La III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, realizada los días 8 y 9 de noviembre en Santa Marta, Colombia, en el marco de la IV Cumbre CELAC–UE, reunió a organizaciones y movimientos para reflexionar sobre los principales desafíos regionales y aportar desde la sociedad civil a una agenda común de integración, justicia social y soberanía. Entre las organizaciones que participaron en la mesa dedicada a “Salud, soberanía sanitaria y abordaje integral ante el problema de las drogas” estuvieron el Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM, por sus siglas en inglés), Global Humanitarian Progress Corporation (GHP), Misión Salud, Acción Internacional para la Salud y diversas redes enfocadas en la defensa del derecho a la salud y en la necesidad de fortalecer las capacidades sanitarias de la región.

Las organizaciones arribaron a una visión compartida: la salud es un derecho humano que debe estar por encima de cualquier interés comercial, y su garantía implica avanzar hacia una verdadera autonomía farmacéutica regional, que reduzca la dependencia de importaciones y actores transnacionales que limitan el acceso equitativo a tecnologías sanitarias. Destacaron la importancia de estrategias para lograr dicho objetivo: a) los países deben orientar sus capacidades e inversiones hacia la innovación de interés público; b) utilizar plenamente las salvaguardas del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); c) impulsar políticas que aseguren la financiación y producción local de tecnologías estratégicas; d) fortalecer los mecanismos de compras públicas conjuntas; e) promover un fondo regional con participación comunitaria y potencien la cooperación entre países en investigación, producción descentralizada y regulación sanitaria. Esta visión colectiva también contempla la necesidad de avanzar hacia una agencia sanitaria regional que priorice el interés público y garantice la calidad, disponibilidad y accesibilidad de tecnologías esenciales para América Latina y el Caribe.

Este posicionamiento se vincula directamente con el documento político generado por las organizaciones convocadas por el PHM, que plantea que la autonomía farmacéutica regional es una apuesta política por la vida digna, la justicia social, la salud pública y colectiva y la autodeterminación de nuestros pueblos.   

Al final del evento, las organizaciones convocadas realizaron una jornada de articulación para seguir generando propuestas concretas sobre soberanía sanitaria, un trabajo que continúa en desarrollo. Esta sinergia reafirma el compromiso común: construir sistemas de salud más justos, autónomos y centrados en las personas, con la participación activa de la comunidad y el liderazgo de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe.

La salud mental y el estrés se han consolidado como la principal preocupación sanitaria de los peruanos, superando por primera vez a enfermedades históricas como el cáncer y la diabetes. Según el reciente Informe de Servicios de Salud de Ipsos 2025, el 44% de la población identifica la salud mental como uno de los mayores problemas, y otro 44% menciona el estrés.

Esta cifra del 44% para el estrés no solo es alta, sino que es la más elevada registrada entre los 30 países de la región estudiados, colocando a Perú como el país donde más se considera que el estrés es un problema, frente a una media global de 31%. Para Salud con Lupa, esta estadística es el retrato de un «país cansado, donde el bienestar emocional se volvió un lujo difícil de sostener,» una realidad exacerbada por la incertidumbre económica, el trabajo inestable, la violencia cotidiana y el miedo a enfermarse sin respaldo.

Esta alarmante percepción ciudadana contrasta fuertemente con la gestión del gasto público. El informe trimestral a octubre del 2025 sobre ejecución presupuestal en medicamentos de Acción Internacional para la Salud (AIS) revela que, a nivel del pliego del Ministerio de Salud (MINSA), la categoría Control y Prevención en Salud Mental aparece con un engañoso porcentaje de ejecución. 

El porcentaje de afectación presupuestal del pliego respectivo pasó del 19.83% a 42.21%, pero como  resultado de la disminución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el cual pasó de S/ 30,157,741 a S/ 16,261,763. En consecuencia, la tasa de ejecución aparece mucho más alta al estimarse sobre un PIM 46.09% menor.

El mismo arreglo de cifras se aplicó al pliego CENARES (Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud), organismo clave para la adquisición de medicamentos. El porcentaje de ejecución presupuestal en la categoría Control y Prevención en Salud Mental escaló significativamente, pasando del 14% en julio al 42.8% en septiembre. No obstante, esta aparente «mejora» se logró sobre una base presupuestal severamente mermada. El PIM para medicamentos de esta categoría en CENARES cayó de S/ 27,296,934 a finales de agosto a S/ 9,895,857 a finales de septiembre, lo que representa una drástica reducción de aproximadamente el 63.76%.

La “aceleración” en la ejecución financiera solo es consecuencia de la drástica reducción del presupuesto base, y no de una gestión eficiente que responda a la necesidad real de la población.

