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Editorial (6)

Martes, 03 Septiembre 2019 21:53

CANCER: ATENCIÓN UNIVERSAL

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El cáncer es un problema de salud pública. A nivel global, se estima que en el 2018 ha habido 18.1 millones de nuevos casos de cáncer y 9.6 millones de muertes por esta enfermedad.  Además de los negativos efectos individuales, el cáncer tiene graves consecuencias sobre la productividad de las personas, sus familias y comunidades; y porque no decirlo, sobre las posibilidades de desarrollo de los países.  En América Latina se ha colocado como la segunda causa de muerte y en esta región sucede  el 45% de las muertes globales por cáncer.

En el Perú, el cáncer es responsable de 1 de cada cinco muertes. Cada día se diagnostican 64 mujeres y 54 hombres con cáncer.[1] Más aún, 1200 mujeres mueren anualmente por cáncer de mama y 1700 por cáncer de cuello uterino.  La situación es más grave aún porque la mayoría de los casos de cáncer (75%)  llegan a ser detectados en estados avanzados. En zonas  alejadas de las ciudades como en la selva, el porcentaje de detección de cáncer en mujeres es solo una pequeña porción de los casos totales.

Los tratamientos con medicamentos, especialmente los más recientes, ponen en serios aprietos la sostenibilidad de los programas nacionales de lucha contra el cáncer lo que exige un análisis cuidadoso de las estrategias a seguir  para hacer un  uso eficiente  de los recursos.  Los costos de los medicamentos oncológicos podrían postergar o reducir las expectativas de atención de otras enfermedades importantes, pero también limitar la atención del cáncer que va a contracorriente de los derechos que tienen todas las personas a la atención médica que les corresponde.

En este escenario es importante el aporte de la OMS con el Technical Report : Pricing of cancer medicines and its impacts que analiza todos los aspectos que influyen en la formación de los precios de los medicamentos oncológicos, así como de su pertinencia clínica en la lucha contra la enfermedad. Lectura obligada para políticos y decisores.  Para países como el Perú, un programa de lucha contra el cáncer, que incluye prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados de soporte,  exige una importante financiación pública – como para otras áreas de la salud pública - que nos lleva a evaluar una vez más  los enormes déficits que hacen imposible una atención integral. El Estado Peruano debe caminar hacia una reforma tributaria justa que posibilite una recaudación e inversión apropiada para  que todos los ciudadanos tengamos atención de calidad.   

Lima, 4 de septiembre 2019


[1] Gianella Malca, Camila Exploración de las barreras para el acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello uterino y de mama en el Perú y su relación con la inversión pública Camila Gianella, en La Otra Lucha contra el Cáncer. Justicia Fiscal por la Salud de las Mujeres. Primera edición Diciembre de 2018; OXFAM, Lima, Perú.

 

Jueves, 14 Junio 2018 19:18

SALUD Y DESARROLLO VAN DE LA MANO

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El excelente artículo del Dr. Elmer Huerta publicado por El Comercio (11.06.18) realiza un importante análisis  de la morbilidad y mortalidad  como resultado de las condiciones en que viven las familias y comunidades. Refiriéndose a los niños que mueren por neumonía en el sur andino concluye que “la razón por la cual la neumonía mata a los niños peruanos no es por el frio, sino por la pobreza y la desnutrición”.  Esos niños pertenecen a las poblaciones olvidadas del país que no solamente no son protegidos del frío sino que sufren de desnutrición crónica y de anemia, condiciones que disminuyen las defensas que les permitiría luchar contra infecciones como la neumonía. Si bien es cierto que hay algunas “intervenciones sanitarias” que pueden contribuir a aliviar el problema, el Dr. Huerta sostiene que “la única solución a largo plazo es la corrección de la pobreza y las condiciones de vida de esas olvidadas comunidades. Es decir, una clara política de estado que favorezca el desarrollo socio económico de la región”.  Más claro, imposible.

Este análisis nos remonta a 1978 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la participación de todos sus países miembros, diseñó la Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) que fue concretada en la Declaración de Alma Ata ratificando que la salud es un “derecho humano fundamental” y “cuya realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud”.  La Declaración manifiesta que “el desarrollo social y económico… es de importancia básica para el logro cabal del libre acceso a la salud”, estableciendo la relación entre salud y desarrollo. “La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido”. Sin una población saludable, no es posible el desarrollo. Para “que todos los pueblos del mundo alcancen en el año 2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva…la atención primaria de salud es la clave … como parte del desarrollo conforme al espíritu de la justicia social”. “La atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y económico global de la comunidad”.

