Chile, 04 de agosto de 2021. Con una inversión de $60 millones se anuncia la instalación de dos plantas para la fabricación e investigación de vacunas del laboratorio chino Sinovac, que produce la inyección contra el coronavirus Coronavac, las plantas se instalaran una en Santiago de «rellenado» de vacunas, y otra en la ciudad de Antofagasta, de investigación y desarrollo.
En toda América Latina, la situación de las personas con fibrosis quística (FQ) sigue siendo inaceptable. Miles de pacientes con FQ siguen sin tener acceso a los moduladores CFTR que les salvan la vida, no porque los medicamentos no existan, sino porque su precio está muy por encima de sus posibilidades.
En un país tras otro, familias desesperadas se han visto obligadas a recurrir a los sistemas jurídicos nacionales para demandar a sus propios gobiernos con el fin de acceder a Trikafta a los precios de catálogo exorbitantes de Vertex. Se trata de un modelo de acceso injusto y totalmente insostenible. Beneficia a Vertex por encima de todos los demás, al tiempo que supone una enorme presión para los presupuestos de salud pública y crea resultados profundamente injustos, en los que solo aquellos que cuentan con los recursos y la capacidad para navegar por complejos procesos legales pueden obtener el tratamiento.
Sin embargo, los recientes acontecimientos en toda la región demuestran que, cuando los gobiernos están dispuestos a desafiar el monopolio de Vertex, es posible lograr avances significativos y acceder al tratamiento.
Brasil
En 2023, colaboramos con familias y aliados en Brasil para presionar al Gobierno a que expidiera una licencia obligatoria si no se lograba alcanzar un acuerdo comercial justo con Vertex. Esta amenaza creíble tuvo un impacto decisivo.
Como resultado, Vertex redujo significativamente su precio y se llegó a un acuerdo para suministrar Trikafta a los pacientes elegibles a través del sistema de salud pública de Brasil, un logro histórico que demostró el poder de la acción colectiva y la voluntad política.
Desde entonces, nos hemos mantenido en estrecha comunicación con las familias y los aliados de la FQ en toda la región, siguiendo de cerca los avances y compartiendo las lecciones aprendidas.
Uruguay
En Uruguay, los pacientes también se vieron obligados a demandar al Gobierno para poder acceder a Trikafta a su precio total de venta al público. Frustrado por tener que pagar enormes sumas de dinero por un número reducido de pacientes, el Gobierno tomó una medida audaz.
En agosto de 2024, publicó un anuncio público invitando a los fabricantes de genéricos a presentarse. Tres fabricantes presentaron solicitudes y el Gobierno comenzó a explorar opciones de suministro alternativas. La mera amenaza de romper el monopolio de Vertex fue suficiente para obligar a la empresa a volver a la mesa de negociaciones con una nueva propuesta.
En diciembre de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció un acuerdo comercial, lo que demostró una vez más que Vertex reducirá los precios, pero solo cuando su monopolio y sus enormes beneficios se vean directamente amenazados.
Chile
En Chile se produjo una situación similar. A medida que el Gobierno se mostraba cada vez más preocupado por las enormes sumas que se pagaban a Vertex por un puñado de pacientes, comenzó a explorar soluciones alternativas.
En abril de 2025, apoyamos el envío de cartas al ministro de Salud y al Gobierno de Chile, firmadas por 50 familiares de pacientes con FQ, en las que se exigía la concesión de una licencia obligatoria para permitir el acceso a medicamentos genéricos más baratos. Recibimos una respuesta rápida y el compromiso de que la solicitud se trataría en una próxima sesión del Gobierno.
Solo dos meses después, en junio de 2025, el Ministerio de Salud anunció que se había alcanzado un acuerdo comercial con Vertex y que Trikafta se incluiría en su sistema sanitario.
Perú
En Perú, el acceso sigue estando muy limitado. Tras mantener conversaciones con aliados globales y latinoamericanos en materia de acceso a los medicamentos en 2024 y 2025, una coalición de organizaciones envió una carta conjunta al Gobierno peruano en septiembre de 2025.
