Lima, 10.11.2022. Hace casi un año, en un intento de ofrecer una imagen benévola, Pfizer cedió una licencia voluntaria al Medicines Patent Pool (MPP), del Paxlovid, reconocido por la OMS como un medicamento que puede evitar formas graves de COVID 19, hospitalizaciones y muertes en poblaciones vulnerables.
La licencia puede beneficiar teóricamente a 95 países, dejando fuera a millones de latinoamericanos condenándolos a pagar precios abusivos por el tratamiento con Paxlovid (US$ 530.00) cuando con el genérico puede costar US$ 25.00. Todo esto a pesar que la licencia permite la fabricación de la versión genérica del medicamento en México, República Dominicana y Brasil. De hecho, son 38 farmacéuticas a nivel global que pueden utilizar la licencia.
Las licencias voluntarias mantienen la lógica de mercado pues a través de ellas, las compañías protegen los precios altos en algunos mercados y en otros – aquellos poco rentables – abren posibilidades de genéricos baratos. De otro lado, las decisiones de las empresas para otorgar licencias voluntarias esconden la intención de evitar que países – particularmente aquellos con capacidad de producción o normas expeditivas para importación de genéricos – otorguen licencias obligatorias o los gobiernos usen la materia patentada, sin las restricciones que conlleva el proceso de llegar a una licencia obligatoria.
Organizaciones de sociedad civil, incluyendo agrupaciones de pacientes de muchos países del mundo se han dirigido a Pfizer para que amplié la licencia otorgada al MPP de tal modo que todos los países de América latina, sin excepción, se beneficien de los genéricos del Paxlovid. Una carta suscrita por más de 40 organizaciones de muchas partes del mundo fue entregada el 10.11.2022 en las Oficinas de Pfizer de Chile, Perú, Colombia y en su sede en Estados Unidos.
Conductas como la de Pfizer, de limitar el acceso a través de las licencias voluntarias gestionadas por el MPP, hace perder credibilidad en este mecanismo. No es el primer caso que revela los límites que tienen las licencias voluntarias. Las poblaciones de la casi totalidad de los países latinoamericanos han quedado fuera de los beneficios de las licencias voluntarias. Es el caso de medicamentos para el tratamiento del VIH, la hepatitis C, y otros para el COVID 19 además del Paxlovid.
La decepcionante decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC, junio2022) sobre el pedido de más de 100 países para suspender las protecciones de propiedad intelectual para las herramientas de control del COVID 19, debe llevar a los países a utilizar otros caminos para proteger la salud pública y cumplir sus obligaciones de realizar plenamente el derecho a la salud de todas las personas. La declaración de la reunión ministerial de la OMC en Doha 2001 sobre los ADPIC y la salud pública lo expresa claramente: “Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos” (subrayado añadido). Para utilizar una frase prestada del argot futbolístico, la pelota está en la cancha de los gobiernos y de éstos depende utilizar todos los medios habilitados en acuerdos internacionales, legislaciones regionales y nacionales para facilitar el acceso de la población a tecnologías sanitarias efectivas.