La APS, siendo el primer contacto de la población con el sistema de salud, considera intervenciones sanitarias “basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad… en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”. E insiste que “entraña la participación, además del sector sanitario, de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y comunitario, en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores y exige los esfuerzos coordinados de todos esos sectores.”  A casi 40 años de la Declaración de Alma Ata lo que se ha hecho en importantes ámbitos del país es reducir la APS a “intervenciones sanitarias” aisladas y con frecuencia inefectivas, sin planes de desarrollo económico y social sostenido, sin políticas que aseguren a todos los ciudadanos y ciudadanas viviendas apropiadas, servicios de agua y desagüe, de educación e ingresos decentes que garanticen una adecuada alimentación y la satisfacción de todas sus necesidades. Nota desaprobatoria para los gobiernos y graves desafíos vigentes exigen respuestas urgentes.

Lima, 13 de Junio 2018

Hace unos días la Comisión de Salud del Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley 275/2016-CR, que propone declarar de interés público el medicamento Atazanavir. En el debate, nuevamente se puso en cuestión si se justifica declarar de interés público el medicamento. Como se sabe, este cuestionamiento también ha sido complejizado en la Comisión de Coordinación Viceministerial donde descansa por más de dos años el proyecto de decreto supremo que declara de interés público el mismo medicamento, siguiendo la vía señalada en el DS 1075.

¿Cuánto debemos profundizar para definir el interés público?, ¿realmente amerita un medicamento esencial y del que depende la vida de un grupo de personas con VIH, ser sometido a diferentes  análisis que justifique la decisión que se tome?. En la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Salud, la intervención de la Congresista Pariona hizo una interesante reflexión “El pleno ha dado muchas declaraciones de interés nacional y de interés público, incluso de veredas y avenidas para asfaltar, entonces si ponderamos el derecho a la salud publica… como podemos dejar el derecho a la salud en un lado no prioritario”. Entonces la situación es tan compleja como sencilla se quiera ver. Lo cierto es que una declaración de este tipo habilita el uso de la licencia obligatoria, que significaría millones de soles dejados de percibir por la farmacéutica titular de la patente, consecuencia del  ingreso al mercado de competidores. Así, declarar de interés público se vuelve tan complejo como la presión económica pueda lograr. 

Los resultados hasta la fecha han sido satisfactorios para la gran industria farmacéutica. Sus argumentos lograron detener la intención del Ministerio de Salud que  vergonzosamente no resuelve declarar de interés público el atazanavir por más de dos años. Esta semana el poder Legislativo, por mayoría simple aprobó el proyecto de Ley, dejando claramente visibles posiciones individuales que muestran que pesa la lógica y decencia sobre un tema que se cae de maduro

 

Viernes, 07 Abril 2017 14:07

ABUSO DE FARMACEUTICAS

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Colombia, 06.04.17. El Sistema de Salud Colombiano publicó el 14 de marzo de este año el informe de precios y ventas de  medicamentos de 2016. Se puso en evidencia precios exorbitantes pagados por el sistema de salud, como en el caso de Juxtapid®(Lomitapida) indicado en hipercolesterolemia familiar homocigótica, cuya tableta asciende a  $1 376 (dólares americanos) por unidad.

 El Dr.  Germán Velásquez, hizo hace poco una  presentación en  el Organismo Andino de Salud (ORAS)   mostrando  mucha preocupación la forma de cómo  las farmacéuticas estarían fijando el precio de los nuevos medicamentos que ingresan al mercado. Normalmente  esperaríamos  que el precio responda  a la sumatoria del costo de producción + Investigación y desarrollo + margen comercial + gastos administrativos. Sin embargo, este modelo se ha desplomado.  Por ejemplo  Sovaldi® (sofosvubir), indicado para  la Hepatitis C con una tasa de curación  mayor al 90%   tiene un precio por tableta en Estados Unidos de US$ 1 000 haciendo que el costo de tratamiento de 12 semanas ascienda a US$ 84 000.  Este precio no tiene nada que ver con los  costos de investigación y desarrollo. La  compañía  Gilead no investigó ni desarrolló la molécula; la  adquirió como patrimonio de un  laboratorio pequeño llamado Pharmaset con todas sus moléculas en desarrollo, incluyendo sofosvubir.

