Nuestro país está afrontando la pandemia del COVID-19 de la mejor manera posible. Décadas de abandono de nuestro sistema público de salud, además de su fragmentación y segmentación nos están pasando la factura. Una de las lecciones que nos va dejando la pandemia es que tenemos que cambiar radicalmente dicho sistema diseñando uno nuevo que sea capaz de responder a las necesidades de ciudadanos y ciudadanas no solo en tiempos de epidemias o pandemias, sino cotidianamente. El derecho a la vida y la salud de todos y todas en un imperativo ineludible.
Debemos crear desde ahora las herramientas que nos permitan acceder a la tecnología sanitaria necesaria para atender las patologías y condiciones que requieren atención médica. Ya van muchos años que los monopolios creados sobre todo por las protecciones a la propiedad intelectual (patentes, protección de datos, diseños, etc) han abusado imponiendo precios altos que ponen a los servicios de salud y sus programas con restringidas o nulas posibilidades de sostenibilidad. La Asamblea Mundial de la Salud ha resuelto recientemente que las vacunas para COVID-19 sea considerada un bien público mundial, es decir de libre acceso. Teniendo esto como un avance importante, muchas organizaciones convocadas por la Red Peruana para una Globalización con Equidad (REDGE) y Acción para la Salud (AIS) han hecho público un Pronunciamiento en el que solicitan al gobierno que declare de interés público todas las herramientas sanitarias para enfrentar el COVID-19 facilitando así el otorgamiento de licencias obligatorias o cualquier otra suspensión de protección de propiedad intelectual de tal modo que se pueda acceder prontamente a dichas herramientas.
