Los estudios disponibles que evaluaron el impacto de exonerar de IGV y aranceles a los medicamentos (VIH, diabetes, cáncer) dieron como resultado que los precios no disminuyen en la proporción de lo exonerado. En muchos casos el precio se mantiene y en otros suben de precio. La exoneración se convirtió en un subsidio a las empresas farmacéuticas.
El 03 de marzo último, el Decreto Supremo Nª10-2017-SA amplió la lista de medicamentos e insumos para el tratamiento de la diabetes. Hasta el 2016 la lista contenía 34 medicamentos que ha sido aumentado a 41. Tres medicamentos salieron de la primera lista y 10 se incorporaron.
El mencionado decreto deja en claro que el Ministerio de Salud propone dicha lista, pero también exige que los alcances de dichas exoneraciones serán anualmente evaluados y actualizados, bajo responsabilidad, a fin de que los “beneficios se destinen a la población comprendida en la precitada Ley” (Ley Nº 28553 que da origen a dicha exoneración). Es claro que el Ministerio de Salud debe publicar los estudios que determinan que los beneficios de exonerar de IGV y aranceles beneficia a las personas con diabetes que pagan el tratamiento de su bolsillo o a las instituciones que otorgan los tratamientos.
La norma también dispone que se debe actualizar la lista anualmente, pero esto no puede ser automático. Debe evaluarse técnicamente los medicamentos que determine su relevancia terapéutica frente a las terapias que ya se vienen utilizando. Esta tarea corresponde al área de evaluación de tecnologías de la DIGEMID. Lo cierto es que la propuesta de ampliación de medicamentos tiene la aprobación de la DIGEMID y que de los 10 nuevos medicamentos que ahora no pagaran IGV y aranceles, 09 de ellos se encuentran con proveedor único; es decir, en monopolio. Y no pagarán impuestos. Y fijarán arbitrariamente los precios.
¿Qué empresas se benefician directamente con esta norma? (titulares de registros sanitarios): Takeda, Astrazeneca Perú, Boehringer Ingelheim Perú, Novo Nordisk Perú SAC, Elli Lily y Sanofi Avenits
Exigimos se hagan públicos los estudios que justifican dicha medida, porque los peruanos y peruanas no podemos seguir subsidiando a compañías por demás solventes en grado superlativo.