Este precio de sofosvubir ha afectado los  sistemas de salud de países desarrollados  llevándolos a negociar en forma bilateral con la compañía productora situación que no había sucedió anteriormente.  Los precios de los medicamentos no tienen nada que ver con los costos de investigación, desarrollo y producción. Más aún en este caso que no hubo investigación y desarrollo de la molécula.  Juan Fernández Moreno  presidente de la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis C, que reconoce que la molécula cura la hepatitis C en un alto porcentaje trató  de justificar la sostenibilidad del sistema y el alto costo de financiar este medicamento diciendo que Basta con ver lo que cuesta hacer un trasplante de hígado, más sus añadidos en medicamentos, inmunodepresores y seguimiento” para darse cuenta de lo costó efectivo de la alternativa. Pero, ¿cuánto puede llegar a costar un trasplante de hígado? según el estudio realizado por The Economist, auspiciado por la farmacéutica Janssen, el precio promedio en EEUU es de $200,000, entonces comprar sofosbuvir a $ 84 000 el tratamiento aparece como una buena oportunidad. Una forma tramposa de imponer un precio injustificadamente alto.

 

Determinar  el precio de sofovubir no obedece a la estructura convencional  de fijación de precios, sino a la oportunidad que ofrece el mercado.  Miremos  lo que sucede en Colombia, donde el Sistema de Salud ha pagado por cada frasco de 28 tabletas de Juxtapid® (lomitapida) US$38 543,76, es decir, US$1 376,56 por tableta. Si esto sucede en países donde existe herramientas para poner un techo al precio de los medicamentos, la situación es peor en países como Perú donde las farmacéuticas cuando están solas en el mercado colocan con frecuencia los precios más altos de la región. Por  lo menos este medicamento aún no se encuentra registrado en el Perú y estamos a tiempo de contener estos abusos, si existe la voluntad de hacerlo. 

Las compras corporativas son compras conjuntas de entidades públicas realizadas mediante un único proceso de selección al año, con el objetivo de reducir los costos de transacción y aprovechar las ventajas de la economía de escala,  resultando en un mejor aprovechamiento de los recursos del Estado. .

En el Perú, esta modalidad se viene realizando por más de 10 años. Cada vez son más instituciones que se involucran para aprovechar sus ventajas, sobre todo de bienes como  medicamentos. Las características de los medicamentos a comprar se encuentran   estandarizadas y se facilita una modalidad de adquisición como la  subasta inversa. Se adjudica al  proveedor que pone el  menor precio. 

Para el periodo 2017-2018, la compra corporativa para 151 instituciones (SIEC-SIP-10-2016-CENARES/MINSA-1),se inició según el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) el 30 de diciembre de 2016, y estaba programada a terminar  el 20 de febrero de 2017. Así, los medicamentos podrían ingresar en  mayo del mismo año. Muchas organizaciones y ciudadanos que  experimentamos  desabastecimiento de medicamentos en los establecimientos de salud, observamos  con mucha preocupación que esta situación se agudizaría toda vez que la culminación de la compra corporativa se viene postergando en más de dos oportunidades. El 24.03.17  SEACE publicó que la buena pro finalizaría el 18 de abril de 2017, es decir casi 60 días después de lo programado.

La compra incluye 240 medicamentos para EsSalud, MINSA, Fuerzas Armadas, Gobiernos Regionales y Locales,  instituciones que se verán afectadas porque no recibirán los medicamentos en las fechas programadas, agudizando el desabastecimiento en los hospitales públicos. Es probable que algunas instituciones saldrán al mercado para hacer compras directas, por lo general a precios superiores a los precios promedios que adquiere el  Estado.

 

En la última década, las regulaciones  de productos farmacéuticos, han seguido los estándares internacionales para asegurar su calidad, seguridad y eficacia. Corrigen la catastrófica regulación de los 90, que permitieron la circulación de medicamentos y dispositivos médicos de dudosa calidad, lo que afectaba a los usuarios y también daba una imagen negativa de nuestros productos en el contexto internacional, limitando su exportación. 

El proceso  no ha sido sencillo, y aún no  termina. Ocho ex directores de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), afirman que las  regulaciones implementadas “fue el resultado de un largo proceso de discusión y consenso con los actores sociales, para establecer un adecuado marco regulatorio en nuestro país, basado en un enfoque de salud pública que permita el acceso a productos eficaces, seguros y de calidad”

Este proceso sufrió un gran revés  en el último semestre, cuando el propio Ministerio de Salud, basándose en un informe técnico desarrollado por la alta Dirección  de la DIGEMID pretendió de manera inconsulta y mediante Decreto Legislativo que los cosméticos, dietéticos y edulcorantes pasen a ser regulados por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). Los argumentos para hacerlo fueron puramente administrativos y de interés comercial sin considerar sus consecuencias sobre la salud pública. Esta pretensión ha sido rechazada por el Congreso de la República que consideró diversos pronunciamientos de gremios profesionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y de la propia Defensoría del Pueblo. Se puso freno a una iniciativa incomprensible y que nos devolvía a una etapa oscura de regulación sanitaria, simplista y sin criterio técnico. Los autores de los DL 1344 y 1345 no deben permanecer en sus cargos.

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