Está en curso un debate acerca de los precios de los medicamentos a partir de la especulación que está ocurriendo, particularmente con aquellos que se vienen usando para el tratamiento del COVID- 19. Diversos actores advierten una vez más que el precio es uno de los factores que afectan el acceso a los medicamentos que la población requiere, más aún cuando se pagan del bolsillo de los usuarios. La regulación de los precios de los medicamentos está en agenda.
En general y en condiciones “normales”, son varios los factores que llevan a precios altos. Señalamos algunos. Uno es el patentamiento de medicamentos que crea monopolios que imponen los precios a su antojo, siempre altos; no hay competencia. Recordemos también que el de medicamentos es un mercado inelástico, cuya demanda se mantiene aún a precios altos. Nos vendieron la idea que el mercado no hay que tocarlo por lo tanto cada fabricante o distribuidor pone los precios que le conviene, más allá de si tiene o no una patente. De otro lado, tenemos en el país una concentración de la venta minorista en una sola empresa que hasta tiene sus propias marcas y las ofrece preferentemente como ha sido demostrado (AIS 2019). En ese contexto un factor de peso son las expectativas de ganancias que tienen las empresas (tanto productores como distribuidores) que llevan a fijar precio según “aguanta el mercado”. En resumen, los precios de los medicamentos no guardan relación con los costos de producción.
De otro lado, el mercado farmacéutico peruano muestra una combinación de productos genéricos con Denominación Común Internacional (DCI) a lado de los conocidos como “genéricos de marca” y las marcas protegidas por patentes que luego de expirar se mantienen como marcas “originales”. Todo esto llama a confusión al usuario que no termina de entender las diferencias entre ellos y compra muchas veces lo que preferentemente le indica el prescriptor y/o le ofrecen en las boticas y farmacias.
Las reacciones de algunos sectores empresariales en el debate sobre regulación de los precios de medicamentos requieren recordar que el medicamento es un bien social pues está relacionado con el derecho a la salud y la vida, por lo tanto no debe ser un instrumento de lucro desmedido y, más aún, injustificado. El gobierno, en el DU No.007-2019 (30.10.2019) sobre el acceso a medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos declaró que es “parte esencial del derecho a la salud”; un avance importante en el esfuerzo por el acceso universal a los medicamentos, pero que puede ser olvidado por futuros gobiernos. Evitémoslo.
A propósito, una nota de prensa de la Sociedad Nacional de Industrias a la cual pertenece la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (ADIFAN) y en palabras de su presidente “consideró urgente que exista mayor transparencia e información en cuanto a los precios de los medicamentos comercializados en el país, y que esto incluya la publicación de lista de precios de los laboratorios y el precio de venta final en farmacias y boticas a nivel nacional. Ello, dijo, evitará que ocurran abusos en la venta de medicinas…”. Propone además una Mesa Ejecutiva de Medicamentos con todos los actores de la cadena del suministro de medicamentos y el Estado, planteando la “modernización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), las compras estatales y el fomento de la transparencia en el sector”. Al final de la nota el representante de la SIN manifiesta: “Solo la transparencia, la información y el control de prácticas contrarias a la libre competencia, y una verdadera reforma institucional de las entidades de control permitirán alejar estas prácticas – se refiere al “control de precios” – para bien de los peruanos que se merecen el acceso a precios justos de las medicinas en el país” (subrayado añadido).
Importante resaltar dos conceptos de la declaración que hace el Presidente de la SIN. Uno es el de la transparencia que debe existir en la cadena de distribución y comercialización de medicamentos. De acuerdo. Sin embargo, dicha transparencia no debe empezar con los precios que define el productor local o importador de medicamentos, sino un poco antes: transparencia en los precios a los que se compran e ingresan al país los insumos o productos terminados y a partir de ahí, seguir transparentando el proceso de fijación de precios que establece el importador y/o fabricante y luego los aumentos que añade cada uno de los actores de la cadena hasta llegar al usuario. Así, Los abusos podrían identificarse desde las etapas iniciales de la formación de los precios.
El Estado debe vigilar toda la cadena. Para hacerlo, requiere repotenciar sus capacidades, estableciendo una unidad que contenga información permanentemente actualizada y relevante sobre desarrollo, incidencias, modificaciones, crisis, precios, etc. del mercado farmacéutico a nivel mundial y nacional. La información resultante (datos analizados, no solo aquellos que hay que buscar tediosamente en diversas fuentes) debe ser de dominio público, de tal modo que la academia, productores y distribuidores, organizaciones de sociedad civil, organizaciones políticas, ciudadanos y ciudadanas, etc. puedan usarla para contribuir con acciones que generen y refuercen políticas en favor del acceso. Por lo demás, el gobierno compra medicamentos y – necesario decirlo – las negociaciones simétricas y justas sólo se logran con negociadores plenamente informados sobre la materia en cuestión.
El otro concepto a resaltar es el de “precios justos”. Esto puede alborotar a muchos defensores del mercado, como el “mecanismo” que define los precios. En tantos años de economía de mercado (lo “social” nunca fue tomado en cuenta) no se ha visto esos “precios justos”. No podemos dejar al mercado que determine los precios, porque vamos a tener siempre una jungla de precios, muchos abusivos, con enorme disparidad como se ha demostrado repetidamente. Además, como decimos arriba, los medicamentos y cualquier otra tecnología sanitaria efectiva son un bien social, de interés público, relacionados esencialmente con el derecho a la salud y la vida. Precisamente porque el mercado no puede definir esos “precios justos” – ya vemos la historia – es que se requiere la intervención del Estado. En muchos países se celebran acuerdos de precios entre los organismos gubernamentales y el sector privado que produce y distribuye medicamentos. No son atentados contra las utilidades decentes que pueden obtener las empresas, sino acuerdos que tienen el objetivo de obtener precios justos para asegurar que las necesidades de la salud pública se satisfagan con un criterio de asequibilidad (al alcance de las instituciones que ofrecen cuidados de salud y de las personas que pagan los medicamentos de sus bolsillos) sin poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud y las economías familiares.
Así, no se trata solamente de tener listas de precios de medicamentos sino transparentar todo el proceso de fijación de dichos precios.
