El acceso a los medicamentos es un componente esencial para el ejercicio pleno del derecho a la salud y la vida. Diversos acuerdos internacionales que forman parte de nuestro marco jurídico obligan al Estado garantizar su disponibilidad y asequibilidad. El Ministerio de Salud, a través de sus unidades ejecutoras y los gobiernos regionales deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que los medicamentos estén disponibles en los establecimientos públicos de salud.
Un factor para lograr el cumplimiento de esta obligación es el presupuesto público destinado a la compra de medicamentos y que es asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Este presupuesto debe ser ejecutado diligentemente para asegurar la continuidad del abastecimiento. Sin embargo, observamos que, a marzo de 2025, la disponibilidad de medicamentos está en rojo: 5,943 (74.1%) de establecimientos de salud tienen una disponibilidad mayor al 80%; 1,957(22.8%) con una disponibilidad entre 60y 80% y 256 (3.1%) con una disponibilidad menor al 60%.
Fuente: SISMED/DIGEMID a marzo 2025
En el caso de VIH, Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) informó que están en proceso de compra varios medicamentos y que cinco de ellos estaban desabastecidos por no haberse comprado; son los casos de tenofovir 300 mg tab: ritonavir 100 mg tab; abacavir/lamivudina 120 mg+60mg; lopinavir/ritonavir 400 mg+100 mg fco; lamivudina 150 mg tab. Este desabastecimiento pone en riesgo la salud y la vida de las personas con VIH.
La deficiente o nula afectación de presupuesto es un importante factor que explica el desabastecimiento. Para hacer un seguimiento cercano a la ejecución del presupuesto en medicamentos, Acción Internacional para la Salud ha implementado un aplicativo denominado “Monitoreo del gasto presupuestal en medicamentos”, que obtiene los correspondientes datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos datos son procesados, analizados y convertidos en informes que diversos actores (decisores, sociedad civil, comunidades, etc), puedan utilizarlos para conocer el grado de ejecución del presupuesto en medicamentos, de tal manera que les permita ejercer diversas acciones para evaluar a los gestores y presionarlos para que cumplan con sus funciones y evitar los desabastecimientos que pueden causar sufrimientos y hasta desenlaces fatales.
El primer informe que se ha publicado (Primer Trimestre 2025), muestra que de los S/ 1,014,997,995 asignados al Ministerio de Salud sólo se ha ejecutado el 11%. Incluye a institutos nacionales de salud, hospitales de Lima Metropolitana, CENARES y Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima. Respecto al presupuesto para medicamentos en Prevención y Control del Cáncer, el avance fue de 17.44%; Enfermedades No Transmisibles, que incluye diabetes, hipertensión arterial, enfermedades raras y huérfanas, etc, la ejecución fue 12.69%; TBC-VIH/SIDA 9.6%; y Salud Mental 6.44%. Estos resultados son preocupantes ante el actual desabastecimiento de medicamentos evidenciado en los establecimientos de salud.
A nivel de gobiernos regionales, el panorama no fue diferente. De los S/ 193,887,367 se ejecutó el 9.81%. Las categorías presupuestales que menos ejecutaron fueron Prevención y Control del Cáncer y TBC-VIH/SIDA con 6.05% y 6.58%, respectivamente. Si se analiza por unidades ejecutoras (UE) que no utilizaron su presupuesto tenemos los siguientes resultados: Prevención y Control del Cáncer, el 84% (53 UE); Enfermedades No Transmisibles 77.24% (112 UE); Salud Mental, el 83.61% (102 UE); y en TBC-VIH/SIDA el 90.74% (98 UE).
CENARES es la ejecutora del Ministerio de Salud que tiene el 90% del presupuesto asignado para medicamentos ascendente a S/ 918,155,737, de los cuales solo utilizo el 10%. En Salud Materno Neonatal ejecutó 25.4%; Prevención y Control del Cáncer, 17.2%; TBC-VIH/SIDA 9.2%; y Salud Mental, 6%.
El nivel de ejecución para mantener el abastecimiento de medicamentos a los establecimientos de salud públicos a nivel nacional ha sido limitado, y se estaría reflejando en la falta de disponibilidad de estos bienes esenciales, lo que vulnera el ejercicio pleno del derecho a la salud.
Para tener más detalles sobre la ejecución a nivel nacional, por regiones, unidades ejecutoras y de CENARES pueden revisar el documento completo aquí:
