El 7 de febrero de 2021, las primeras 300,000 dosis de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19 arribaron a Perú, inyectando esperanza en una nación previamente devastada por la pandemia, con un saldo de 42,000 vidas perdidas hasta ese momento. No obstante, la crisis resaltó las carencias en la preparación y respuesta de Perú, así como las disparidades en el acceso global a información, medicamentos y vacunas.
Las naciones desarrolladas, como Estados Unidos y Rusia, aprovecharon su capacidad financiera y sus inversiones en el desarrollo de vacunas para asegurarse un acceso temprano, relegando a países con ingresos medianos y bajos. Mientras que México, Chile, Costa Rica y Argentina comenzaron la vacunación en diciembre de 2020, Perú ocupó el noveno lugar en América Latina y el Caribe en iniciarla. La falta de solidaridad en la distribución de vacunas puso de manifiesto las inequidades en el acceso a estas soluciones esenciales.
En respuesta a esta problemática, se estableció un Órgano de Negociación Intergubernamental en una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud en diciembre de 2021, con el propósito de redactar un tratado pandémico. Este tratado busca asegurar la equidad en el acceso a las herramientas para combatir pandemias y establecer un enfoque integral de la salud que reconozca la interdependencia entre la salud de las personas, los animales y el planeta. El tratado pandémico se plantea como vinculante, lo que implica que los países deberán acatar las disposiciones acordadas. Sin embargo, las negociaciones enfrentan desafíos debido a los divergentes intereses nacionales y la resistencia de las grandes compañías farmacéuticas a ceder patentes en situaciones de emergencia sanitaria.
Hasta la fecha, Perú no ha divulgado detalles sobre su participación en estas negociaciones, ya que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el proceso está en curso. Organizaciones de la sociedad civil hemos expresado nuestro interés en la transparencia de las negociaciones gubernamentales, dado que este es un asunto de interés público, consideramos fundamental la participación de académicos, investigadores y profesionales de la salud para lograr un consenso en este asunto.
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