La carta destacaba que, aunque más de 100 personas en Perú necesitan Trikafta, solo 12 pacientes lo estaban recibiendo, debido exclusivamente a su precio inasequible. La coalición pidió que Trikafta fuera declarado medicamento de interés público e instó al Gobierno a tomar medidas para expedir una licencia obligatoria que permitiera el acceso a alternativas más asequibles.
Estamos a la espera de conocer el resultado de esta acción y las medidas que tomará el Gobierno.
Todavía rezagado…
México
México sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de injusticia. Más de 1000 personas han sido diagnosticadas con FQ, pero aún no hay acceso a moduladores a través del sistema de salud.
A pesar de que Trikafta fue aprobado por la autoridad reguladora nacional COFEPRIS en septiembre de 2024, no se ha llegado a ningún acuerdo en 16 meses de negociaciones sobre el precio con Vertex. Una vez más, queda al descubierto la estrategia de Vertex de chantajear a los pacientes y negarles el acceso a menos que los gobiernos acepten precios desorbitados. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que esta situación continúe, por lo que tenemos la intención de trabajar con las familias de México hasta que se garantice el acceso a un tratamiento que salva vidas.
Lo que nos dicen estas historias
Las experiencias de Brasil, Uruguay y Chile apuntan a una conclusión clara: cuando el monopolio y los márgenes de beneficio de Vertex se ven amenazados, la empresa responde con nuevas propuestas y precios más bajos, pero solo entonces.
Es fundamental señalar que todos estos éxitos se produjeron en un momento en el que no existía ninguna alternativa genérica realmente viable. Los genéricos argentinos siguen siendo prohibitivamente caros. Pero esto está a punto de cambiar.
Con Triko* (una versión genérica de Trikafta de calidad garantizada, producida en Bangladesh por una fracción del precio) ahora en el horizonte, ya no hay excusa para la inacción.
Los gobiernos deben estudiar urgentemente la posibilidad de adquirir Triko, utilizando herramientas como las licencias obligatorias, que permiten legalmente a los gobiernos anular los monopolios cuando los precios excesivos impiden a los pacientes acceder a tratamientos que les salvan la vida, para que las familias puedan obtener el tratamiento que necesitan ahora, y no dentro de unos años. Hay vidas que dependen de ello.
Por: Gayle Pledger, madre de un niño con fibrosis quística y organizadora principal de la campaña Right to Breathe
Acceda al documento original aquí: https://www.righttobreathe.net/post/latin-america-the-story-of-access-so-far
En octubre de 2025, Acción Internacional para la Salud (AIS) advirtió que el medicamento Esmya® (ulipristal), indicado para el tratamiento de miomas uterinos, había sido suspendido en 2020 por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) debido a reportes de daños hepáticos graves. Posteriormente en 2024 a solicitud de la propia farmacéutica Gedeon Richter Plc, el producto fue retirado del mercado europeo, bajo el argumento de motivos comerciales. La FDA no aprobó este medicamento, precisamente por problemas de seguridad identificados durante su evaluación.
En Perú, a pesar de estos antecedentes, el medicamento fue reinscrito por segunda vez en 2024, con Registro Sanitario N.° EE0783, vigente hasta 2030, cuyo titular es Gedeon Richter Perú S.A.C. El medicamento sigue en el mercado. Ante esta situación, el 4 de noviembre 2025, AIS dirigió una carta al Ministro de Salud, solicitando información sobre las acciones adoptadas por la DIGEMID para garantizar la seguridad de las pacientes que podrían estar expuestas a este medicamento. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta. El silencio institucional, en este contexto, no es un detalle menor: la falta de acciones efectivas y oportunas en estos casos mantiene en riesgo a las mujeres expuestas. Salvo que DIGEMID tenga nueva y calificada evidencia sobre la seguridad del medicamento que justifique su permanencia en el mercado.
Esta situación resulta particularmente preocupante porque pone en cuestionamiento la actuación de DIGEMID. Las lesiones hepáticas como resultado del uso de ulipristal han sido completamente documentadas por la autoridad europea, y abre muchas interrogantes legítimas acerca de la actuación del organismo regulador.
