Por Javier Llamoza
El COVID-19 golpeó dramáticamente a los más vulnerables del planeta. Las vacunas logradas a principio del 2021 fueron recibidas con esperanza. En esos momentos, la producción masiva de vacunas era una urgencia de salud pública global. Sin embargo, había barreras tecnológicas, así como la protección de las patentes, por las cuales las vacunas inventadas quedaban en manos de unas pocas empresas farmacéuticas.
India y Sudáfrica, apoyados por más de cien países de la Organización Mundial del Comercio (OMC), presentaron una solicitud de suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de vacunas, medicamentos y otras herramientas efectivas para contener la pandemia. Esta medida permitiría que fabricantes en varias partes del mundo pudieran producir vacunas y otras tecnologías. El resultado de este proceso en junio de 2022 fue una exención limitada y con procesos complejos para la fabricación de vacunas COVID-19, que nunca pudo ser utilizada. El mundo fue decepcionado, especialmente los países más pobres.
Un actor influyente en la negociación fue el gobierno de Estados Unidos, país sede de las dos mayores fabricantes de vacunas contra el COVID-19 (Pfizer y Moderna). Un informe de la organización Public Citizen muestra las actividades de los grupos de lobby estadounidenses sobre la negociación de las exenciones solicitadas en la OMC entre 2021 y la primera mitad de 2024, evidenciando el desequilibrio entre los grupos de presión que se oponen a la exención y los que la apoyan.
El informe de Public Citizen muestra que más de 500 lobistas fueron contratados para ejercer presión sobre la exención entre 2021 y la actualidad. Casi el 90% fueron contratados por entidades en desacuerdo con la exención. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas o grupos industriales fueron las que más contrataron a lobistas. En 2022, año en que se contrató más lobistas, las entidades que se oponen a la exención superaron en número a las contratadas por los partidarios en una proporción de 32 a 1. Dos docenas de entidades, la mayoría empresas farmacéuticas o biotecnológicas y las asociaciones comerciales que las representan, declararon haber ejercido presión sobre la exención hasta el primer semestre de 2024, cuando concluyeron las conversaciones sobre la exención COVID.
Otro hallazgo que muestra el documento de Public Citizen es que grupos comerciales alineados con el sector farmacéutico han ejercido presión sobre el proceso de negociación del acuerdo sobre Pandemias, un instrumento internacional que pretende evitar la extrema desigualdad observada durante la pandemia de COVID-19. Aunque el lobby en este caso no ha tenido la misma fuerza, la Chamber of Commerce y la Biotechnology Innovation Organization contrataron docenas de grupos de presión para ese efecto.
“El grupo comercial más poderoso del país, la Chamber of Commerce, que cuenta entre sus miembros con algunas de las mayores empresas farmacéuticas del mundo, como Pfizer, Eli Lilly, y Johnson and Johnson, comenzó a ejercer presión sobre el Acuerdo de Pandemia en 2021. Según OpenSecrets, la Chamber of Commerce gastó cerca de 70 millones de dólares en cabildeo en 2023, lo que la convierte en el grupo de presión que más gasta en el país. En 2024, el grupo comercial envió 49 lobistas a Washington D.C. para presionar sobre el Acuerdo Pandémico. BIO, otro poderoso grupo comercial con muchos miembros de empresas farmacéuticas, desplegó 16 lobistas para influir en las negociaciones del Acuerdo Pandémico, según su reporte de lobbying del segundo trimestre de 2024″.
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