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Lima, 16 de agosto del 2018. Acción Internacional para la Salud – Perú en colaboración con Public Citizen de Estados Unidos, ha publicado el documento que alerta sobre el incremento significativo en el consumo del medicamento raltegravir, utilizado para la infección por VIH.

Este medicamento, cuyo uso debe reservarse para cuando falla el tratamiento de primera línea tiene un solo proveedor en el mercado peruano. Entre el 2012 y el 2017 el gasto se ha incrementado en 23 veces; sólo en el 2017 el gasto por las instituciones públicas ascendió a más de S/ 19 millones. En el  2017 se compraron 1,099,526 tabletas contra 45,078 que se compraron en el 2012. Un hecho que merece explicación de parte de los órganos técnicos del Ministerio de Salud. 

El estudio muestra como las instituciones públicas adquieren el mismo medicamento al mismo proveedor pero a diferentes precios, adquisición que no guarda relación con las cantidades que adquirieron.

Finalmente el estudio hace una comparación entre el gasto incurrido entre el 2017 y el 2018 y lo comparar con un precio simulado en el caso que el Estado recurriera a una compra internacional,  permitida por la actual ley de contrataciones del Estado. Con esta comparación el Estado Peruano hubiera podido ahorrar en estos dos años más de S/25 millones

El estudio concluye que el “Estado Peruano tiene la obligación constitucional de cautelar los recursos públicos, por lo que debe realizar todos los esfuerzos para hacer eficiente el gasto público. En esa línea, la importación directa del fabricante, representa una opción conveniente que beneficiaría a las instituciones nacionales que ofrecen tratamiento con raltegravir”

Acceda al documento en el adjunto

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Alemania, Munich 18.07.17. En América Latina las farmacéuticas transnacionales obstaculizan el uso de las licencias obligatorias a fin de mantener altos márgenes comerciales, recurriendo a infundir temor en el gobierno bajo argumentos como: asegurar que el uso de la licencia obligatoria es una expropiación sujeto a indemnización espanta las inversiones y desalienta la investigación y desarrollo; sin embargo, en países desarrollados como Alemania, estas mismas farmacéuticas recurren a las licencias obligatorias para mantenerse en el mercado. Un doble discurso, que, en nuestro caso, afecta directamente a todos los ciudadano y ciudadanas al absorber presupuestos públicos por el alto precio que imponen, frente a un sistema de salud quebrado.

El Tribunal Supremo Federal alemán, confirmó una licencia obligatoria temporal otorgada a la farmacéutica Merck por el fármaco contra el VIH Isentress (raltegravir). El fármaco antirretroviral, ha sido objeto de una prolongada lucha judicial entre la compañía japonesa Shionogi y su competidor estadounidense Merck. Desde 2008, Merck vende Isentress en el mercado alemán, sin embargo, la farmacéutica Shionogi obstaculizó la venta argumentando que viola su patente japonesa (2005/207/392).

Para el  Tribunal, el solicitante de la licencia obligatoria había intentado razonablemente obtener  una licencia voluntaria de Shionogi sobre la base de las condiciones habituales del mercado, asimismo, estuvo de acuerdo en que existe un "interés público manifiesto en otorgar una licencia obligatoria".

"Aunque no todos los pacientes de VIH o SIDA requieren un acceso permanente a Raltegravir, hay grupos de pacientes que lo necesitan para asegurar su tratamiento y garantizar su calidad de vida, especialmente bebés, niños menores de 12 años, mujeres embarazadas que necesitan tratamiento profiláctico ", escribió la Corte.

Es claro que para esta dependencia judicial, si un grupo de pacientes lo requiere como profilaxis, hay un interés público de por medio para hacerlo accesible. En Perú, atazanavir se utiliza en forma permanente para mantener la vida de 2600 personas y no se reconoce que sea de interés público.

https://www.ip-watch.org/2017/07/17/temporary-compulsory-license-antiretroviral-drug-upheld-german-court/

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