El análisis de la ejecución presupuestal en medicamentos del Ministerio de Salud (MINSA) y los gobiernos regionales durante el año 2025 revela debilidades estructurales en la planificación y gestión del gasto farmacéutico público en el Perú. Aunque el presupuesto total destinado a medicamentos ha aumentado en los últimos años —pasando de aproximadamente S/ 654 millones en 2019 a S/ 1,157 millones en 2025—, su comportamiento ha sido irregular, con incrementos y reducciones que responden más a situaciones coyunturales que a necesidades sanitarias planificadas.
Uno de los cambios más relevantes es la creciente centralización del presupuesto en el MINSA y, particularmente, en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES). En 2025, esta entidad ejecutó cerca del 83% del presupuesto del MINSA para medicamentos, consolidándose como el principal actor del abastecimiento nacional. Si bien la centralización puede generar economías de escala en las compras públicas, también implica riesgos: cualquier retraso en los procesos de adquisición o fallas logísticas puede afectar directamente el suministro de medicamentos en todo el país.
El informe evidencia una fuerte inestabilidad en la programación presupuestal. Solo en 2025 se registraron al menos 197 modificaciones al presupuesto del MINSA, lo que equivale a más de 17 ajustes mensuales. Este patrón refleja una gestión reactiva del presupuesto. Los mayores ajustes se concentran en marzo —tras la aprobación del presupuesto anual— y nuevamente en noviembre y diciembre, cuando se aceleran las compras para ejecutar recursos al cierre fiscal.
Otro hallazgo preocupante es la reducción del presupuesto de CENARES durante el año. Entre febrero y diciembre de 2025 el presupuesto se redujo en S/ 190 millones (20%), afectando principalmente programas sanitarios prioritarios. Las categorías más impactadas fueron salud mental, enfermedades transmitidas por vectores, tuberculosis y VIH, y desarrollo infantil temprano, áreas clave para la salud pública y con poblaciones altamente vulnerables.
Aunque los indicadores oficiales muestran una ejecución presupuestal cercana al 91% tanto en el MINSA como en los gobiernos regionales, esta cifra es engañosa. La ejecución se calcula sobre un presupuesto ya recortado durante el año, por lo que el gasto real respecto a la programación inicial es considerablemente menor. Además, buena parte de la ejecución se concentra en los últimos meses del año, lo que sugiere procesos de compra apresurados que podrían comprometer la eficiencia y calidad del gasto público.
El análisis también identifica problemas en la clasificación del gasto, particularmente la inclusión de recursos para medicamentos en la categoría presupuestal denominada “Asignaciones que no resultan en productos”. Esta práctica dificulta la trazabilidad del gasto y debilita los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del presupuesto por resultados.
En conjunto, los hallazgos muestran que el país enfrenta una planificación presupuestal débil, con alta dependencia de un solo actor logístico y frecuentes ajustes durante el año fiscal. Estas condiciones afectan la disponibilidad oportuna de medicamentos y, en consecuencia, el acceso efectivo de la población a tratamientos esenciales.
Es urgente fortalecer la programación basada en las necesidades que muestran los perfiles epidemiológicos, mejorar la eficiencia del gasto y asegurar un sistema de abastecimiento de medicamentos más eficiente.
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