De acuerdo con el Observatorio de Precios de Medicamentos (consultado el 21 de enero), Esmya® se encuentra disponible en numerosas boticas privadas del país, lo que amplía el universo de potenciales usuarias expuestas a riesgo. Más aún porque pareciera que el programa de farmacovigilancia de la DIGEMID no opera de forma idónea.
En salud pública, la prudencia regulatoria no es alarmismo: es responsabilidad. La inacción o la demora en informar y decidir, frente a alertas internacionales de seguridad, puede traducirse en daños que podrían evitarse. Y cuando se trata de medicamentos, el silencio también enferma.
En noviembre pasado, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del INDECOPI sancionó a trece empresas farmacéuticas y a cinco de sus ejecutivos por conformar un cártel que manipuló licitaciones públicas entre 2006 y 2020. La multa asciende a más de S/ 539 millones, penalizando una práctica sistemática de reparto del mercado que perjudicó directamente al Ministerio de Salud (MINSA) y EsSALUD.
Este cártel, denominado “El Club”, se organizó para adjudicarse la venta de múltiples productos farmacéuticos críticos para el abastecimiento de hospitales públicos como suero fisiológico, antibióticos, antineoplásicos, inmunosupresores, anti anémicos, entre otros productos. Conforme a la Ley de Libre Competencia, las conductas detectadas representan una de las infracciones más dañinas para el mercado: acuerdos entre empresas que se reparten las licitaciones convocadas por instituciones públicas, anulando la competencia. Estas prácticas ilegales generan gastos excesivos en el presupuesto público, pues los productos se adjudican a un precio artificialmente mayor al que correspondería a un escenario de libre concurrencia.
La sanción recae sobre las empresas B. Braun Medical Perú, Instituto Quimioterápico, Laboratorios AC Farma, Distribuidora Droguería Sagitario, Laboratorios Americanos, Laboratorios Lansier, Pharmagen, OQ Pharma, Laboratorios Portugal, Laboratorios Unidos, Pereda Distribuidores y Teva Perú.
La multa más alta, ascendente a S/ 231 millones, fue impuesta a la empresa Medifarma S.A., identificada como el principal abastecedor del mercado público y responsable de antecedentes graves, como poner en el mercado suero fisiológico defectuoso que afectó la salud de múltiples pacientes, incidente que se vinculó al fallecimiento de siete personas.
A pesar de la contundencia del fallo, las compañías sancionadas evitaron aceptar públicamente su responsabilidad. Vencido el plazo legal para apelar el pasado 15 de diciembre de 2025, solo Laboratorios Unidos y B. Braun confirmaron abiertamente que impugnarán el fallo. No obstante, se estima que el resto del ‘Cártel’ también ha recurrido al Tribunal del Indecopi (segunda instancia) para frenar el cobro coactivo de las multas, iniciando una batalla legal que podría dilatar la sanción definitiva por varios años.
Esta falta de una sentencia firme ha generado una paradoja administrativa: aunque las investigaciones eran de conocimiento público, el MINSA y otras entidades mantuvieron sus vínculos contractuales.
Al respecto, el pasado 14 de diciembre, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) —anteriormente OSCE— aclaró que legalmente solo puede inhabilitar a estos proveedores una vez que la sanción del INDECOPI sea definitiva y firme. Mientras el proceso de apelación continúe, las empresas no tienen impedimento para seguir ganando licitaciones.
Ante este escenario de dilación y la imposibilidad de cortar los contratos de inmediato, el MINSA optó por iniciar una demanda civil por daños y perjuicios contra las farmacéuticas. El objetivo es exigir una indemnización económica adicional a la multa, cuyo monto se destinaría exclusivamente a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS).
Referencias:
Un análisis realizado por Gobierna Consultores1 evidencia que la mayoría de las propuestas de los partidos políticos no consideran un problema estructural que afecta de manera directa a los ciudadanos y sus familias: el alto gasto de bolsillo que deben asumir cuando el sistema público de salud no garantiza oportunamente los medicamentos necesarios para recuperar la salud, aliviar el dolor o mejorar su calidad de vida.
En diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) organizó un seminario en el marco del Día Mundial de la Salud Universal, concentrándose en el análisis del “Gasto de bolsillo como fuente de inequidades y barreras al acceso a la salud”. En dicha reunión quedó claro que la mayoría de los países de la región, incluido el Perú, presentan un gasto de bolsillo en salud superior al 20%, nivel que compromete la capacidad de los hogares para cubrir necesidades básicas. Estos gastos excesivos generan empobrecimiento, endeudamiento, venta de activos o, en el peor de los casos, resultan en necesidades de salud no atendidas. Cabe resaltar que en Perú alrededor del 60% del gasto de bolsillo en salud corresponde a medicamentos, lo que obliga a reflexionar sobre las fallas del sistema público que obliga a los ciudadanos a pagar de su propio bolsillo.
Desde hace más de dos décadas, el Perú implementa compras centralizadas de la mayoría de los medicamentos con el objetivo de abastecer a las regiones del sector salud y a otros subsectores como EsSalud, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, en 2024 estas compras no se realizaron, profundizando la crisis de desabastecimiento. Entre las razones señaladas por el operador logístico CENARES está la transferencia tardía de presupuestos desde los gobiernos regionales, a pesar de que en años anteriores esta dificultad se resolvía mediante certificaciones presupuestales.
Para el año 2025 se optó porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiera directamente el presupuesto de medicamentos a CENARES, con el propósito de garantizar compras oportunas y fortalecer su rol como operador logístico, incluyendo la distribución a nivel nacional. Esta estrategia fue explicada en diversas reuniones entre el Ministerio de Salud, la sociedad civil y los gremios profesionales, con la expectativa de resolver el problema del abastecimiento.
No obstante, al 30 de junio de 2025, el presupuesto asignado a CENARES para medicamentos ascendía a S/ 833,069,671, con una ejecución de apenas de 29,8%. En el mismo periodo, los gobiernos regionales contaban con más de S/ 228 millones para este rubro, con una ejecución del 46%. Considerando el desabastecimiento heredado del año anterior, este bajo nivel de ejecución presupuestal anticipaba un impacto negativo en la disponibilidad de medicamentos.
Al revisar el Observatorio de Disponibilidad de Medicamentos del Ministerio de Salud a junio de 2025, se observa que el 83,8% de los establecimientos reporta una disponibilidad superior al 80%, lo que en apariencia resulta positivo. Sin embargo, este indicador mide únicamente la presencia física de los medicamentos en los establecimientos, mas no si estos son efectivamente entregados a los pacientes. Por ello, se trata de un indicador débil de cara a la satisfacción del paciente.
De otro lado, el Seguro Integral de Salud (SIS) que es financiador de los servicios de salud que brinda el Ministerio de Salud, tiene un indicador de medicamentos prescritos y atendidos sobre los cuales reconoce el gasto a ser financiado. Al 30 de junio de 2025 se muestran los siguientes resultados:
Fuente: Nota informativa N° 000426-2025-SIS/GNF
Solo 44% de los medicamentos prescritos fueron efectivamente entregados en los establecimientos de salud. Esto implica que apenas cuatro de cada diez medicamentos recetados llegaron a los pacientes, obligando a que los restantes sean adquiridos en boticas y farmacias privadas, un mercado altamente concentrado; o que la gente que no pueda comprarlos se quede sin tratamientos.
Efectivamente, un análisis realizado por el Ministerio de Salud muestra que el 95% de la población no pobre puede adquirir medicamentos en el sector privado, mientras que solo el 4,8% de la población pobre no extrema y el 0,3% de la población pobre extrema tienen esa posibilidad2. Este dato es clave al momento de proponer alternativas como farmacias populares, farmacias MINSA, farmacias de genéricos o el nombre que se les quiera poner las cuales no resuelven el problema estructural de acceso para las poblaciones más vulnerables.
En síntesis, la principal barrera que genera necesidades de salud insatisfechas en el país es de carácter organizacional. Los recursos existentes, aunque limitados, no se utilizan de manera oportuna ni eficiente para garantizar la disponibilidad real de medicamentos. Los indicadores actuales no reflejan la elevada insatisfacción de los pacientes. Se trata de un problema crónico e institucional que empobrece a las familias peruanas y profundiza la inequidad.
