El Director Ejecutivo del South Centre (Ginebra-Suiza) sostiene que “el acceso a la prevención y al tratamiento es un asunto de seguridad nacional e internacional” y en carta que envía a las máximas autoridades de la Organización Mundial de la Salud; la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; la Organización Mundial del Comercio; la Organización de Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reafirma en el concepto de que “el acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos asequibles y a equipos médicos, y a las tecnologías para producirlos, es indispensable para tratar COVID-19. Dichas tecnologías deberían estar ampliamente disponibles para fabricar y suministrar lo que se necesita para tratar la enfermedad. Cualquier interés comercial respaldado por la posesión de derechos de propiedad intelectual sobre esas tecnologías no debe prevalecer sobre salvar vidas y defender los derechos humanos”.
Consecuentemente recuerda a los organismos multilaterales que “de conformidad con la ‘excepción de seguridad’ contenida en el artículo 73 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), cualquier miembro de la OMC puede tomar las ‘medidas que considere necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad ‘. El uso de esta excepción estará plenamente justificado para adquirir productos y dispositivos médicos o para utilizar las tecnologías para fabricarlos según sea necesario para abordar la emergencia de salud actual.” De tal modo que los países miembros de la OMC tienen allanado el camino para desestimar cualquier protección de propiedad intelectual sobre medicamentos, pruebas de diagnostico, diseños, vacunas, etc. que pueden ser útiles para controlar la pandemia.
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