De acuerdo a la nota informativa 087 de CENARES, el stock de atazanavir 300 mg estará disponible hasta junio de 2017. La vida de más de 2500 personas, depende de este medicamento por lo que el Estado Peruano se ve obligado a adquirirlo, pero en el mercado sólo hay un único proveedor, la farmacéutica Bristol Myers Squibb, titular de la patente hasta el año 2019 y cuyo precio por tableta de Reyataz® (atazanavir) en el 2014 fue el más alto comparado con países de la región.
Desde el 2016, el precio por tableta es de S/.18.76 a diferencia del 2015 cuando costaba S/.18.96, es decir, luego de arduas negociaciones del Ministerio de Salud (MINSA) con la farmacéutica solo logró reducir el precio en 1% a pesar que la compra fue por más de S/.15 millones (Nª004-2016-CENARES/MISNA).
Esta situación no es nueva. El abuso en el precio y un Estado complaciente se vive desde el 2014 cuando se denunció esta situación y las organizaciones de la sociedad civil exigieron el uso de la licencia obligatoria; mecanismo legítimo que tienen los Estados para hacer frente al abuso por un bien que es de interés público, exista una emergencia o se ponga en riesgo la seguridad nacional. En este caso, el medicamento es un bien público porque de él depende vidas humanas que el Estado está obligado a proteger.
En el 2015, luego de varias discusiones, el MINSA, frente al agotamiento de las posibilidades de obtener un precio justo, inició el camino para que se otorgue una licencia obligatoria para atazanavir, y permitir el ingreso de competidores al mercado a fin de reducir su precio hasta en S/. 1,40 por tableta, como se paga en Brasil, S/. 1.90 como es ofrecido por el Fondo Global o S/. 7,80 como ha sido el ofrecimiento del laboratorio Humax Farmaceutical S.A. de Colombia.
El camino de la licencia obligatoria requiere que previamente sea declarado de interés público el medicamento en cuestión, mediante Decreto Supremo. Para ello, el MINSA en enero de 2015 ingresó una propuesta de Decreto Supremo al aplicativo de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV) que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta tuvo observaciones del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que fueron levantadas por el MINSA (julio de 2016). Lamentablemente, hasta la fecha este proceso entro en fase de hibernación. Los cambios políticos congelaron aún más la iniciativa.
Los parlamentarios, en octubre de 2016, y a pedido de organizaciones de la sociedad civil solicitaron información al MINSA sobre la situación del abastecimiento de atazanavir y la licencia obligatoria. La Ministra García, más allá de reconocer que la salud es un derecho fundamental, en diciembre de 2016 respondió que “viene evaluando alternativas de tratamiento más costo efectivas para estos pacientes, asegurando el tratamiento de los pacientes continuadores; y reuniones de trabajo en las que participan el Ministerio de Salud, empresas farmacéuticas, instituciones del sector salud, organismos, sociedad civil organizada entre otros con veeduría del Órgano de Control Institucional”(OFICIO 2516-2016-DM/MINSA) , un argumento similar al que se viene escuchando desde 2014, sin resultados tangibles.
De otro lado, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), limita su respuesta a que “CENARES adquiere cualquier bien o servicio en el marco de la normatividad vigente de Contrataciones del Estado, y en el caso particular del Atazanavir 300 mg tab, se adquiere a la empresa Bristol Myers Squibb bajo la causal de proveedor único”, olvidando que CENARES no es una central de compras si no un Centro Nacional de Abastecimiento, lo que implica utilizar, en el marco de la ley, todos los mecanismo posibles de abastecimiento. Justamente, CENARES se constituye como Droguería del Estado, para tener espacio de maniobra y cumplir con su fin. Lamentablemente, levantar la alfombra más allá de lo usual no está permitido por el fantasma de la auditoria o no está dentro de lo imaginable. Es mejor comprarle al de siempre como es su respuesta. Los funcionarios de nivel medio no tienen o experimentan recortes en sus iniciativa y los de alto nivel prefieren mantener una conducta temerosa de la gran industria farmacéutica que no deja de presionarlos con absurdos argumentos.
Aunque se podría pensar que este gobierno no ha querido ahondar en el tema, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, ha analizado el problema y en su informe 075-2016-ESNPC-ITS VIH/SIDA-DGIESP/MINSA, hace un análisis de esta situación y dentro de sus conclusiones se lee: “La Licencia Obligatoria constituye una herramienta de importancia para garantizar la eficiencia en el gasto público y el mejor manejo de los recursos públicos asignados para la adquisición de medicamentos antirretrovirales; por lo cual, se vienen ejecutando los mecanismos necesarios para favorecer su implementación en el corto plazo”.
Los ciudadanos y ciudadanas esperamos que este proceso de licencia obligatoria se active, ya que, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones del Estado, CENARES tiene programado adquirir 750 mil tabletas de atazanavir 300 mg por un valor de S/ 14,388,812.96. Si lo adquirimos a precio de competencia el gasto será de poco más de un millón y el Estado podrá hacer un mejor uso de los 13 millones restantes que bien necesita el sistema de salud para reducir brecha existentes, como mejorar la infraestructura, equipamiento, el abastecimiento de otro medicamentos y la gestión pública actuando no solo en la recuperación, sino también en la prevención y sus condicionantes.