Por Tiana Quevedo

Referencias:

1. Ipsos. Informe de Servicios de Salud de Ipsos 2025 [Internet]. Lima: Ipsos Perú; 2025 [citado 3 Nov 2025]. Disponible en: https://www.ipsos.com/es-pe/informe-de-servicios-de-salud-de-ipsos-2025 
2. Acción Internacional para la Salud. Informe de Ejecución Presupuestal 3er Trimestre 2025 [Internet]. Lima: AIS Perú; 2025 [citado 3 Nov 2025]. Disponible en: https://aisperu.org.pe/wp-content/uploads/2025/10/Informe_EP_3er-trimestre2025.docx.pdf 

Acción Internacional para la Salud (AIS Perú) presenta el informe titulado “Trastuzumab en Perú: monopolio renovado”, en el que analiza la competencia de biosimilares y la reducción en 94 % el precio de trastuzumab intravenoso. Sin embargo, el acceso a este medicamento esencial para el tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo vuelve a estar en riesgo.

Actualmente, la empresa Roche tiene el monopolio de la formulación subcutánea de trastuzumab, con patentes hasta el 2030, a pesar de que fueron rechazadas en otros países por carecer de novedad y altura inventiva. El informe advierte que este nuevo escenario podría fortalecer un monopolio y encarecer los tratamientos, afectando susostenibilidad.

AIS Perú enfatiza la necesidad de fortalecer las políticas de competencia y vigilar la rigurosidad con la que se evalúan las solicitudes de patentes para evitar exclusividades injustificadas que restringen el acceso. El caso del trastuzumab es un ejemplo emblemático de cómo las normas y reglamentos permisivos sobre protección de la propiedad intelectual pueden favorecer las estrategias monopólicas y obstaculizar el acceso a tecnologías sanitarias y, consecuentemente, el ejercicio pleno del derecho a la salud.

Lee el artículo completo aquí

El artículo publicado en Applied Health Economics and Health Policy en agosto de 2025 analiza un tema de enorme relevancia para la salud pública: el rol de la inversión pública en el desarrollo de medicamentos y cómo casi nunca se toma en cuenta cuando se negocian los precios o el reembolso de estos productos. En pocas palabras, los ciudadanos pagan dos veces: primero con sus impuestos que financian parte de la investigación científica, y luego nuevamente cuando los sistemas de salud compran medicamentos a precios elevados.

Para estudiar cómo se podría corregir esta situación, los investigadores revisaron más de dos mil documentos científicos y de literatura gris, seleccionando 28 que describen mecanismos capaces de vincular la inversión pública con decisiones de precios y reembolso. El resultado es un mapa de nueve propuestas y experiencias, algunas ya aplicadas y otras todavía en discusión, que buscan garantizar precios más justos, retornos al Estado y un uso más eficiente de los recursos públicos.

Entre las medidas más llamativas están a) acuerdos de compra anticipada, como los que se usaron durante la pandemia de COVID-19, que permitieron asegurar dosis a precios cercanos al costo de producción gracias a compromisos de financiamiento temprano; b)  uso gubernamental de patentes, recurso legal para habilitar la competencia y bajar precios; y c) los modelos que desvinculan los costos de I&D de los precios de los medicamentos, que pueden ser nuevos incentivos para la investigación y desarrollo, como premios o fondos especiales.

También se consideran mecanismos para que el sector público recupere parte del valor generado con su inversión. Por ejemplo, el cobro de regalías cuando un medicamento ha sido desarrollado en gran medida con fondos estatales, o la llamada filantropía de riesgo, implementada por organizaciones que invierten en investigación y pactan un retorno que luego se reinvierte en nuevos proyectos, como ocurrió con la Fundación de Fibrosis Quística y el fármaco Kalydeco (ivacaftor). A esto se suman las cláusulas de precio razonable en contratos de transferencia tecnológica, que buscan asegurar que el precio final guarde relación con lo invertido y con el beneficio real del medicamento.

Otro grupo de propuestas se enfoca en ahorrar costos o distribuir riesgos financieros. Entre ellas se encuentran los bonos de impacto social, que permiten que inversionistas privados asuman el riesgo de financiar proyectos y solo reciban utilidades si se cumplen los objetivos pactados, generalmente vinculados a mejorar las condiciones de los pacientes. El estudio no pretende ofrecer una receta única, sino mostrar que existe un abanico de mecanismos que pueden adaptarse a distintos contextos. Sin embargo, los autores advierten que, hasta ahora, la aplicación de estas herramientas es limitada y no existe un consenso internacional sobre cuál es la mejor manera de avanzar. Por ello, plantean la necesidad de desarrollar un marco común que oriente a los gobiernos y a las agencias de salud en la decisión de cuándo y cómo utilizar estos instrumentos.

Referencia:

García-Díaz M, Špacírová Z, García-Mochón L, Espín J, Pinilla J, Vokinger KN, et al. Mechanisms Considering Public Investment in Pricing and Reimbursement Decisions of Medicines and Other Health Technologies: A Scoping Review. Appl Health Econ Health Policy. 2025 Aug 27. doi: 10.1007/s40258-025-00994-5

Una coalición de organizaciones conformada por Health GAP, Salud por Derecho, Public Citizen, Health Justice Initiative, Acción Internacional para la Salud, Corresponsales Clave, ABIA, ITPC, Medicinas para la Gente, GHP y SANKALP ha lanzado una campaña en pro del acceso universal a lenacapavir de acción prolongada (LEN-LA), que ha mostrado casi el 100% de eficacia en la prevención del VIH, con sólo una inyección cada seis meses. Gilead, la compañía que ha desarrollado este medicamento, lo ha patentado e impuesto precios elevados, lo que limita su disponibilidad.