Lamentablemente, ninguna de las propuestas políticas actuales aborda de manera seria este problema estructural que afecta cotidianamente a miles de hogares, situación que se agrava más por el aumento de las enfermedades no transmisibles, el progresivo envejecimiento de la población y hábitos de vida insalubres.
Por Javier Llamoza
Referencias:
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) anunció el 5 de enero un cambio significativo en su política sanitaria: recomendará menos vacunas para los niños estadounidenses. Si bien se mantendrán las inmunizaciones contra la difteria, el tétanos, la tos ferina acelular, la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib), la vacuna neumocócica conjugada, la polio, el sarampión, las paperas, la rubéola y el virus del papiloma humano (VPH), se restringirá la recomendación de vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VSR), el dengue, la vacuna antimeningocócica ACWY y la vacuna antimeningocócica B; y las hepatitis A y B. Asimismo, decisiones sobre las vacunas contra la influenza, COVID-19 y rotavirus dejarán de ser automáticas para basarse en una «toma de decisiones clínica compartida» entre pacientes y médicos.
Esta nueva directriz es respaldada por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., quien ha argumentado que reducir la cantidad de inyecciones recomendadas ayudará a restaurar la confianza pública en las agencias de salud, señalando que los mandatos actuales no han garantizado tasas de vacunación superiores a las de otros países. Esta medida se suma a otras acciones polémicas de su gestión, como la cancelación en agosto de 2025 de US$ 500 millones destinados a la investigación de tecnología de ARNm, la remoción de expertos del Comité Asesor (ACIP) de los CDC y su promesa de «encontrar las causas del autismo». Esta última ha sido cuestionada por expertos, quienes la ven como un vehículo para revivir teorías ya desacreditadas. Al respecto, Kennedy declaró en el 2025 que tendrían anuncios en septiembre sobre el descubrimiento de intervenciones que están causando autismo, postura secundada por Donald Trump, quien comentó: “tiene que haber algo que cause esto artificialmente, es decir, una droga o algo así”. Además, la administración de Trump financiará un cuestionado estudio de 1,6 millones de dólares sobre los efectos de la vacuna contra la hepatitis B en los recién nacidos de África occidental.
A pesar de que existe amplia investigación que descarta vínculos entre vacunas y autismo, se ha comentado que David Geier, aliado de Kennedy y también crítico de las vacunas, ha estado en las instalaciones de los CDC analizando datos en busca de posibles daños de las inmunizaciones.
En contraste, el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS) de la OMS reafirmó la seguridad de las inmunizaciones tras su reunión del 27 de noviembre del año pasado. El organismo evaluó dos nuevas revisiones sistemáticas con rigor científico que descartaron cualquier vínculo entre las vacunas y el trastorno del espectro autista (TEA). Tras analizar 31 estudios primarios y cinco metanálisis que abarcan datos desde 2010 hasta 2025, el Comité concluyó que la evidencia de alta calidad no apoya una asociación entre las vacunas (incluidas las que contienen tiomersal) y el autismo, desestimando estudios previos por sus graves fallas metodológicas. De igual manera, el GACVS revisó la evidencia sobre las vacunas con adyuvantes de aluminio, incluyendo un robusto estudio de cohorte en Dinamarca que siguió a niños nacidos entre 1997 y 2018. Los resultados confirmaron que la exposición al aluminio en vacunas no está asociada con enfermedades crónicas ni trastornos del neurodesarrollo. En conclusión, mientras la política estadounidense busca reducir las recomendaciones vacunales, el consenso científico global, respaldado por décadas de datos, continúa garantizando el perfil de seguridad positivo de las vacunas infantiles.
Referencias:
En el marco del Día de la Salud Universal, más de un centenar de organizaciones, redes comunitarias y activistas de América Latina y el Caribe —con el respaldo de aliados internacionales— enviaron el 15 de diciembre una carta abierta al Director Ejecutivo de Gilead denunciando la exclusión sistemática de Latinoamérica en el acceso a lenacapavir para la prevención del VIH, exigiendo acciones inmediatas.
