El artículo publicado en Applied Health Economics and Health Policy en agosto de 2025 analiza un tema de enorme relevancia para la salud pública: el rol de la inversión pública en el desarrollo de medicamentos y cómo casi nunca se toma en cuenta cuando se negocian los precios o el reembolso de estos productos. En pocas palabras, los ciudadanos pagan dos veces: primero con sus impuestos que financian parte de la investigación científica, y luego nuevamente cuando los sistemas de salud compran medicamentos a precios elevados.
Para estudiar cómo se podría corregir esta situación, los investigadores revisaron más de dos mil documentos científicos y de literatura gris, seleccionando 28 que describen mecanismos capaces de vincular la inversión pública con decisiones de precios y reembolso. El resultado es un mapa de nueve propuestas y experiencias, algunas ya aplicadas y otras todavía en discusión, que buscan garantizar precios más justos, retornos al Estado y un uso más eficiente de los recursos públicos.
Entre las medidas más llamativas están a) acuerdos de compra anticipada, como los que se usaron durante la pandemia de COVID-19, que permitieron asegurar dosis a precios cercanos al costo de producción gracias a compromisos de financiamiento temprano; b) uso gubernamental de patentes, recurso legal para habilitar la competencia y bajar precios; y c) los modelos que desvinculan los costos de I&D de los precios de los medicamentos, que pueden ser nuevos incentivos para la investigación y desarrollo, como premios o fondos especiales.
También se consideran mecanismos para que el sector público recupere parte del valor generado con su inversión. Por ejemplo, el cobro de regalías cuando un medicamento ha sido desarrollado en gran medida con fondos estatales, o la llamada filantropía de riesgo, implementada por organizaciones que invierten en investigación y pactan un retorno que luego se reinvierte en nuevos proyectos, como ocurrió con la Fundación de Fibrosis Quística y el fármaco Kalydeco (ivacaftor). A esto se suman las cláusulas de precio razonable en contratos de transferencia tecnológica, que buscan asegurar que el precio final guarde relación con lo invertido y con el beneficio real del medicamento.
Otro grupo de propuestas se enfoca en ahorrar costos o distribuir riesgos financieros. Entre ellas se encuentran los bonos de impacto social, que permiten que inversionistas privados asuman el riesgo de financiar proyectos y solo reciban utilidades si se cumplen los objetivos pactados, generalmente vinculados a mejorar las condiciones de los pacientes. El estudio no pretende ofrecer una receta única, sino mostrar que existe un abanico de mecanismos que pueden adaptarse a distintos contextos. Sin embargo, los autores advierten que, hasta ahora, la aplicación de estas herramientas es limitada y no existe un consenso internacional sobre cuál es la mejor manera de avanzar. Por ello, plantean la necesidad de desarrollar un marco común que oriente a los gobiernos y a las agencias de salud en la decisión de cuándo y cómo utilizar estos instrumentos.
Referencia:
García-Díaz M, Špacírová Z, García-Mochón L, Espín J, Pinilla J, Vokinger KN, et al. Mechanisms Considering Public Investment in Pricing and Reimbursement Decisions of Medicines and Other Health Technologies: A Scoping Review. Appl Health Econ Health Policy. 2025 Aug 27. doi: 10.1007/s40258-025-00994-5
