Alemania, Munich 18.07.17. En América Latina las farmacéuticas transnacionales obstaculizan el uso de las licencias obligatorias a fin de mantener altos márgenes comerciales, recurriendo a infundir temor en el gobierno bajo argumentos como: asegurar que el uso de la licencia obligatoria es una expropiación sujeto a indemnización espanta las inversiones y desalienta la investigación y desarrollo; sin embargo, en países desarrollados como Alemania, estas mismas farmacéuticas recurren a las licencias obligatorias para mantenerse en el mercado. Un doble discurso, que, en nuestro caso, afecta directamente a todos los ciudadano y ciudadanas al absorber presupuestos públicos por el alto precio que imponen, frente a un sistema de salud quebrado.
El Tribunal Supremo Federal alemán, confirmó una licencia obligatoria temporal otorgada a la farmacéutica Merck por el fármaco contra el VIH Isentress (raltegravir). El fármaco antirretroviral, ha sido objeto de una prolongada lucha judicial entre la compañía japonesa Shionogi y su competidor estadounidense Merck. Desde 2008, Merck vende Isentress en el mercado alemán, sin embargo, la farmacéutica Shionogi obstaculizó la venta argumentando que viola su patente japonesa (2005/207/392).
Para el Tribunal, el solicitante de la licencia obligatoria había intentado razonablemente obtener una licencia voluntaria de Shionogi sobre la base de las condiciones habituales del mercado, asimismo, estuvo de acuerdo en que existe un «interés público manifiesto en otorgar una licencia obligatoria».
«Aunque no todos los pacientes de VIH o SIDA requieren un acceso permanente a Raltegravir, hay grupos de pacientes que lo necesitan para asegurar su tratamiento y garantizar su calidad de vida, especialmente bebés, niños menores de 12 años, mujeres embarazadas que necesitan tratamiento profiláctico «, escribió la Corte.
Es claro que para esta dependencia judicial, si un grupo de pacientes lo requiere como profilaxis, hay un interés público de por medio para hacerlo accesible. En Perú, atazanavir se utiliza en forma permanente para mantener la vida de 2600 personas y no se reconoce que sea de interés público.