El documento destaca que Lenacapavir, un antirretroviral inyectable de acción prolongada, podría reducir hasta en un 68% las nuevas transmisiones de VIH en la región, según estimaciones recientes del Instituto Nacional de Salud Pública de México y AHF. Sin embargo, esta oportunidad histórica está siendo bloqueada por barreras burocráticas y comerciales: Gilead aún no ha solicitado el registro sanitario del medicamento en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
«Retrasar o negar el registro de este medicamento solo profundiza las inequidades existentes y conduce a un aumento de infecciones prevenibles», advierten los firmantes en el documento, señalando que poblaciones clave como mujeres trans, trabajadoras sexuales, migrantes y comunidades indígenas se mantienen en una situación de vulnerabilidad.
La carta también expresa una profunda preocupación por las estrategias de propiedad intelectual de la farmacéutica, conocidas como «evergreening» (perpetuidad de patentes), mediante las cuales Gilead busca extender indefinidamente su exclusividad en el mercado mediante patentes secundarias. Estas maniobras obstaculizan la entrada de genéricos y mantienen los precios inasequibles para los sistemas de salud.
Como precedente positivo, las organizaciones resaltan el reciente caso de Argentina, donde el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechazó una solicitud de patente de lenacapavir y declaró abandonada otra, frenando así el intento corporativo de monopolio injustificado.
La coalición regional plantea cuatro demandas a la farmacéutica:
La carta concluye con un mensaje contundente que resume el sentir de la región: «Sin registro, no hay acceso. Sin acceso, no hay justicia».
*La movilización cuenta con la firma de organizaciones clave como Acción Internacional para la Salud (Perú), Kimirina (Ecuador), RedLAC+, Fundación Huésped (Argentina), y aliados globales como Public Citizen y HealthGAP, entre muchos otros.
Salud y Fármacos presentó la nueva edición del Boletín Fármacos: Economía, Acceso y Precios, volumen 28, número 4 (noviembre 2025), publicación que reúne investigaciones recientes sobre acceso, regulación, producción y precios de medicamentos en diversos países. Esta edición ofrece una mirada actualizada a los desafíos que persisten en torno al acceso equitativo a medicamentos esenciales y a las dinámicas del mercado farmacéutico, con análisis que abarcan desde los procesos de transferencia tecnológica durante la pandemia hasta el comportamiento de los precios en mercados privados.
La esencia del boletín se centra en un conjunto de estudios que evidencian desigualdades como en la distribución global de vacunas, la implementación de políticas que promueven el uso de genéricos y biosimilares o los precios que enfrentan los pacientes en el mercado minorista. Todo ello refuerza la necesidad de avanzar en transparencia, fortalecer las políticas de acceso y consolidar marcos regulatorios que garanticen medicamentos asequibles y disponibles para toda la población.
Dentro de esta edición, destacamos el artículo “Precios de los productos de marca y genéricos de ciprofloxacino y azitromicina en farmacias y boticas privadas en Perú, 2024-2025”, elaborado porTiana Valeria Quevedo Pintado, Javier Llamoza Jacinto y Roberto López Linares, de Acción Internacional para la Salud. El estudio analiza los precios de esos medicamentos en el mercado peruano y revela que los genéricos que usan un nombre comercial predominan en la oferta privada, con precios que suelen ser considerablemente más altos que los genéricos en DCI. Asimismo, se observa una importante dispersión de precios, con diferencias que pueden llegar a ser hasta seis veces mayores en el caso del ciprofloxacino y más del doble para la azitromicina.
El artículo también evidencia variaciones regionales significativas. En zonas con mayores índices de pobreza, como Cajamarca y Loreto, los precios tienden a superar el promedio nacional, lo que incrementa las barreras de acceso para las poblaciones más vulnerables. De igual forma, en la región amazónica se registran los precios más altos tanto para genéricos DCI como para genéricos que usan una marca comercial, lo que confirma una desigualdad territorial que afecta la asequibilidad de estos medicamentos.
Este análisis demuestra que, pese a tratarse de medicamentos esenciales, su adquisición en el mercado privado resulta financieramente oneroso para amplios sectores de la población. El sistema público de salud debe garantizar su disponibilidad permanente y no exponer al ciudadano al gasto de bolsillo que profundiza la pobreza.
Disponible en: Boletín Fármacos – Volumen 28, Número 4, noviembre 2025.
