengan acceso oportuno a servicios de salud y tratamientos. Al período sin reglamentación de la ley se le conoce como omisión constitucional que pone en una situación de desprotección a los pacientes.

La omisión constitucional debe ser objeto de fiscalización del legislativo. Es su función. Lo que no debe hacer es proponer leyes sobre un vacío pendiente de reglamentar, más aún sin articular o armonizar con las normas existentes, y que pueden conducir a una sobrerregulación o conflicto de normas.

El congresista Ernesto Bustamante, desde meses atrás, propuso un proyecto de ley con buscaba facilitar el acceso a medicamentos provenientes de países de alta vigilancia sanitaria utilizados en el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas y cáncer. Este proyecto mereció el rechazo de gremios profesionales y expertos en la materia por flexibilizar regulaciones sanitarias.

El proyecto de ley fue modificado por el ejecutivo y aprobado en segunda votación por el pleno del Congreso de la República el 03 de abril del presente año. Esta ley estaría próxima a promulgarse por el ejecutivo, si es que antes no la observa. Lo cuestionable de esta ley es que amplía su alcance al referirse no solo a enfermedades raras o huérfanas y cáncer; también incluye “y demás enfermedades”. ¿De dónde salió eso? ¿Quién lo puso?, no lo sabremos; seguro fue motivo de negociación en los pasillos. Esa frase nunca estuvo en las discusiones, menos en la exposición de motivos de las leyes mencionadas.

Ahora está en manos del ejecutivo observar la ley. No puede existir una sobrerregulación sobre las mismas áreas. Al mismo tiempo debe ser excluido “y demás enfermedades”; este término abarca a todos los medicamentos, con clara intencionalidad comercial.

Llamado global para tratamientos asequibles de enfermedades raras y huérfanas

Por Javier Llamoza

Las enfermedades raras son condiciones de salud que afecta a un número reducido de personas. En Perú su prevalencia es estimada en menos de 1 por cada 10,000 habitantes, son difíciles de diagnosticar y la mayoría son de origen desconocido con opciones terapéuticas limitadas o inexistentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que existen más de 7000 enfermedades raras y huérfanas y afecta al 7% de la población mundial. En Perú las enfermedades raras y huérfanas han sido declaradas de interés nacional y preferente atención y tratamiento, y se han listado 546 de ellas.

Si bien el diagnóstico es complejo, el tratamiento, en la mayoría de los casos tiene precios exorbitantes pues, por lo general, existe un solo fabricante en el mercado que monopoliza la producción y comercialización, amparado en patentes. Por ejemplo, el tratamiento anual de la hemoglobinuria paroxística nocturna con el medicamento Soliris®  puede llegar a costar $409,500; el tratamiento del Síndrome de Hunter con Elaprase®, $375,00;  o el tratamiento de fibrosis quística con Tricafta® en EEUU, $327,000.

En los últimos años, sobre todo los países del sur global, han venido adaptando sus políticas para lograr que las tecnologías para estas enfermedades estén disponibles, adecuando los requisitos para obtener las autorizaciones sanitarias o adoptando criterios de evaluación de dichas tecnologías (ETS). En el caso de adquisiciones, se ha optado por la negociación de precios o compras por riesgo compartido, entre otras estrategias. Sin embargo, siguen siendo insuficientes para garantizar que las tecnologías estén disponibles oportunamente.  La obligación garantista del Estado se ve limitada por los altos precios y los presupuestos limitados, excluyendo a muchas personas del necesario tratamiento.

Este problema, que es global, se verá en la OMS, entre el 3 y 11 de febrero del 2025 en la 156° reunión del Consejo Directivo de la OMS, alrededor de una propuesta de resolución que debe abordar la equidad e inclusión como enfoques claves para afrontar las enfermedades raras y huérfanas. Es un momento clave para saldar deudas con muchas personas afectadas por dichas enfermedades. Es una cuestión de justicia. 

Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil, como la Red del Tercer Mundo, advierten que la propuesta de resolución no aborda las principales barreras como son los altos precios y las prácticas monopólicas por patentes. Plantea acciones concretas como el mapeo de la disponibilidad de tratamientos, el apoyo a la aplicación de las flexibilidades del ADPIC (Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio) y la transparencia de  precios, por lo que promueve el envío al Consejo Ejecutivo de una carta que haga llegar estas preocupaciones.

Esta acción debe tener el apoyo de pacientes y organizaciones en nuestros países. Los países de la Comunidad Andina y del sur global deben solicitar que la resolución exprese claramente que las tecnologías para el tratamiento de las enfermedades raras y huérfanas son bienes de interés público. Esto habilitaría el camino para el uso de las flexibilidades del ADPIC como la licencia obligatoria; permitiría por ejemplo, el acceso al medicamento genérico de Tricafta® de Argentina a un precio aproximado de $44,000 el tratamiento anual y no los más de $211,000 pagados recientemente por el MINSA,  costo  que mejoraría con la articulación de la demanda de varios países, recurriendo a las compras conjuntas se podría llegar a costos de hasta $5,676 anual por tratamiento.