Asimismo, la farmacéutica tiene acuerdos con fabricantes de genéricos para producir lenacapavir y que estará disponible en el 2027 al precio anunciado de $40 por las dos dosis al año. Este producto genérico solo podrá distribuirse en los países incluidos como beneficiarios de la licencia voluntaria decidida por Gilead, pero que excluye a la mayoría de los países de Latinoamérica.

La campaña busca desafiar las barreras de propiedad intelectual impuestas por Gilead y asegurar que lenacapavir sea accesible en países con alta incidencia de VIH, como Brasil, Argentina, Perú y México, entre otros. Los activistas denuncian que las restricciones al acceso a este medicamento afectan a las poblaciones más vulnerables, como personas transgénero, trabajadores sexuales, hombres gays y bisexuales.

Para más detalles sobre esta iniciativa y su impacto global, lee el pronunciamiento completo aquí.

1. Nota de prensa del llamamiento global | Inglés
2. Nota de prensa del llamamiento global | Español
3. Nota de prensa para Perú

Por Roberto López

La industria farmacéutica es una de las más rentables actividades económicas a nivel mundial. Es evidente que aporta de manera significativa a controlar y prevenir enfermedades. Sin embargo, debido a la búsqueda principal del máximo lucro profundiza la inequidad en el acceso a tecnologías sanitarias esenciales. Por otro lado, presenta zonas oscuras que le restan prestigio y legitimidad como prácticas no éticas y hasta ilegales que influyen en decisiones médicas que pueden resultar inapropiadas para los pacientes y los sistemas de salud. 

Existe un gran número de estudios realizados en las últimas décadas sobre las estrategias que la industria farmacéutica desarrolla y pone en práctica para aumentar sus ventas ya sea cómo monopolios o en competencia con otros productores.  Un artículo recientemente difundido por el British Medical Journal (Sayed A, et al. BMJ Open 2025) contiene los resultados de un estudio sobre los pagos que muchos médicos han recibido de las compañías que fabrican medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple. El estudio ha usado los datos existentes en MEDICARE y MEDICAID (USA) y está enfocado en neurólogos que prescribieron terapias para esclerosis múltiple en el periodo 2015-2019.

La esclerosis múltiple es una enfermedad que no se cura, pero sus efectos y evolución pueden ser mitigados y ralentizados utilizando inmunomoduladores. Estos medicamentos pueden estar en competencia entre marcas innovadoras y genéricos. Las diferencias en costos de tratamiento son abismales; el tratamiento con marcas innovadoras llega a costar entre US$ 57,000 hasta US$ 93,000 por persona al año en Estados Unidos. Para seguros y programas de salud federales estadounidenses, esto significa un gasto muy importante entre los medicamentos usados en terapias neurológicas. 

El estudio analiza los tipos y montos de los pagos a los prescriptores. Los pagos más voluminosos estuvieron en la categoría de “honorarios no relacionados con consultorías” (más de 108 millones USD) y “honorarios por consultorías” (más de 28 millones). Otros pagos estuvieron en las categorías de comidas y bebidas, educación, viajes y alojamientos y otros. “En total, los prescriptores recibieron un total de US$ 163.6 millones en el periodo estudiado”.

Los investigadores encontraron que 7401 neurólogos prescribieron tratamientos para la esclerosis múltiple entre 2015 y 2019; de ellos, 5809 (78.5%) recibieron algún pago de al menos una empresa y 4999 (67.5%) recibieron pagos de dos o más empresas. La mediana de pago recibido por médico fue de 779 USD . Los médicos en el decil más alto recibieron el 92.2% del total de pagos ( US& 155.7 millones). Las compañías que hicieron los mayores pagos fueron Sanofi con 71.3 millones y Biogen con 33.1 millones. El estudio también se refiere a la influencia de dichos pagos sobre las conductas prescriptivas de los médicos.  

Los autores sostienen que las compañías productoras de medicamentos para la esclerosis múltiple han caído en comportamientos que son “legalmente cuestionables”. A pesar que las compañías niegan este enfoque, se conoce que entre 2020 y 2022, tres compañías que producen los medicamentos mencionados han arreglado judicialmente pagos que superan los US$ 1.5 mil millones para resolver reclamos sobre “pagos impropios con el fin de influir prácticas de prescripción de médicos”. 

Referencia:
Ahmed Sayed, Ravi Gupta, Reshma Ramachandran, Alejandro Rivero-de-Aguilar, Joseph S Ross  Industry payments to US neurologists related to multiple sclerosis drugs and prescribing (2015–2019): a retrospective cohort study, BMJ Open 2025;15:e095952. doi:10.1136/bmjopen-2024-095952; https://bmjopen.bmj.com/content/15/8/e095952