Por Akemy Bustamante
El lanzamiento internacional de un genérico asequible abre una ventana para ampliar la población que recibiría tratamiento para fibrosis quística. Una licencia obligatoria es la llave para hacerlo.
Beximco Pharmaceuticals, compañía líder de Bangladesh, anunció el lanzamiento mundial de Triko® en 2026, la primera versión genérica de la terapia triple para la fibrosis quística. Esta terapia es originalmente comercializada como Trikafta® de la compañía Vertex Pharmaceuticals a un costo anual cercano a 370,000 dólares por paciente en los Estados Unidos. La nueva versión genérica costará 6,375 dólares por niño y 12,750 dólares por adulto al año. Este cambio representa una reducción superior al 90 % del costo actual.
En diciembre de 2024, el gobierno peruano realizó una compra inicial de Trikafta® para un grupo de pacientes, a un precio estimado de S/ 823,032 por paciente al año. Actualmente, más de 100 personas con fibrosis quística se encuentran afiliadas al SIS y EsSalud. Es evidente que el costo actual del tratamiento es financieramente insostenible, teniendo como objetivo la cobertura universal.
Organizaciones de pacientes y sociedad civil, como Acción Internacional para la Salud (AIS), han llamado la atención sobre la necesidad de mecanismos que permitan reducir los precios y ampliar el acceso. La propia legislación peruana permite declarar de «interés público» un medicamento y emitir una licencia obligatoria. La solicitud para declarar de interés público la triple terapia para fibrosis quística, enviada el 02 de septiembre del presente año, no ha sido respondida hasta la fecha por el Ministerio de Salud.
La llegada de un nuevo medicamento genérico cambia por completo el escenario. De optar por una licencia obligatoria, el Perú podría importar Triko y otras alternativas equivalentes, generando una competencia real y reduciendo drásticamente los precios. Países de la región ya han utilizado este mecanismo para otros medicamentos de alto costo, demostrando ser efectivo para garantizar el acceso a terapias vitales.
Esta medida no solo haría sostenible el tratamiento para todos los pacientes con fibrosis quística, sino que permitiría liberar recursos para fortalecer servicios, diagnóstico oportuno y seguimiento clínico, mejorando así el cuidado integral de esta condición.
El lanzamiento de Triko no es solo un anuncio internacional. Es una oportunidad para salvar vidas en el Perú. Apostar por una licencia obligatoria y abrir las puertas a versiones genéricas seguras y eficaces permitiría cerrar brechas, garantizar equidad y cumplir con el mandato constitucional de proteger el derecho a la salud.
El país se encuentra ante una decisión que podría marcar un antes y un después en el tratamiento de enfermedades raras. La evidencia, la oportunidad y la urgencia están sobre la mesa.
Por Javier Llamoza
Referencias:
El 1° Juzgado Constitucional Transitorio de Lima emitió la Resolución N.º 1, de fecha 6 de noviembre de 2025, en el Expediente 10790-2024-26-1801-JR-DC-02, para resolver el pedido presentado por la parte demandante respecto a la actuación inmediata de la sentencia emitida previamente en la Resolución N.º 7 del 20 de agosto de 2025. En dicha sentencia previa se había declarado fundada la demanda de acción de cumplimiento y se había ordenado al Ministerio de Salud cumplir con la Resolución Ministerial 1024-2020/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud para la atención integral de personas adultas con VIH, lo que incluye garantizar el abastecimiento y la entrega gratuita de los medicamentos antirretrovirales de primera línea (Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir) a nivel nacional.
La jueza a cargo evaluó el pedido de actuación inmediata conforme al Nuevo Código Procesal Constitucional, que permite ejecutar una sentencia de primera instancia aun cuando exista apelación, siempre que no se genere irreversibilidad y que la medida sea proporcional. También aplicó los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en el Expediente 00607-2009-PA/TC. El Juzgado concluyó que la orden de abastecer y entregar medicamentos no genera una situación irreversible, pues constituye una obligación vigente del propio Ministerio de Salud.
Respecto a la proporcionalidad, el Juzgado determinó que cualquier carga administrativa o presupuestaria para el Ministerio es menor frente al daño grave y potencialmente irreversible para la salud y la vida de las personas con VIH si su tratamiento se interrumpe. La resolución recoge las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que advierten que incluso interrupciones breves del tratamiento antirretroviral debilitan progresivamente el sistema inmunológico y pueden generar avance de la enfermedad. Se concluye que la actuación inmediata es necesaria y adecuada para proteger derechos fundamentales.
Como resultado, el Juzgado declaró fundado el pedido de actuación inmediata y ordenó al Ministerio de Salud cumplir la sentencia en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento. Asimismo, dispuso notificar a la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional y a CENARES, señalando que las autoridades responsables podrían enfrentar responsabilidad penal si no ejecutan lo ordenado. Con esta decisión, el mandato judicial debe cumplirse de inmediato sin esperar la resolución de la apelación.
Por Akemy Bustamante
Referencias:
Varios países africanos han reafirmado su posición a favor de que la información sobre patógenos con potencial pandémico se comparta exclusivamente a través del sistema global que actualmente se negocia en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, al mismo tiempo, sus gobiernos están siendo presionados por Estados Unidos para firmar Memorandos de Entendimiento (MOU) bilaterales para intercambiar datos y muestras biológicas por ayuda sanitaria.
“Visualizamos un sistema PABS que asegure que todos los materiales y la información de secuencias genéticas pasen exclusivamente por el sistema de la OMS”, señaló Zimbabwe en nombre de 50 Estados africanos ante el Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), encargado de negociar el mecanismo de Acceso y Distribución de Beneficios por Patógenos (PABS). Este sistema, una vez acordado, formará parte del Acuerdo Pandémico de la OMS y buscará garantizar un intercambio seguro y transparente de información, además de asegurar que los países que comparten patógenos reciban beneficios como vacunas, pruebas de diagnósticos y tratamientos resultantes.
No obstante, según reportó Health Policy Watch, el gobierno estadounidense está negociando simultáneamente MOUs con varios países africanos para asegurar el acceso a información y muestras de “patógenos con potencial epidémico” a cambio de apoyo para programas de VIH, tuberculosis y malaria. Para muchos gobiernos, rechazar estas condiciones es casi imposible, pues enfrentan un aumento de muertes y enfermedades sin los recursos necesarios para adquirir medicamentos esenciales, mosquiteros y otros insumos básicos. El panorama se agrava por la reducción de apoyo financiero como la disminución de fondos para el PEPFAR y la de otros grandes donantes que podría provocar millones de nuevas infecciones por VIH y muertes asociadas entre 2025 y 2030, según un estudio publicado en The Lancet.
Los MOUs se enmarcan en la estrategia “America First Global Health Strategy”, centrada en mantener a Estados Unidos “seguro, fuerte y próspero”. Pero líderes y expertos en salud pública advierten que dispersar la información de patógenos a través de múltiples acuerdos bilaterales, en lugar de un sistema centralizado bajo la OMS, podría lentificar la respuesta global ante futuras pandemias y debilitar los principios de solidaridad y equidad que sustentan el enfoque multilateral. El Dr. Michel Kazatchkine, del Panel Independiente para la Preparación y Respuesta ante Pandemias, alertó que estos acuerdos “socavan el sistema multilateral”, otorgan la “predominancia comercial de un solo país” y representan riesgos para la seguridad de datos y la soberanía nacional.
La crítica también alcanza el fondo de los acuerdos. Expertas como Nina Schwalbe califican los borradores de MOUs como “abuso de poder” y señalan que EE.UU. ofrece solo “un poco de ayuda por pocos años”, mientras obtiene acceso a muestras físicas y datos genéticos durante 25 años sin ningún compromiso de devolver beneficios en forma de medicamentos, pruebas de diagnósticos o vacunas. La OMS, por su parte, indicó que no ha recibido información oficial sobre estos MOUs, pero reafirmó que los Estados miembros están trabajando activamente en el desarrollo del sistema PABS como parte del Acuerdo Pandémico ya adoptado. El director general, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en que la “solidaridad es nuestra mejor inmunidad” y que un compromiso con el multilateralismo es esencial para proteger a la humanidad.
Por Tiana Quevedo
Referencias: